Opinión

Censores dan clases de periodismo


Por el hecho de haberse dirigido al periodismo nacional con sus consignas políticas en ristre (“Porque ahora en Nicaragua todos somos presidentes”), el gobierno irrespeta la inteligencia e ignora, adrede, la heterogeneidad política-ideológica del gremio. El documento sobre “Política de Comunicación” llegó al periodismo con fallas de origen y mala letra porque el cargo de su autora, Rosario Murillo, es ilegal.
La condición espuria del cargo de la señora Murillo fue suficiente motivo para que ninguna organización periodística firmara acuerdos con el gobierno. Estas dos fallas --la ilegalidad y la ilegitimidad-- desautorizan toda iniciativa respecto a la política de la comunicación. Aun cuando su nombramiento fuera legítimo, ¿qué les hace pensar que su concepción del periodismo debe ser aceptada por todos los periodistas? ¿Cómo y por qué creer que su “Política de Comunicación” la fundan en una “nueva actitud”, y que no ejercen el poder de “aquí mando yo”, si esta afirmación demagógica nace cuando aún se oye el eco de las palabras del presidente Ortega cuando habló de que sus “Consejos” funcionarían aunque no les gustara a los diputados, y ordenó tomarse el “Olof Palme”, remodelarlo y abandonarlo al mejor estilo de “aquí mando yo”?
Hay mentiras en el llamado del presidente y su consejera de comunicación a respetar el mandado constitucional sobre la democracia y la soberanía. En verdad, a nadie sorprende que “…la Constitución sea “producto de un gobierno revolucionario sandinista”; lo sorprendente es lo hecho por Ortega a ese “producto” revolucionario cuando, en contubernio con Arnoldo Alemán, lo mutiló a su gusto y según sus necesidades políticas electoreras.
¿A quién van a convencer de la inmutabilidad de los preceptos de la Constitución si ellos mismos los han burlado? Sus citas de la Constitución son intencionalmente selectivas, pues excitan al “irrestricto respeto” de la misma y sus artículos sobre los derechos a la libre expresión, la responsabilidad social y su función social --como si ellos los estuvieran descubriendo ahora--, pero excluyen de su referencia otros artículos violados por el actual gobierno, como son los artículos 14 y 130, este último referido a la ilegalidad del nombramiento de la persona firmante de la excitativa al periodismo.
Así no es posible entenderse: acusan a los medios de haber sido históricamente “medios para dominación”, y con esa afirmación generalizadora y falsa, anulan la trayectoria de los periodistas y los medios que combatieron a la dictadura somocista, las intervenciones armadas de Estados Unidos, su injerencia política, la injusticia social, el latifundismo, y en ese empeño patriótico han muerto y sufrido encarcelamientos. Su esquema sobre los medios de comunicación es propio de quienes sólo esperan de ellos ser loados por su sola condición de gobernantes, aunque con sus actos merezcan sólo su crítica y su condena.
La “actitud positiva” que demandan del periodismo y de la sociedad nació de mala fuente y se dirige a un blanco equivocado: una mejor actitud hacia la comunicación debe ser demandada por la sociedad y el periodismo al gobierno, porque de ahí han llegado siempre las agresiones a la libertad de información. Los gobiernos tienen los instrumentos para agredir y los motivos para no desear una comunicación libre y veraz, dado que administran los intereses de los nicaragüenses y casi nunca lo han hecho honradamente. No es el periodismo ni la sociedad en general los que deben tener otra actitud de respeto a la comunicación, sino el gobierno.
Informar objetivamente y con responsabilidad social ha sido en general la función de los medios de comunicación, y han sido los gobiernos los que han tenido problemas con la información, porque han fallado en sus responsabilidades. Un mal trabajo informativo de un medio de prensa se resuelve llamándolo a responder una demanda judicial cuando de verdad comete un delito. La sociedad puede castigar a un medio al cual considere violador de la ética, simplemente ignorándolo, y ese medio no tiene instrumento represivo del cual pueda echar manos para obligar a la gente a comprarlo o a sintonizarlo; pero el gobierno tiene todos los instrumentos para sabotear el trabajo periodístico, empezando con la publicidad y su negativa a informar.
Todo lo que se pueda decir sobre la libertad de expresión y comunicación lo dicen con más propiedad los medios, y el gobierno está obligado a respetar esos derechos; pero siempre se ha pretendido que sea lo contrario. Y en esta dirección se orienta la “Política de Comunicación” del actual gobierno. El que debe someterse al marco legal es el gobierno, y si es necesario hacer cumplir la ley, cuando ésta es violada por los medios, deben hacerlo los órganos de justicia del Estado y no el Ejecutivo. Pero ha sido el Ejecutivo el que evita la aplicación de la justicia, utilizando su influencia política sobre magistrados y jueces. Por eso es al gobierno al que el periodismo y la sociedad deben exigirle no romper el marco legal.
Que hay medios de comunicación en manos del capital oligárquico, y que éste se desplaza hacia otras actividades económicas, es cierto; pero también es verdad que eso está dentro del sistema legal que este gobierno se ha comprometido a respetar, además de que muchos de los políticos oficialistas también tienen su capital invertido en acciones en bancos y empresas de toda clase. No se le niega al gobierno su derecho a distribuir el presupuesto para la publicidad, pero nadie le puede aceptar el derecho a que, por esta razón, les dé lecciones a los periodistas sobre cómo deben ejercer su profesión.
La construcción de los valores cívicos y éticos en la ciudadanía --y no la “construcción de ciudadanía”--
comienza con el respeto de las leyes de parte del gobierno, el respeto de los recursos públicos y de una gestión transparente. Los medios de comunicación contribuyen a mantener ese respeto, investigando a quienes abusan de los bienes estatales desde los cargos públicos, dando curso a las denuncias y críticas de los ciudadanos contra los abusadores.
Es responsabilidad de los medios hacer su propio código de ética, y su cumplimiento se deberá reflejar en su trabajo informativo, pero un gobierno no tiene derecho de decirle a un medio de comunicación cómo elaborar un código de ética, de la cual generalmente carecen en su actuación personal los políticos gobernantes. En el caso particular de este gobierno, parece una broma que se dedique a sugerir puntos para que los medios elaboren códigos de ética, porque muchas de sus actuaciones no están regidas por la ética, además de que esos principios ya están prescritos en la Constitución y otras leyes.
Es irónico que el gobierno demuestre interés en educar a los medios de comunicación sobre la importancia de la información veraz, la responsabilidad social y los aspectos éticos que se relacionan con la información, cuando contribuye a mantener engavetado el proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y algo peor: ese interés de “educar” a los medios en su “escuela” emana de la persona que comenzó sus funciones ilegales imponiéndoles el bozal a los ministros del gobierno, por lo cual llevamos casi tres meses de ver funcionar al gobierno en el más completo secretismo.
En vez de meterse a encasillar al periodismo, el gobierno hubiera comenzado a practicar una mejor política informativa, simplemente informando.