Opinión

La autonomía escolar: informe post morten


MINED

1. Las promesas
Nicaragua, hasta inicios de los años noventa del siglo pasado, contaba con una administración escolar semicentralizada, dividida en ocho regiones escolares encabezadas por delegados de los ministros de Educación en cada región del país. A mediados de 1993, después de tres años (1990–1992) de acciones gubernamentales en contra de las organizaciones magisteriales, estudiantiles y de los padres y madres de familia para desmontar la herencia sandinista en el campo de la educación, el gobierno de la República anunció la implantación de un modelo de descentralización de la educación sin precedentes como era trasladar algunas de las potestades del Ministerio de Educación directamente a las escuelas, algunas de las cuales tuvieron que ver con el financiamiento educativo.
Una apretada síntesis de las promesas que presidían la oferta, entre muchas, eran las siguientes:
- Más recursos financieros para las escuelas, pues al haber mayor control sobre los gastos de parte de los padres de familia, esto provocaría ahorro de recursos, los que podrían utilizarse para ser invertidos en el desarrollo del centro educativo y principalmente en mejorar el sueldo de los maestros. Este proceso debería servir también como efecto de demostración, a fin de estimular a los padres y madres de familia para que ellos ofrecieran un mayor apoyo financiero a las escuelas.
- Más eficacia, porque al involucrar a los padres y madres de familia en la vida de las escuelas, se elevaría la capacidad administrativa de los sistemas escolares, lo que elevaría la ampliación de la matrícula y la reducción del abandono escolar. Más eficiencia en el uso de los recursos, resultados del control sobre entradas y salidas del dinero que enviaría el Ministerio de Educación a las unidades educativas.
- Más beneficios para los maestros a través de la implantación del concepto de cuotas voluntarias y de la realización de actividades orientadas a recaudar dinero. Más democracia, porque elevaría la participación de los actores educativos en los asuntos de las instituciones educativas y su destino. Más calidad educativa, pues padres y madres de familia participarían en el desarrollo del currículo, contextualizando los programas de estudio de acuerdo con las características locales, lo que provocaría mayores niveles de relevancia y pertinencia de los aprendizajes.

2. El proceso autonómico
De esta manera, a partir de 1993 todas las contrataciones, nombramientos y pagos al personal, que antes realizaba el Ministerio de Educación de manera centralizada, comenzaron a hacerlo las propias instituciones educativas, con base a dos mecanismos: (a) la constitución y funcionamiento de los llamados Consejos Directivos Escolares, integrados por representantes de los padres de familia, maestros, estudiantes y el director(a) que asumirían la dirección y administración financiera de las escuelas, de acuerdo a sus intereses y necesidades, y (b) la transferencia mensual de parte del Ministerio de Educación de una determinada cantidad de dinero calculada de acuerdo a una fórmula aritmética y multiplicada según el número de alumnos de cada centro educativo, igual a la lógica y enfoque del “financiamiento a la demanda” del modelo de las “subvenciones chilenas”.
La desconcentración financiera del presupuesto educativo, poco a poco aplicado a un país con el ochenta por ciento de pobreza, tuvo consecuencias políticas y sociales de gran envergadura, las que se expresaron en el traslado a los padres y madres de familia de la responsabilidad del Estado respecto a la educación de sus hijos.
El reducido financiamiento mensual a los centros educativos de parte del Estado, y la consecuente búsqueda de dinero de parte de las autoridades escolares para el financiamiento de aquellos aspectos que quedaban desprotegidos, fue conformando paulatinamente una cultura organizacional característica de este tipo de escuelas, institucionalizando y dando como normal y hasta lógica y necesaria la violación al principio constitucional de la gratuidad de la educación y por ende al derecho humano a una educación de calidad, la introducción de elementos y procesos corruptos en los centros escolares.

3. Se acabó el recreo…
¡Vamos a clases!
No obstante, los promotores de semejante engendro no contaban con que en el sistema de partidos políticos de Nicaragua existía un partido que a través de su historia había tenido como misión y razón de ser la defensa de la población empobrecida, que es la que hacía uso de los servicios escolares públicos. Ese partido era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ganó las elecciones del 5 de noviembre pasado.
De esta manera, a menos de 24 horas de haber tomado posesión, el gobierno de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa mandó a poner punto final al proceso de privatización de la educación en un regular sector de las escuelas del país.
Los adversarios de esta medida han pregonado que la medida no fue consultada con nadie, lo que reflejaba un estilo “mandón” y autoritario, y que se eliminaban los aspectos positivos de la “autonomía”, como la participación de los actores educativos en la vida de las escuelas.
Veamos una y otra objeción: uno, el modelo de autonomía escolar fue impuesto sin consultarlo con nadie en 1993, sin ninguna ley de respaldo. Se impuso y punto sin ninguna consulta ni consenso. Posteriormente múltiples estudios de organismos independientes han dado debida cuenta del desastre autonómico por los cobros en las escuelas.
Sobre que no habrá participación. De nuevo equivocados. Próximamente, por primera vez en Nicaragua y América Latina, el Proyecto del Currículo Básico Nacional y el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación serán puestos en manos de las organizaciones de la sociedad civil para que éstas intervengan el currículum según sus objetivos, y para que, igual, todos y todas las que quieran se incorporen a las actividades del MINED, de cara al logro de una educación de calidad con todos y para todos en nuestro país.
Se acabó el recreo neoliberal… ahora vamos a construir la democracia participativa desde y con la educación.

(*) Ministro de Educación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.