Opinión

Tierra de nadie


Según la división política de Nicaragua, nuestra nación cuenta con 16 departamentos y dos regiones autónomas que se rigen bajo una Ley de Autonomía que a la vez forma parte de nuestra Constitución. En el caso de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS,) cuenta con 12 municipios, de los cuales cuatro están ubicados en la parte central de la región, me refiero a Nueva Guinea, El Rama, Muelle de los Bueyes y El Ayote. Este territorio, mejor conocido entre sus habitantes como Zelaya Central, representa el 32 por ciento de la extensión territorial de la región y en él habitan más del 50 por ciento de los pobladores de toda la RAAS.
Bluefields no atiende estos municipios como cabecera de la región por diversas razones, entre las cuales se pueden señalar la distancia, acceso, incomunicación y la situación política ocasionada por la Ley Electoral, que cercena a estos pueblos el derecho a participar en los comicios del Atlántico; sin embargo, en Bluefields se pagan los impuestos de la tierra, y en Chontales la renta. Ni Bluefields ni Juigalpa se acuerdan del territorio, saben que existen porque a diario llegan los pobladores a dejar el dinero que luego no se reinvierte en estos pueblos, ambos son zorros distintos, pero se comen las piñas del mismo piñal.
Los cuatro municipios están desde hace mucho tiempo aislados de las políticas de desarrollo y planificación regional a que están sometidos los restantes municipios que conforman este vasto territorio de nuestro país. Históricamente han sufrido una sistemática exclusión por parte del gobierno regional autónomo, que también se ha opuesto a la participación de estos municipios en las elecciones de la Costa Caribe, lo que se traduce tácitamente en negación de los derechos a elegir y ser electos. El resultado de esta situación es que no se integran las problemáticas durante el proceso de planificación regional, dejando el territorio a la deriva y como consecuencia de ello el rol administrativo ha sido asumido en muchos casos por el departamento de Chontales, adonde van a parar parte de los impuestos que luego no son resarcidos en el bienestar de los habitantes del territorio. Por ese motivo es común el dicho que aquí es “TIERRA DE NADIE”.
En el año 2003 Chontales inició un proceso de planificación departamental del cual fueron excluidos los municipios de Nueva Guinea, El Rama, Muelle de los Bueyes y El Ayote, lo que se traduce en una doble exclusión: por un lado la RAAS y por otro Chontales. Ante esta situación los habitantes de estos municipios nos hacemos tantas preguntas que, entre otras, podemos mencionar: ¿Somos de la RAAS de Chontales o de nadie? Si nos cubre una Ley de Autonomía y con la Ley de Municipios somos doblemente autónomos, ¿por qué no un nuevo departamento o una subregión? ¿Cuál es el celo de las autoridades de la RAAS para que participemos en sus elecciones? Ellos se aferran a que su territorio es indivisible según la misma Ley de Autonomía y que un nuevo territorio o departamento es violatorio a la ley. Nosotros podemos decir que ellos violan nuestros derechos a desarrollarnos y, por lo tanto, violan nuestros derechos humanos.
Con el fin de buscar alternativas que garanticen la participación de los municipios mencionados en los procesos de desarrollo nacional, se ha dado una larga disputa por la creación de un nuevo departamento que data desde 1990, que para los años siguientes se transformó en una lucha por la conformación de una nueva Región Autónoma que permita espacios en el desarrollo integral de los municipios y sus habitantes.
No obstante, todo ha quedado en papeles e ideas, a tal grado que los políticos las han aprovechado para sus promesas de campaña y han ofrecido hasta la cabecera departamental en distintas ocasiones y diferentes escenarios a cada uno de los municipios, lo cual ha provocado que al final se conviertan las acciones por el departamento en una lucha por la cabecera departamental, causando desgastes y distanciamientos que hacen aún más difícil el cumplimiento de los objetivos iniciales.
A pesar de las dificultades, no todo está perdido y salen a flote nuevas esperanzas para Zelaya Central, si es que podemos llamarle así, ya que para colmo este nombre no es jurídico. Un nuevo esfuerzo inició el 26 de marzo de 2004, en él participaron las autoridades de los cuatro municipios que reconociendo las desventajas ante el resto de municipios de la región y el historial de exclusión a que han sido sometidos, se discute la idea de crear la Asociación de Municipios de Zelaya Central (Amuzec), que fue inscrita legalmente ante el Inifom en noviembre pasado para su posterior publicación en La Gaceta, diario oficial.
Amuzec nace como una oportunidad para el desarrollo socioeconómico integral de los municipios miembros, y su misión es establecer las políticas de desarrollo que definan las prioridades de inversiones y servicios para impulsar el proceso de transformación productiva dentro de un contexto de desarrollo sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y reducción de la pobreza.
El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo en Nueva Guinea el primer foro de participación ciudadana con el auspicio del Inifom-Progestión, el Servicio Alemán y la Alcaldía de Nueva Guinea, que reunió a las autoridades y miembros de los comités de desarrollo de los cuatro municipios. El evento sirvió, entre otras cosas, para el lanzamiento oficial de Amuzec, conocer las propuestas metodológicas para la participación ciudadana en el Sistema de Planificación Municipal e intercambiar experiencias entre los miembros de CDM de los municipios que forman parte de la asociación. Sin duda, un encomiable esfuerzo de las autoridades de esta región por buscar una salida al aislamiento al que hemos sido sometidos durante tantos años.
En el foro se firmó un convenio de colaboración entre Inifom-Progestión y Amuzec, y entregaron un cheque por la cantidad de 681,178 córdobas netos. No cabe duda que la creación de Amuzec no va a ser vista con buenos ojos por las autoridades de la RAAS, que pueden calificar la acción como segregacionista y atentatoria contra la Ley de Autonomía. Sin embargo, la realidad es otra: ya no podemos darnos el lujo de seguir al margen de los planes de desarrollo y esperando que en la capital se acuerden de este territorio más por sus recursos forestales y la producción agropecuaria que por sus habitantes. No importa que el nombre de Zelaya Central sea ilegal, lo que sí importa es que ya no queremos seguir siendo “tierra de nadie”.

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