Opinión

El sesgo político de las reformas constitucionales


El proceso de reformas constitucionales, en marcha desde el año 2005 y que continúa en esta nueva legislatura con propósitos de mayor amplitud, hasta el momento ha estado más centrado --su discusión y propuestas-- en los temas más estrictamente políticos que económico-sociales, lo que constituye --hasta el momento-- una limitación si dichas reformas pretenden resolver temas sensibles, de primer orden, para las mayorías populares de Nicaragua.
Cuando se habla de sesgo político de las reformas constitucionales no se hace en el sentido de lo que ellas significan como acción parlamentaria --que son esencialmente políticas--, sino que se plantea en la línea de lo que se está privilegiando por distintos actores (desde los partidos políticos hasta la sociedad civil) de lo que debe ser el contenido y alcance de dichas reformas, en las que sobresalen los temas más políticos y se opaca --hasta casi la ausencia-- los temas sociales y económicos.
Muchos sectores políticos parecieran estar más interesados en acomodar o maquillar el actual sistema político y no mejorarlo o superarlo. Se insiste en la no reelección presidencial, en reducir la cantidad de diputados y magistrados en estos dos poderes del Estado y cambiar el sistema de elección para los representantes parlamentarios pretendiendo pasar de la elección a partir de la lista de los partidos políticos a una elección uninominal. Éste y otros temas se mueven en la misma órbita de lo político, en la que muchos actores pretender acomodar los conceptos constitucionales para ponerlos a favor de las pretensiones de partidos o dirigentes de la llamada sociedad civil.
Incluso --en el ámbito de lo estrictamente político-- aquellos que quieren hacer “cambios políticos” se ruborizan cuando se habla de democracia directa, de buscar alternativa para darle más fuerza de decisión al pueblo, algunos sólo buscan ajustes de la democracia representativa y se escandalizan cuando se habla de la democracia participativa.
El construir un sistema político más democrático requiere superar esa concepción elitista del poder y hacer que la democracia sea cada vez más lo que debe ser: poder del pueblo, en la que las mediaciones de unos cuantos representantes pasen a ser las de más representantes que expresen de manera más directa los intereses y necesidades del pueblo. El perfeccionar el actual sistema representativo-electoral es necesario pero insuficiente en relación a los avances organizativos y de conciencia de los sectores populares, que demandan una profundización real de la democracia, ausente en una parte de los actores políticos nacionales.
Pero dicha ausencia es mayor cuando se trata de democratizar las relaciones económicas y sociales con un sentido integral. Hay que introducir nuevos conceptos constitucionales que se orienten a distribuir de mejor manera la riqueza en el país, crear preceptos e instituciones que le aseguren al pueblo la posibilidad de acceder a los derechos y oportunidades generadas en la dinámica social y económica.
Por ejemplo, sería estratégico como reforma constitucional el establecimiento de un sistema tributario progresivo que deje atrás y elimine el vigente en la práctica, que es el sistema regresivo, en éste los que tienen menos pagan más y aportan más que los que tienen más y por tanto concentran la riqueza en el país; la estructura tributaria hay que modificarla, ya que en la actual el 86 por ciento la componen los llamados impuestos indirectos, es decir, que son los que paga la mayoría de la población.
Hay que mantener --en lo ya avanzado como reforma constitucional-- la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que al ser una responsabilidad del Estado ésta debe velar para que se asegure su acceso y la calidad para todos los habitantes y ciudadanos en el país, porque ya sabemos el estado en que están los servicios telefónicos, de agua potable y alcantarillado y el de energía eléctrica.
En esa misma línea hay que introducir constitucionalmente instituciones económicas, financieras o de fomento económico, que prioricen el desarrollo económico nacional, la actividad agropecuaria, el desarrollo rural y la pequeña y mediana producción. El Estado debe tener una responsabilidad directa en el impulso económico de los actores económicos nacionales frente al gran capital nacional y transnacional, que es el que ha sido priorizado en las últimas décadas.
También hay que fortalecer las regulaciones, el fomento y la protección integral de los recursos naturales, comenzando con la tierra, los bosques y la biodiversidad en su conjunto, no sólo porque hay que asegurar la necesaria sostenibilidad y el equilibrio ecológico estratégicamente hablando, sino que tenemos que explotar racionalmente y hacerlos una vía de desarrollo económico. Eso demanda fortalecer lo ya establecido constitucionalmente.
Igualmente hay que consolidar la responsabilidad y el deber estatal y los derechos laborales y de la seguridad social para todos los trabajadores del país. Por ejemplo, hay que asegurar el derecho al seguro social obligatorio a todos los trabajadores del país y no sólo a los del sector estatal o del sector formal de la economía, porque por esa vía más del 80 por ciento de los trabajadores se queda sin ese derecho.
Sobre ésos y otros temas habría que legislar una reforma constitucional que realmente piense en resolver las necesidades del pueblo y busque el desarrollo integral del país. El estar insistiendo sólo en temas de tipo electoral u otros que sólo pretenden maquillar la actual democracia formal o representativa que tenemos sólo conduce a estar acomodando la Constitución a los vaivenes de determinados grupos políticos y nos aleja de la posibilidad de construir un andamiaje jurídico e institucional que busque la democratización no sólo de la política, sino de la economía y la sociedad. Es nuestra responsabilidad exigir que se actúe con una visión integral y ojalá que el consenso que se logre sea para que el Estado asegure y vele por los derechos fundamentales de sus habitantes y ciudadanos, y que a los ciudadanos se les dé más espacios de participación y decisión, para que realmente --al final-- hablemos de una real democratización del poder y de la sociedad.
*Cientista social e historiador. Profesor UNAN-Managua. fredyfranco @hotmail.com