Opinión

¿Abolir el Poder Judicial?


El connotado escritor Luis Rocha publicó el pasado primero de marzo en EL NUEVO DIARIO el escrito “Que la justicia tenga rostro de justicia”, en el cual manifiesta su desacuerdo con la opinión personal expresada por el Presidente de la Corte Suprema acerca del combate judicial al narcotráfico mediante jueces sin rostro, y sostiene que “los jueces tengan rostros y que sólo los escondan aquellos que se venden por corruptos, cobardes y codiciosos”.
A la par de este criterio, que puede dar lugar al debate sobre la utilización de los “jueces sin rostro”, el escritor afirma: “es el momento en que la ciudadanía también debe cerrar fila alrededor de la justicia, y si esto significa abolir al Poder Judicial vigente gracias a los pactos entre caudillos, pues a abolirlo”.
Tres comentarios. Primero, el tema de la justicia sin rostro no ha sido en manera alguna debatido en el país. De ella sólo se conoce la aplicación que ha tenido en Colombia o Perú, (donde ya fue abolida). En México existe un amplio debate al respecto, y curiosamente se afirma que Estados Unidos la ha aplicado en el juzgamiento de los terroristas capturados, al igual que lo hizo Italia en su momento con las Brigadas Rojas.
Como muchos otros temas, existen criterios encontrados, unos a favor que consideran válida la justicia sin rostro cuando se trata de asuntos de ley contra la delincuencia organizada o en el enfrentamiento a las mafias del narcotráfico, casos en los cuales existen serias amenazas a la integridad física de los jueces o sus familiares en casos de condena; y otros en contra de tal método de justicia, que señalan su falta de transparencia y los atentados a los derechos humanos, tales como debido proceso, publicidad de los procesos, etc. Pero como decía, el tema no ha estado en manera alguna en la agenda judicial nicaragüense.
En segundo lugar, me parece que deben evitarse las descalificaciones generales al trabajo de jueces y magistrados. En el tema del narcotráfico, quizás el más sensible y bochornoso, dos tesis se contraponen: la de la Policía, sobre todo, que estima que su trabajo es “echado al traste” al momento de los juicios, y la de los judiciales, que cuando resuelven a favor de los inculpados consideran que eso ocurre debido a la falta de elementos para condenarlos. Soy de la opinión que probablemente existan tanto trabajos defectuosos en algunos casos de parte de los investigadores como también de algunos jueces o magistrados que han echado por la borda el trabajo de los primeros.
Nicaragua no es el único país donde esta contradicción existe. En México, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema, José Ramón Cossío Díaz, dijo: “No es correcto que se hagan descalificaciones o juicios generales, como decir ‘todos los jueces’, eso me parece muy peligroso” y que “las críticas deben hacerse acerca de las resoluciones no sobre las personas, y si piensan que hay algún tipo de responsabilidad, que presenten sus quejas ante el Consejo de la Judicatura”. Esta opinión me parece de aplicación muy pertinente y válida también para Nicaragua.
Tercero. Con la bandera del antipacto, el ilustre escritor Rocha tiene la idea, perniciosa a mi juicio, de que hay que “abolir” el sistema judicial. Ésta fue proclamada hace meses por Gabriel Álvarez y no sé si ha sido examinada con serenidad en sus consecuencias, puesto que ello implicaría: hacer desparecer la Corte Suprema y todos los tribunales y juzgados de la República, y que al día siguiente Nicaragua amanezca sin justicia. ¿Es eso lo que se pretende? Y como el Poder Judicial es un órgano de gobierno, según lo estipula el arto. 7 de nuestra Constitución, además de un Poder del Estado (arto. 129 Cn) y que las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial (arto. 159 Cn), ¿se trata entonces de hacer desaparecer el Estado e instaurar la Ley del Talión, (ojo por ojo, diente por diente) y que cada cual se haga justicia por su propia mano?
Creo que no se puede sugerir que, así como hay probablemente algunos periodistas “venaderos”, desaparezcan todos los periodistas, o que porque hay algunos sacerdotes con debilidades humanas desaparezca la Iglesia Católica, tampoco se debe exigir que el Poder Judicial desaparezca por las venalidades o conductas antiéticas de algunos de sus miembros. Ningún país se construye sobre cenizas.

* El autor es Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua