Opinión

Desigualdad y delincuencia


Hay que cuidar, promover y consolidar la seguridad de las personas en Nicaragua puesto que es un activo cardinal --coadyuvante-- para salir de la pobreza y alcanzar mejores niveles de crecimiento económico y desarrollo. El comportamiento de la inversión extranjera y la cooperación internacional, la atracción del país como destino turístico, la posibilidad de trasladar la sede/sesiones del Parlacen y poder afirmar en cualquier parte del mundo que nuestro país es bastante seguro expresan esa realidad. Ahora bien, más que la pobreza en sí, la desigualdad es la amenaza principal a la seguridad y como tal se hace obligatorio revertirla.
De acuerdo con datos de Cepal (2002), y con base en el ingreso, Nicaragua tiene uno de los mayores índices de desigualdad en América Latina: con 0.579, sólo superado por Brasil: 0.639, Argentina: 0.590 y Honduras: 0.588. El nivel de desigualdad en el resto de países centroamericanos es: Guatemala: 0.543, El Salvador: 0.525, Panamá: 0.515 y Costa Rica: 0.488. Otros autores muestran que América Latina es el continente más desigual del planeta. La distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es en Estados Unidos 17 a 1, en cambio en Brasil es 54 a 1, en Colombia 59 a 1 y en Guatemala 63 a 1.
El abordaje y estrategia de reversión/prevención de los lazos desigualdad-delincuencia son complejos. Se requiere la participación de diversos actores y trabajar con visión probabilística, flexible, multicausal y multidimensional. Igualmente conviene que el proceso se caracterice por la intersectorialidad, coordinación interinstitucional y enfoque de género. Un rol relevante que desempeñar tiene la Policía Nacional, su experiencia policía-comunidad y su enfoque de prevención comunitaria y proactiva.
La desigualdad es un factor asociado al aparecimiento y desarrollo de la delincuencia, mas no se puede afirmar que existe una relación causa–efecto y menos una relación directamente proporcional entre ambos polos de la ecuación. Bastan dos ejemplos, países como Guatemala y El Salvador, que tienen un nivel de desigualdad menor, presentan índices alarmantes de violencia, delincuencia e inseguridad y, por otro lado, Nicaragua en el continente mantiene índices de seguridad arriba de otros que tienen menores niveles de desigualdad, tales como Colombia, Venezuela y México. Uno más, si fuera cierta la relación causa–efecto u otra correspondencia lineal, todos los que son golpeados por la desigualdad serían delincuentes, lo que ni por cerca es así.
La desigualdad tiene tres dimensiones: real, percibida y tolerable. La desigualdad real se caracteriza por las diferencias sensibles en materia de distribución de oportunidades, ingresos, consumo y acceso a bienes y servicios entre las personas (y familias). La segunda es la desigualdad que las personas perciben como “verdadera” y, como tal, produce el sentimiento de desigualdad, que la mayoría de veces difiere de la real. Mientras, la desigualdad tolerable, dependiendo del valor que tome, expresa que se está o no en el límite de la tolerancia (de la desigualdad). Eslabonada con las dos primeras es útil para explicar la relación con la delincuencia, la probabilidad de llegar a tener una conducta delictiva y también --junto a otros factores-- puede ayudar a explicar el origen de la carrera delincuencial. Quienes llegan al estado más bajo de tolerancia con un soplo caen en la delincuencia.
Cuando las personas viven en un estado de desigualdad real cuyo valor es mayor que la desigualdad percibida, hay considerables probabilidades de que no delincan. Si la percibida es mayor que la real, las probabilidades de conducta violenta y de caer en la delincuencia se incrementan, en tanto las probabilidades de delinquir se disparan cuando la desigualdad tolerable es menor que las otras dos.
Si el horizonte nacional aconseja erradicar las desigualdades, la mirada de mediano y largo plazo exige reducirlas, invirtiendo imaginación, recursos y competencias para lograr que la desigualdad tolerable sea mayor que la desigualdad real.
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