Opinión

¿Más de lo mismo?


Los resultados de la aplicación de las políticas económicas neoliberales en América Latina están a la vista: mayor pobreza; agravamiento de la violencia social e inseguridad ciudadana como resultado del deterioro social; profundización de la desigualdad entre ricos y pobres; el drama del desarraigo y la desestructuración familiar, como producto de las emigraciones al exterior; acelerado deterioro ambiental. Éstas son, entre otras, algunas de las expresiones más agudas de la herencia neoliberal.
A la par, los principales problemas que la receta neoliberal pretendía resolver siguen atenazando a las sociedades latinoamericanas: endeudamiento externo, crecimiento económico insuficiente, vulnerabilidad externa y rezago tecnológico.
El Fondo Monetario Internacional, los centros de poder transnacionales y las elites políticas y económicas incrustadas en los gobiernos de cada país fueron el trípode en que se asentó la aplicación de la receta fondomonetarista que fue resumida en el ahora desacreditado “Consenso de Washington”.
Nicaragua es un ejemplo de la aplicación sin piedad de los programas de ajuste estructural. También es un ejemplo del fracaso de esos programas. Así, con justa razón se cuestiona la sucesión de gobiernos neoliberales --principalmente al gobierno del ingeniero Bolaños-- por su pobre desempeño en materia de alivio de la pobreza y la desigualdad, y en la promoción de un crecimiento sólido y sostenido.
Si bien el gobierno Ortega-Murillo no ha informado a los ciudadanos las bases de su política económica, la propuesta de presupuesto presentada hace pocos días a la Asamblea Nacional es lo suficientemente elocuente.
En primer lugar, corresponde señalar que el presupuesto es el principal o uno de los principales instrumentos de gestión económica. Sin embargo, a pesar de las proclamadas democracia participativa y democracia directa que el gobierno afirma impulsar, correspondería preguntar cuándo, dónde y a quiénes el gobierno consultó sobre este fundamental instrumento de políticas públicas.
En segundo lugar, correspondería anotar las características más sobresalientes del presupuesto del gobierno Ortega-Murillo:
Más de lo mismo
Se trata, con pequeñas variantes, del mismo presupuesto que Bolaños presentó a fines de 2006. En términos cuantitativos, los ajustes incorporados por el gobierno actual modifican sólo el 5% del monto original.
Escarbando en los principales cambios encontramos la incorporación de 530 millones de córdobas en concepto de donaciones. Estas donaciones ya estaban contratadas por el gobierno anterior. Es decir, algo que de todas maneras cualquier gobierno neoliberal hubiera tenido que hacer. También se incorporan alrededor de 400 millones de córdobas provenientes de la condonación de la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Otra vez se trata de algo que cualquier gobierno habría tenido que hacer. Y todavía más, la condonación está condicionada a que el alivio presupuestario se destine al gasto social. Por consiguiente, orientar estos fondos a salud y educación es una obligación contractual y no un mérito que se pueda alegar como propio.
El tercer cambio en el presupuesto consiste en la reorientación de partidas. Se redujeron subsidios (por ejemplo, a Enacal le quitaron 60 millones de córdobas y el subsidio a la electricidad para la Costa Atlántica, por 47 millones, también fue eliminado). Se redujo en un 10% los gastos corrientes de las entidades del gobierno y, un cambio que debemos reconocer, se redujo la partida asignada a los salarios de los altos puestos del Ejecutivo. Sin embargo, el destino de estos ahorros fue el aumento del presupuesto de instituciones como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y para financiar el funcionamiento de las instituciones recientemente creadas. Sólo al nuevo Ministerio de Energía se le asignaron más de 230 millones de córdobas, es decir, casi el doble del incremento al Ministerio de Salud. En estas condiciones cabe afirmar que lo que se hizo con una mano se borró con la otra.
Ganadores y perdedores
En economía no hay almuerzos gratis. Por cada beneficio que uno recibe, hay otro que lo pierde. Por esta razón, toda decisión de política económica es una decisión política. Corresponde entonces interrogarse cuáles son las políticas que están implícitas en el presupuesto:
• Política salarial. El ajuste en el presupuesto no recoge un centavo en aumento salarial para ningún sector público, salvo los que ya habían sido acordados por Bolaños. Por otro lado, al establecer el presupuesto una meta del 7% de inflación y de 4% de crecimiento económico, al mismo tiempo se está fijando una política de contención salarial para todos los sectores. Lo que ganará el sector más pudiente lo perderán los asalariados.
• Política de deuda. El nuevo gobierno dejó intacta la asignación para el servicio de la deuda pública interna, que para este año representa una erogación de aproximadamente 3,700 millones de córdobas. Esta cifra es mayor que la totalidad del presupuesto de educación. Una parte significativa será recibida por los banqueros beneficiarios de los tristemente célebres Cenis. El affaire de los Cenis ostenta el récord de la mayor cantidad de dinero estafada en el menor tiempo en toda la historia de Nicaragua. Lo que ganarán los banqueros lo perderán las escuelas, los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los usuarios de los servicios de salud.
• Una política crediticia. Las mismas metas de inflación y de crecimiento económico ya indicadas también suponen una política de contención del crédito a los productores. La medida anunciada por el Banco Central de mantener el encaje bancario en el límite del 20% refuerza esta previsión. ¿Podrá generarse mayor empleo e ingreso si se mantiene la misma política crediticia?
• Salud y educación. Los incrementos en materia de educación y salud son principalmente resultado de donaciones externas y de la condonación BID y no de un esfuerzo de ahorro y reasignación de recursos de origen interno. Además, resultan insuficientes frente a la emergencia que, por ejemplo, ha declarado el ministro de Educación. En paralelo, se mantienen partidas de destino dudoso a un conjunto de instituciones dizque de acción social, enlazadas con otras que sí cumplen una meritoria labor como bomberos y la organización Los Pipitos. En otras palabras el presupuesto no permitirá ni mayor cobertura ni bases para mejorar la calidad de los servicios de salud y educación. De hecho, el presupuesto en compra de medicamentos (US$ 21.4 millones) es similar al presupuesto de 2004 (US$ 21.9 millones), según cálculos de conocidos economistas.
En conclusión, una política de “más de lo mismo” sólo puede resultar en “más de lo mismo”. Para bien de los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres, es imperativo un replanteamiento de la política económica y de la política de desarrollo. Las venideras negociaciones del programa con el Fondo Monetario representan una oportunidad. Si el gobierno adopta una posición de cara a los intereses de las mayorías, merecerá todo el apoyo en esas negociaciones. Si nos receta más de lo mismo, el pueblo debe recetarle más oposición.
*Diputado del MRS