Opinión

Urge una Ley de Acceso a la Información Pública


El reciente caso de corrupción en la planilla de Telcor sobre el megasalario que devengaba el “ingeniero” Freddy Carrión como supuesto asesor de esta institución obliga con urgencia a los honorables Padres de la Patria a que aprueben el anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para acabar con este mal en el Estado. Por el contrario, de continuar la prórroga para su aprobación, el mensaje que estaría enviando la nueva administración parlamentaria es que sencillamente no le interesa aprobar esta ley para no rendirle cuentas a la ciudadanía.
No hay que omitir que esta revelación de corrupción en Telcor tiene su origen por la pésima cultura de las transiciones de gobierno de sacar a luz pública a través de los medios de comunicación todos los errores de las administraciones salientes.
El caso Carrión refleja también la doble moral de parte de la administración saliente de Telcor --con la salvedad del último director por la ley Foad Hassan, quien paró esta situación no renovando este contrato oneroso-- desde luego bajo las órdenes del señor ex presidente Enrique Bolaños, quien pactó con el actual presidente de la República, Daniel Ortega, a costa de traer estabilidad en su gobierno luego de la crisis política provocada por las reformas constitucionales.
Con una Ley de Acceso a la Información Pública difícilmente el “ingeniero” Carrión hubiera tenido esa dieta onerosa a como hoy se conoce públicamente, porque sencillamente el anteproyecto de ley en el artículo 3, inciso 5, bajo el Principio de Transparencia, establece “que las entidades al imperio por la ley a través de sus oficiales gubernamentales, funcionarios y servidores públicos están en el deber de exponer y someter al escrutinio de los ciudadanos la información relativa a la gestión pública y al manejo de los recursos públicos que se le confían”.
Por ello los señores diputados conociendo este principio, el cual les exige mayor transparencia en su actuar, han dejando este anteproyecto de ley rezagado. Saben que una ley como ésta es un arma de doble filo. Hay temas de su competencia en los cuales tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía, como por ejemplo: los más de 400 mil córdobas anuales que reciben para el desarrollo socioeconómico de su localidad. Sobre este aspecto lo poco que han dicho es que estos recursos los destinan para becas y punto, sin mayores detalles. Sin embargo, la ejecución discreta de estos recursos se presta a muchas especulaciones.
Si bien es cierto, a como señala el doctor Guillermo Rothschuh Villanueva, autor del primer borrador de este anteproyecto, no todo está dicho al respecto porque es necesario reformular los artículos 4, 21, 22, 24, 28 y 38, necesidad que no se debe traducir en una debilidad para que los parlamentarios justifiquen la no aprobación de esta ley.
De manera que la observación del verdadero decano de la comunicación en Nicaragua --así como el decano de la radiodifusión Rodolfo Tapia Molina--
debe motivar a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y al Ipade --principales promotores de la misma-- a debatir estos artículos con el ánimo de cerrar este debate y presentar una propuesta de consenso para su pronta aprobación en el Parlamento.
Ahora es importante destacar también que recientemente el partido Alianza Liberal Nicaragüense presentó un anteproyecto de ley para defender la libertad de expresión en Nicaragua. Sin embargo, el trasfondo de este anteproyecto a todas luces es demagógico y tiene un planteamiento coyuntural de oposición a la administración actual. Digo que es demagógico porque si la ALN está comprometida en defender la libertad de expresión, entonces por qué también no sienta su posición sobre el anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, ¿o acaso tiene algo que ocultarle a la ciudadanía?
En conclusión, la erradicación de la corrupción en el Estado bajo la figura de asesores fantasmas, como el caso del “ingeniero” Carrión, bien puede lograrse si las fuerzas que se autodenominan democráticas sientan su posición sobre este anteproyecto. Segundo, es necesario que las reformas planteadas por el maestro Rothschuh se tomen en cuenta porque es mejor esperar un tiempo más para su discusión; en cambio, si se aprueba de prisa al final se perdería el espíritu de la misma. De no suceder ninguno de estos escenarios, los casos de corrupción en el Estado van a continuar dándose hasta que ya prescriban y por tanto la rendición de cuentas de los funcionarios públicos a la ciudadanía seguirá siendo sólo un sueño pero que en la realidad se refleja en la pobreza en que vive más del 70% de la población nicaragüense, en parte por causa de la corrupción.

* El autor es periodista y Responsable de Prensa de UCC.