Opinión

La salud, un derecho humano

Dedicado a la promotora de la vida “Gloria Hamilton”

Existe un consenso en el Sistema de Naciones Unidas desde el punto de vista jurídico-político de que la salud es un derecho humano universal, inalienable, intransferible, indivisible e irrenunciable como el resto de los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales.
Esta aceptación formal de los estados de que la salud gratuita, de calidad y con calidez es un derecho exigible de todas las personas y una responsabilidad indelegable del Estado brindarla se evidencia en la amplia gama de tratados y convenios internacionales de derechos humanos generales y específicos que reconocen a la salud como un bien jurídico, social y cultural protegido para las personas y las colectividades.
Para sustentar lo antes expuesto haré referencia a dos asideros jurídicos internacionales, primero, el máximo instrumento de derechos humanos que rige el Sistema de Naciones desde el punto de vista ético y valórico, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala expresamente en su arto. 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial… la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Segundo, una de las normas internacionales que protegen los derechos humanos en las Américas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consigna en su artículo 12 que se “reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Inspirados en estos mandatos internacionales la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Vigésimo Sexta Conferencia Sanitaria Panamericana, instó a sus estados miembros a que:
a) Amplíen la protección social en materia de salud; b) fomenten procesos de diálogo social que permitan definir los objetivos y estrategias nacionales en este campo; c) e incluyan la ampliación de la protección social en materia de salud como un elemento guía en sus procesos de reformas sectoriales.
Aterrizando en el marco jurídico de Nicaragua, la Constitución Política de la República, ley suprema de la nación, establece en su artículo 59 que “los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud...” y que es un deber ineludible del Estado “establecer las condiciones básicas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas”.
Además del reconocimiento del derecho a la salud, la Constitución Política reconoce otros derechos que guardan relación con el estado de salud de todos los habitantes. Por ejemplo, el artículo 61 establece que el “Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo en las formas y condiciones que determine la ley”.
En realidad en el ordenamiento jurídico nicaragüense existe un listado extenso de leyes y políticas públicas que tutelan el derecho a la salud. La Ley General de Salud tiene por objeto tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales.
Esta ley regula los siguientes aspectos en materia de salud: los principios, derechos y obligaciones con relación a la salud, las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, el saneamiento del medio ambiente, el control sanitario que se ejercerá sobre los productos y servicios destinados a la salud, las medidas administrativas, de seguridad y de emergencias que aplicará el Ministerio de Salud y la definición de las infracciones y su correspondiente sanción.
Esta ley para garantizar la participación ciudadana crea en su arto. 10 “un Consejo Nacional de Salud… con carácter permanente y constituido por representantes del sector público y privado con representación e interacción multisectorial y pluralista de la sociedad civil...”
La ley establece que son principios básicos del Sistema de Salud en Nicaragua: gratuidad, universalidad, solidaridad, integralidad, participación social, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad y responsabilidad de la ciudadanía.
Otras leyes que protegen el derecho a la salud de las mujeres, trabajadores, niñas, niños, jóvenes, campesinos, entre otros grupos humanos, son el Código del Trabajo, la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento, la Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos frente al SIDA y su Reglamento, la Ley de Seguridad, la Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud y su Reglamento, el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre muchos cuerpos jurídicos.
Todo este andamio jurídico nos obliga a cumplir y a hacer cumplir los derechos de salud. Nos insta imperativamente a preguntarnos y buscar acciones para: reducir los índices de morbimortalidad infantil y materna, inseguridad y vulnerabilidad alimentaria, insalubridad comunitaria y ambiental; para eliminar los déficit en la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los medicamentos, los servicios especializados en salud, la infraestructura hospitalaria, entre otras demandas sociales.
Con este artículo abro en la opinión pública nicaragüense un debate interactivo sobre distintos derechos humanos y en particular la salud como un derecho cuya aplicabilidad debe ser inmediata e impostergable.
*Promotor de Derechos Humanos
ccasaabierta@yahoo.com