Opinión

Los infiltrados en Guatemala


El asesinato atroz de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su conductor ha sido la gota que derramó el vaso de sangre en Guatemala. La ejecución posterior, en una cárcel de máxima seguridad, de los cuatro policías sindicados de ser los autores materiales del asesinato, es sólo un vistazo a través de la rendija de la pesada y oscura pared de la impunidad en Guatemala.
Los dos hechos criminales no son más que una de las miles de escenas de la gran tragedia que sufren a diario los guatemaltecos comunes y corrientes. Cotidianamente los medios de comunicación reportan cadáveres de jóvenes encontrados a la orilla de cauces, carreteras o barrancos con señales de tortura, mutilaciones y con el correspondiente tiro de gracia. En el último año, en Guatemala fueron asesinadas más mujeres que durante diez años en Ciudad Juárez, México.
Del 100% de los casos, el Instituto de Ciencias Comparadas de Guatemala afirma que sólo el 3% ha tenido investigación criminal y ha sido enviado a procesos judiciales. Por lo general, los cadáveres son enviados a la morgue para reconocimiento de los familiares, quienes por miedo ni siquiera presentan denuncia. Cuando existe denuncia, los familiares, testigos, fiscales, periodistas, abogados y jueces son amenazados. Cientos de testigos han sido asesinados, decenas de fiscales y jueces han tenido que salir del país.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, así como numerosas organizaciones civiles han denunciado hasta el cansancio la complicidad de autoridades policíacas y judiciales en estos hechos criminales, afirmando que detrás de las muertes se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales para exterminar supuestos delincuentes y pandilleros. Las autoridades suelen afirmar que los asesinatos son pasadas de cuenta entre pandillas o miembros del crimen organizado.
El Estado guatemalteco ha hecho oídos sordos a las denuncias y se ha tapado la vista ante los cadáveres. En estos días la población guatemalteca sufre un enorme sentimiento de vergüenza porque Guatemala está en la picota pública por el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, pero sobre todo se sienten impotentes, desprotegidos, amenazados, con las manos arriba. Si eso les pasa a tres diputados, ¿qué podría esperar un ciudadano ordinario?
La complicada cadena de la justicia: Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, se enfrenta a una prueba de fuego. No sólo se trata de descubrir a los implicados y destituirlo de los cargos, sino de procesarlos y aplicarles el peso de la ley. De eso se trata el Estado de Derecho. Recuperar la confianza de la ciudadanía es vital.
Mas allá de las preocupaciones que representan estos hechos, lo que sucede en Guatemala nos obliga a reflexionar de manera colectiva. Centroamérica es una región que recientemente se inaugura en la vida democrática. La institucionalidad es una tarea en construcción y por lo tanto frágil ante amenazas como la corrupción y el narcotráfico.
Nicaragua no está al margen de estas amenazas. Fortalecer el Estado de Derecho y sus instituciones es una tarea impostergable. La gente común y corriente necesita encontrar al otro lado del escritorio o del mostrador del Estado, funcionarios públicos probos que cumplan al pie de la letra los preceptos constitucionales y que no se vendan por unos dólares más.
Señalar sin vergüenza y hacer públicas las debilidades, poner ante la justicia a funcionarios corruptos y cómplices del crimen organizado y del narcotráfico, sería una señal positiva de que estamos en el camino correcto.

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