Opinión

Transparencia en la gestión del sector público de Nicaragua


El 15 de noviembre de 2006, en el marco de la 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por Transparencia Internacional, los presidentes de Centroamérica firmaron en la ciudad de Guatemala una declaración en la que sus gobiernos se comprometían a adoptar medidas y realizar acciones que para el año 2010 contribuyan a combatir la corrupción de manera más efectiva.
Mi primera reacción ante la firma de esa declaración fue pensar que verdaderamente el gobierno del presidente Enrique Bolaños había hecho más que ningún otro gobierno en la historia reciente de Nicaragua para poner la lucha contra la corrupción como una agenda nacional. Pero también pensé acerca del hecho de que existe paradójicamente una percepción generalizada que la corrupción ha alcanzado tal magnitud y nivel de institucionalización, que la firma de esa declaración se daba en un contexto de decepción ciudadana y de fuertes dudas por los esfuerzos y resultados del gobierno actual por combatir este mal.
En efecto, es incuestionable que hoy en día los ciudadanos y ciudadanas sienten que la corrupción en la actualidad es casi tan onerosa e impune como en los tiempos del presidente Arnoldo Alemán. Onerosa tal vez por el hecho de que aún existe una situación objetiva en la que aprovecharse de los bienes públicos para beneficio personal es algo que en este gobierno y en los demás poderes del Estado no dejó de ser visiblemente recurrente.
Además, la gente en estos años comenzó a entender que la corrupción no era un asunto sólo de robar, sino también de ética. Ética para asumir y delinear políticas que redujeran las brutales desigualdades en la distribución del ingreso. Ética para no crear una nueva casta de funcionarios que administraron la cosa pública pensando más en rendir cuentas a los donantes y bancos que completan el treinta por ciento del Presupuesto General de la República, y no a los ciudadanos que con sus impuestos asumen el setenta por ciento de lo que se gasta en cada una de las instituciones del Estado. Mas aún, para muchos la lucha contra la corrupción del presidente Bolaños sufrió un fuerte descrédito al percibirse que fue más enérgica cuando se trataba de descubrir, perseguir y castigar los actos de corrupción de sus enemigos políticos.
Impune en términos de que el ciudadano promedio también percibió y entendió que la lucha contra la corrupción del presidente Bolaños se enmarcó en un modelo de gestión política y administrativa --partidos políticos, parlamento y Poder Judicial-- enemigo de la rendición de cuentas. Es claro en este sentido que los nicaragüenses vieron y entendieron las consecuencias de un sistema sin voluntad política de procesar y condenar a quienes abusaron de los recursos públicos en favor propio o de los crecientes grupos paralelos de poder que organizan y desorganizan el Estado a su gusto y antojo.
También indicaba que la firma de la declaración por parte del presidente Enrique Bolaños generaba dudas, pues en ese momento era acompañado por un funcionario de alto nivel de su gobierno que de los cinco años de gestión del presidente, cuatro los pasó siendo acusado por abusos en sus diversas funciones como servidor público. Y esto es un tema importante. La corrupción, además de combatirse con la creación de instancias gubernamentales y estatales que regulen más el ejercicio de la función y la administración pública, tiene que ver con asunto de percepción y confianza ciudadana. Sin dudas, podríamos valorar como positivas las diversas instancias que durante esto cinco años han sido activadas y reforzadas para prevenir y combatir la corrupción: la oficina de Ética Pública, la Dirección General de Contrataciones, etc. Pero al final de cuentas la percepción es fundamental en la credibilidad de las políticas públicas y en la aceptación que tiene el ciudadano sobre las estrategias anticorrupción.
Un gobierno que se compromete en organizar políticas públicas que promuevan un ambiente pro transparencia en el Estado se desgasta dramáticamente cuando es percibido como excesivamente tolerante con funcionarios que son recurrentemente acusados de malos manejos en el ejercicio de sus funciones. La confianza ciudadana en ese gobierno decae y se genera un ambiente en el que se percibe que la corrupción no puede ser combatida, y que lo mejor sería afiliarse a grupos de poder que tienen capacidad de sacar ventajas ilícitas en provecho de sus intereses partidarios o corporativos. Se refuerza así el círculo vicioso del caudillismo y el clientelismo ante la incapacidad del Estado de resolver conflictos de no transparencia, corrupción y conflictos de intereses.
La firma de esa declaración, y los siguientes tres días en que organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo compartimos lecciones aprendidas y experiencias exitosas combatiendo la corrupción, me llevó a reafirmar que más allá del esfuerzo del sector público estatal por asumir el combate contra la corrupción como un asunto de interés nacional, es importante continuar reforzando el modelo de gestión ciudadana que genere, sin duda alguna, un ambiente de menos tolerancia al fenómeno de la corrupción. Un modelo que a como bien lo han planteado nuestros socios de la Red “Probidad” refuerce las ideas de: i) la participación en la vigilancia y evaluación de las políticas y presupuestos públicos, ii) la rendición de cuentas de lo que los funcionarios públicos hacen y dejan de hacer con el dinero de los contribuyentes, iii) el derecho de información de toda actividad pública que sea planificada y ejecutada con los recursos provenientes o financiados por nuestros impuestos, y reglas claras que minimicen las excepcionalidades en la rendición de cuentas, definan criterios claros públicos y accesibles en la toma de decisiones, y que ubiquen y apliquen inequívocamente las sanciones para quienes incumplan las reglas del juego.

*Javier Meléndez Quiñónez es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.