Opinión

Gobernabilidad democrática versus gobernabilidad autoritaria


El concepto de gobernabilidad democrática es complejo, desde luego que alude no sólo a la idea de estabilidad, sino que es algo más: se refiere al modo de ejercer el poder, a su ejercicio democrático y no autoritario, y a la administración de un país encaminada a propiciar su desarrollo humano y sostenible. La gobernabilidad autoritaria puede producir estabilidad, a costa de sacrificar las libertades ciudadanas.
La gobernabilidad democrática es el resultado de una sinergia en la cual intervienen una serie de elementos y prerrequisitos que deben darse en una sociedad. No existe una fórmula mágica ni preestablecida. Sin embargo, la gobernabilidad demanda el ejercicio pleno de la democracia como condición necesaria aunque no suficiente. Se requiere, además, la vigencia de ciertos valores claves, como la justicia, la libertad, la solidaridad, la transparencia, la participación y la responsabilidad ciudadana, mayor nivel de cultura política, entre otros. No hay gobernabilidad sin la interacción de todos los sectores sociales, que deben compartir el sentimiento de que sus demandas están, o pueden llegar a estar, razonablemente satisfechas, y sin el pleno respeto al Estado de Derecho.
Una sólida gobernabilidad democrática se asienta sobre la existencia de grandes consensos políticos y sociales. Hay quienes estiman que la idea de acuerdo, de consenso, es inherente a la definición de la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad está también asociada con el desarrollo. En un país, si no hay gobernabilidad democrática no es posible el desarrollo y, viceversa, si no hay desarrollo no hay gobernabilidad, ya que las demandas insatisfechas generan tensión social e inestabilidad.
Una relación armoniosa y respetuosa entre los poderes del Estado contribuye a generar estabilidad y a propiciar la gobernabilidad. No basta el equilibrio entre los poderes del Estado, también se requieren relaciones constructivas con la sociedad civil organizada, que permitan fundamentar las políticas de largo plazo sobre amplios consensos nacionales. Un escenario de tal naturaleza fortalece la legitimidad de las instituciones frente a la sociedad.
La legitimidad del gobierno y de los partidos políticos ante la sociedad, la relación eficiente y armoniosa entre los poderes del Estado, la distribución de la riqueza con justicia social, la descentralización política y económica y los espacios de auténtica participación ciudadana, no manipulada partidariamente, en el quehacer local y nacional, son factores de estabilidad, de afianzamiento democrático y, por consiguiente, de una apropiada gobernabilidad democrática.
Estas reflexiones ligan con el análisis del papel de la ética en la vida política de un país. La tesis de que la política es una actividad ajena a la moral, donde lo único que cuenta es el acceso al poder, es rechazada hoy día por los politólogos, convencidos de que la política debe estar regida por la ética y que su fin último no es el poder por el poder mismo sino el bien común. La revalorización ética de la política llevaría a la ciudadanía a recuperar la credibilidad en la política como una actividad cuyo fin último es promover el bien común. El político debe promover la ética en todo lo que atañe a la sociedad, a partir de su propia transformación ética, su propio cambio. Así se transformaría en un ejemplo de lo ético para la sociedad de la cual forma parte. La función del político es servir. Elegir el camino de la política es elegir el camino del servicio.
Si bien la acción política busca alcanzar el poder, cuando ella está inspirada en principios éticos la búsqueda del poder no se agota en el poder mismo sino en la capacidad de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, en el contexto del pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
La relación entre ética y política no sólo atañe a quienes ejercen el poder desde los órganos del Estado sino también a los partidos políticos, empresarios, comunicadores sociales y a la ciudadanía en general, desde luego que todos participan en la política o sus acciones pueden tener impacto político. No es válida la dicotomía entre una ética pública y otra privada. La ética pública y la ética privada deben responder a un mismo referente valorativo para servir de sólido fundamento a la gobernabilidad democrática.
A menos de dos meses del actual gobierno, podemos sacar nuestras propias conclusiones sobre la gobernabilidad que se quiere imponer en Nicaragua, cuando nuestro Presidente proclama que “El presidente es el pueblo y eso significa que el pueblo está mandando aquí en Nicaragua, y eso que lo tengan bien claro ahí en la Asamblea Nacional”; se “toma” el Centro de Convenciones “Olof Palme” para transformarlo en sede de su gobierno, no obstante que pertenece al Seguro Social; regala manuscritos de Rubén Darío, contraviniendo la Ley 333, que declara la obra del insigne poeta Patrimonio Nacional; se publican decretos sobre los Consejos Ciudadanos, pasando por encima de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobada por la Asamblea Nacional; se sustituye el escudo nacional en la papelería oficial, violando la Ley de Usos de los Símbolos Patrios, etc… Y estas acciones no son invento de los medios de comunicación, sino iniciativa del propio Poder Ejecutivo.