Opinión

Limpiar el sistema


Dos payasos son balaceados en plena función en Cúcuta, Colombia. “Asesinos de la risa”, gritaron los colegas en la protesta. Tres diputados salvadoreños son asesinados en un mediodía macabro en Guatemala, precisamente por individuos encargados de luchar contra el crimen. Un poeta es apuñalado hasta la saciedad en su alcoba en Estelí, Nicaragua.
Crece la violencia. Nada, absolutamente nada, justifica ninguno de estos tres crímenes, los cuales son tristemente emblemáticos de los riesgos que corremos.
Con sus altos y bajos en cada uno de los países en cuestión, el Estado, responsable al fin y al cabo de la seguridad ciudadana, comparece débil. Las políticas económicas de las últimas décadas que han privatizado casi todo, a veces con razón otras no, han disminuido el gasto de este rubro y puesto precio a un derecho ciudadano que es deber estatal. Parece rentable el negocio de las empresas de seguridad. Está seguro el que puede pagar, el que no, no, parece ser el corolario de la lectura de las noticias rojas de cada día.
Nicaragua, que a pesar de todo sigue siendo el país más seguro de Centroamérica, no está exenta de caer en ese hoyo negro en que las maras, los narcotraficantes, los sicarios, los políticos corruptos o los simples rateros y pandilleros del barrio son capaces de hundirnos: la violencia y la inseguridad, la zozobra cotidiana.
Tremendo reto tiene el gobierno en este orden. No obstante, el tema no puede abordarse al margen de otros omnipresentes en el discurso político cotidiano. La transparencia y la profesionalización del Poder Judicial, por ejemplo. No puede un país en el que el Poder Judicial padece desconfianza, incredulidad y desprestigio aspirar a erradicar los síntomas de la violencia o las manifestaciones más crueles de ella. ¿Por qué suponer que los tribunales castigarán a un culpable? Mejor hago justicia por mis propias manos, gritan con su actitud los vecinos que frente a las cámaras apalean al pretendido malhechor violentando, dicho sea de paso, los derechos humanos del retenido. Ese síntoma es gravísimo: el Estado pierde el control y de allí a la ley de la selva hay solamente un paso. Ciertamente hay fallos que dan confianza en el sistema, pero otros tantos la desvanecen.
La efectiva profesionalización del Poder Judicial, entre otras cosas la plena aplicación (¡de una vez por todas !) de la Ley de Carrera Judicial, la depuración del sistema de los jueces corruptos, que sí los hay, son algunos de los pasos pendientes. Y hay que decir lo inevitable: que el pacto de las cúpulas no continúe manoseando el sistema. Dejen que funcione lo establecido en la Constitución, simplemente.
Pobreza, Policía con severas limitaciones, sistema judicial cuestionado y el crimen organizado en acecho, es una conjunción de factores preocupante. Realmente preocupante.
hector2007@turbonett.com.ni