Opinión

El impostergable desafío tributario del nuevo gobierno


Tres administraciones sucesivas y diecisiete años transcurridos en el país evidencian un saldo crítico en el sistema de impuestos. Múltiples estudios de profesionales independientes, organismos internacionales y de los propios gobiernos de turno ofrecen conclusiones preocupantes y colocan en la agenda fiscal la necesidad de urgentes cambios estructurales del régimen tributario imperante. ¿Para qué nuevas reformas si las recaudaciones se han incrementado nominalmente?, ¿qué espera el gobierno del presidente Ortega para dejar tranquilo al sector privado y dedicarse a recaudar, que es su función natural?, ¿por qué no se otorgan más incentivos fiscales a los agentes económicos para reactivar efectivamente el país? Pero muy bien sabemos que la situación no es tan simple como estas preguntas lo insinúan y tal vez lo mejor sea trasladarnos del campo de las apariencias a la inocultable realidad.

A. Los objetivos olvidados. A pesar de que las reformas tributarias impulsadas desde 1990 se acompañaron siempre de ostentosos “considerandos” y “principios universales del buen gobierno fiscal”, tres lustros de evidencia empírica demuestran que a duras penas se ha logrado cierto incremento de las recaudaciones, en claro detrimento de la equidad. Esta obsesiva captación de ingresos fiscales huérfana de lo social debe sustituirse por cuatro ejes imprescindibles para la renovación integral de la tributación nicaragüense:
1. Severa disminución de la regresividad, es decir, de la injusticia en el pago de los impuestos, haciendo efectivos los principios de generalidad, neutralidad, eficiencia y capacidad contributiva. A propósito de inequidad tributaria, baste recordar este escalofriante dato: por causa de tratamientos especiales otorgados a intocables y poderosos grupos de presión en Nicaragua, el 20% más pobre de la sociedad paga el 100% más que el promedio del país, mientras que el 20% de mayores ingresos soporta apenas el 20% menos que dicho promedio nacional.
Pero continuemos con los objetivos necesarios.
2. Absoluta prioridad en la atención y desarrollo del capital humano de la administración tributaria, condición sine qua non de una institucionalidad sólida, inteligible y transparente.
3. Garantía de permanencia y estabilidad, esencia de todo sistema impositivo seguro y predecible.
4. Incremento sostenible y ante todo de calidad en las recaudaciones, a la par de una auténtica política nacional de austeridad en el gasto público.

B. La reforma tributaria 2007. Para avanzar con hechos tangibles en la consecución de tales objetivos, proponemos un esfuerzo nacional de tres etapas coincidentes en el tiempo, a saber:
1. El punto de partida. Es imperativo conocer con precisión lo que nos proponemos transformar; una reforma que ignore el porqué de los cambios seguramente no llegará muy largo. Por ello, durante la segunda quincena de febrero y en todo marzo del corriente año, es realista y factible que la hacienda pública formule --con la debida agilidad y sin mayores tecnicismos-- dos trabajos puntuales sobre: a. incidencia fiscal o impacto actualizado de la tributación en los sectores de la sociedad (¿quiénes son los ganadores y perdedores en el actual sistema de impuestos?); b. evaluación actualizada del rendimiento de todas las exoneraciones y demás privilegios fiscales existentes a la fecha. Sobre ambos estudios ya existen valiosos aportes que bien podrían aprovecharse en este proceso.
2. Fondo extraordinario. La segunda etapa de esta propuesta recomienda que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, apoyado en la Dirección General de Ingresos, realice durante los meses de febrero a junio de 2007 una ordenada y exhaustiva revisión de espacios recaudatorios aún desconocidos, o no aprovechados a cabalidad por el fisco, de manera tal que sin necesidad de efectuar reformas legislativas coyunturales --que por su naturaleza cosmética resultan a la postre más desgastantes que efectivas-- el solo cumplimiento del marco tributario vigente podría asegurar un significativo monto de recaudaciones adicionales a las presupuestadas. Inexplicablemente esta experiencia fiscal es todavía inédita en Nicaragua.
La aplicación discrecional de leyes y reglamentos por parte de las administraciones anteriores ha provocado una grave erosión financiera al Estado que debe resolverse cuanto antes. Desde el punto de vista estrictamente técnico y jurídico, puede asegurarse categóricamente que este ejercicio por el cumplimiento de la ley garantizaría al erario una recaudación no presupuestada en 2007 mayor a quinientos millones de córdobas (0.5% del PIB).
3. Hacia un cambio de veras. Siendo que la baja recaudación de impuestos no es la causa del problema fiscal que enfrenta Nicaragua, sino el efecto de un esquema tributario excluyente y distorsionado, lógico es pensar que la solución de este asunto estructural debe llegar al fondo. Si los sectores más subsidiados por el régimen tributario de Nicaragua son los que más concentran riqueza e ingreso, algo está fallando desde el corazón mismo del sistema. Es intolerable que la suma anual de evasión, contrabando y exoneraciones nacionales sea equivalente a más del triple de la cooperación externa. Las promesas electorales hacia una moderna fiscalidad comprometidas por el gobierno electo deben honrarse con excelencia técnica, vocación social y sin mayores dilaciones.
Las dos etapas anteriores, de estudios básicos (febrero-marzo) y de apoyo financiero contingente (febrero-junio), deben entenderse como las condiciones previas de una reforma tributaria INTEGRAL, también a formularse y aprobarse antes del 1 de julio del corriente año, inicio del nuevo año fiscal. Ello sería imposible si la conducción de esta empresa en manos del gobierno carece de una vigorosa convicción política e impecable claridad estratégica; si no se apoya, más allá del discurso formal, en los supremos intereses nacionales, y si no aclara a la sociedad que la obtención de mayores recursos jamás podría divorciarse de una justa redistribución del ingreso por la vía impositiva.
Y cuidadito estas medidas de obligada consecuencia gubernamental, o reforma tributaria DIFERENTE a todas las experiencias anteriores, resultan sustituidas de facto por favores de “concertación patriótica” o “negociaciones plurales”, donde cada concesión a selectos grupos económicos tarde o temprano se traducirá en mayores estocadas a la equidad social. Si como todos sabemos que Dios y el diablo jamás podrían abrazarse, en materia fiscal este dogma de fe adquiere dimensiones de bendito axioma.