Opinión

¿Hacia dónde va el país?


Las autoridades del presente gobierno se equivocan si interpretan las críticas que se hacen a sus decisiones como afán de dañar su imagen o de propiciar el fracaso de su gestión. En realidad, nos parece que transcurridos menos de cien días desde su inauguración, todos los nicaragüenses que ambicionamos lo mejor para nuestro país y el bienestar de su pueblo deseamos que el gobierno actual tenga éxito, para bien de la nación que todos constituimos.
Los señalamientos que se formulan al gobierno deberían ser interpretados por éste en su correcta dimensión: son advertencias sobre decisiones erróneas que lesionan el Estado de Derecho, o preocupaciones por medidas que pueden comprometer nuestro futuro y generar nuevas dependencias para nuestra política exterior, llevándonos a confrontaciones innecesarias con países que han manifestado su voluntad de tener buenas relaciones de cooperación con Nicaragua.
Lo mismo sucede cuando se observan tendencias que se consideran negativas y que podrían conducir a un nuevo régimen autoritario, en circunstancias que el contexto que vive el país no es el mismo de la década de los ochenta, etc.
En definitiva, constatamos una demanda, cada vez más generalizada, encaminada a que el gobierno defina el rumbo que va a tomar el país en los próximos años, decisión de enorme trascendencia que este gobierno no puede tomar por sí solo, dado que fue electo con un respaldo de tan sólo el 38% de los votos válidos. Esa decisión, necesariamente, requeriría un gran consenso nacional, en cuya formulación participen todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
A nadie debe extrañar que muchas voces coincidan en demandar mayor claridad en el rumbo del país y en la naturaleza del gobierno que se quiere ejercer, dado el coyunturalismo que hasta ahora prevalece, como por ejemplo, en sus decisiones de carácter económico. Además, se observan constantes contradicciones en que se incurre por la profusión de decretos presidenciales, aprobados y publicados tan deprisa que a los pocos días son rectificados. Se escuchan anuncios de voceros oficiales que luego son contradichos, como sucede con el referente al uso del Centro de Convenciones “Olof Palme” como sede de la Presidencia de la República. En fin, un cambio constante de nombre y atribuciones de los famosos Consejos de Ciudadanía, que ahora serán Consejos del Poder Ciudadano, sobre cuya forma de organización nadie sabe nada.
Nos parece percibir una serie de preguntas claves que se hace la ciudadanía, frente a las cuales el gobierno debería dar señales claras que despejen las dudas e incertidumbres, que no convienen a un buen gobierno ni al clima de inversiones. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:
- ¿Tiene el presente gobierno la voluntad política de respetar la ley suprema de la nación, que es nuestra Constitución Política, gobernar dentro del marco de un auténtico Estado de Derecho y consolidar los avances institucionales y democráticos hasta ahora alcanzados, o se propone desmontar, ladrillo a ladrillo, esa institucionalidad? El 10 de enero recién pasado, al tomar posesión el presidente Ortega prometió solemnemente, ante el pueblo de Nicaragua, respetar la Constitución y las leyes de la República.
- ¿Cuál es el rumbo que se le va a dar a nuestra economía? ¿Se va a mantener el modelo de libre mercado, o seremos empujados hacia un indefinido “socialismo del siglo XXI”, que ni su proponente ha explicado en qué consiste? ¿Será el desarrollo endógeno de nuestras propias fuerzas productivas el motor de la economía, o pondremos todas las esperanzas en la ayuda venezolana que, por generosa que sea no puede, por sí sola, resolver nuestro principal problema, que es la pobreza y el desempleo? En este aspecto economistas, como el Dr. José Luis Medal, ven el país como un barco a la deriva que se deja llevar por las corrientes del momento. Cabe recordar aquí la frase de Séneca, dicha hace más de dos milenios: “No hay viento favorable para el navegante que no sabe hacia dónde va”.
- ¿Logrará el presidente Ortega, en esta nueva oportunidad que la historia ha puesto en sus manos, hacer un buen gobierno, apartando la retórica estridente, que a nada conduce, y propiciando la congruencia entre su discurso y su praxis?
- ¿Se respetará plenamente, como los últimos dieciséis años, la libertad de expresión, o se buscarán maneras para atemorizar a los medios de comunicación con políticas fiscales o de publicidad selectivas?
- ¿Se organizará la participación ciudadana, tal como la tiene prevista la Ley de Participación Ciudadana, o se creará una fachada de participación, aparentemente horizontal, pero que en la práctica funcione como una estructura partidaria vertical, donde predomine la voluntad de quien se encuentre en la cúspide de la pirámide?
El rumbo del país no puede ser un “Secreto de Estado”. El secretismo en la administración pública es un vicio y no una virtud. Hasta ahora no hay claridad sobre el rumbo del país y es hora de definirlo, con el aporte de todas y todos los nicaragüenses.