Opinión

Lograr incremento de riqueza con sentido distributivo


El 10 de enero se abrió un nuevo capítulo para Nicaragua con el regreso de la izquierda al poder, y cerramos un capítulo de 16 años con tres gobiernos de derecha cuyos logros se centran en temas macroeconómicos como estabilidad monetaria y de tipo de cambio, incremento sustancial de exportaciones, reducción significativa de la deuda externa, restablecimiento de relaciones con los organismos multilaterales y un mayor dinamismo de la economía de mercado. Quedaron pendientes en la agenda los temas más sensibles y de mayor impacto social como la reducción del desempleo y la pobreza. Aunque no es justo cargarles a estos tres gobiernos toda la factura del problema económico y social debido a la ruina económica que heredaron de la revolución, tienen una cuota alta de responsabilidad porque no fueron capaces de evitar la corrupción, que desvió cuantiosos recursos que pudieron invertirse para el alivio de la pobreza, y desarrollaron políticas económicas excluyentes, sin ningún contenido social, en beneficio propio y de los más pudientes.
Hoy que inicia este nuevo capítulo, el gobierno de turno tiene la gran oportunidad de montarse sobre lo ya avanzado e implantar políticas económicas que logren mayor desarrollo, pero con una orientación más distributiva en beneficio de la gran masa pobre de este país. Sin embargo, se debe entender claramente que no se puede luchar contra la pobreza atacando al que genera la riqueza, el cual fue uno de los mayores errores en el período revolucionario y por esa causa terminaron repartiendo miseria. En este sentido, el nuevo gobierno tiene el reto de encontrar el difícil y reñido equilibrio entre políticas para impulsar la generación de riqueza y políticas de distribución de la misma.
A continuación aporto algunas consideraciones importantes para avanzar hacia este objetivo:
* Las decisiones en materia económica deben ser pragmáticas y al margen del viejo debate ideológico entre mercado y Estado, centro y periferia o economía planificada contra economía de mercado. El objetivo debería apuntar a fortalecer al Estado y al mismo tiempo hacer más eficiente el mercado. El Estado debe ser capaz de incentivar la economía de mercado si se desea generar más riquezas para distribuir.
* Es condición indispensable la transformación del sistema judicial y legal que garantice el Estado de Derecho, principalmente los derechos individuales y de propiedad que establezcan un clima propicio para atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras, que al fin y al cabo es lo único que genera riquezas.
* El Estado debe centrarse en buscar alternativas de lucha contra la pobreza, sin menoscabo de la eficiencia del mercado y sin afectar a los que generan empleo y riqueza. La política fiscal juega en este sentido un papel muy importante porque es una de las palancas más efectivas para la distribución de riqueza. Se debe manejar esta política con mucha responsabilidad, porque de nada sirve que un mal manejo de ella desestabilice el sistema de precios y origine tasas altas de inflación que se convierten en un impuesto injusto cuyo mayor costo, está demostrado, recae sobre los más pobres y se termina perjudicando al sector que se quiso beneficiar.
* Todo el aparato estatal debe buscar como objetivo fundamental el desarrollo de la capacidad productiva principalmente de las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales, quienes generan el mayor número de empleos. No es creando bancos estatales de fomento, que al final terminan siendo reductos de corrupción, que se va a impulsar la capacidad productiva. Tampoco regalando el crédito a tasas ridículas que nada tienen que ver con los costos de operación. El crédito es un bien como cualquier otro, y pretender incentivar la producción regalándolo es como querer combatir la pobreza y el hambre regalando el arroz y los frijoles (los años ochenta dejaron una amarga experiencia por este error).
* Es más viable apoyar a las financieras privadas, cooperativas de crédito y ONG que ya tienen desarrollada una infraestructura física y humana para llegar con financiamiento a los sectores más pobres. El desarrollo de toda esta estructura de oferta de crédito con toda seguridad daría como resultado tasas más adecuadas para los pobres y oferta suficiente. Es útil recordar el principio básico de que si se pretende bajar la tasa por decreto o incorporando un oferente con objetivos ajenos al mercado, desaparecerían los oferentes legales de crédito y florecerían los oferentes ilegales sufriendo los pobres las secuelas de la usura. De nuevo se afectaría al sector que se quiso beneficiar.
* Está demostrado que el Estado no puede ejercer un papel protagonista en la producción de bienes y servicios y que este papel le corresponde a la iniciativa privada. Más bien el Estado debe complementar, facilitar y desarrollar una nueva relación con la empresa privada, principalmente en el mejoramiento de la infraestructura económica para que en conjunto se obtengan mayores logros en materia económica y social.
* Es responsabilidad del gobierno mantener la relación con los multilaterales, que es de donde viene el mayor flujo de recursos, y continuar impulsando los acuerdos de libre comercio, principalmente el Cafta, y buscar nuevos acuerdos con el sur.
Si el gobierno, por querer impulsar políticas equivocadas de contenido ideológico, desestabiliza los grandes indicadores macroeconómicos como el índice general de precios y el tipo de cambio, seguramente se rompería la relación con los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que son los que más recursos nos proporcionan, y no debemos olvidar que toda nuestra economía, la de ricos, medios y pobres, requiere de una estabilidad macroeconómica para su sostenimiento.