Opinión

Matrículas universitarias públicas versus privadas


Siempre me he preguntado, desde cuando era estudiante, por qué los funcionarios administrativos de las universidades públicas del país, principalmente quienes ofrecen el servicio de primera línea como las cajeras y las registradoras académicas, tratan al estudiante como si le estuvieran haciendo un favor y no prestando un servicio pagado a través del 6%, de donde reciben sus salarios. Esta deficiencia cobra mayor fuerza durante el periodo de matrículas.
Aparte de ello, estos funcionarios se olvidan que la razón social principal de cada universidad son los estudiantes, como dijo el filósofo Alejandro Serrano Caldera: “La universidad sin estudiantes no es universidad”.
El mal servicio quizás no viene con insultos verbales --sería el colmo-- pero sí es un insulto que al estudiante se le haga perder medio día haciendo fila para poder matricularse, ya que si no realiza su inscripción en el calendario establecido, en orden alfabético, éste tendrá que pagar después una multa del 40% equivalente a su matrícula. Señores, ¿cómo se llama esa medida?
Asimismo, son insultos que al alumno se le entregue un recibo ordinario escrito con lapicero, en vez de ser impreso en computadora y que éste tenga que hacer otra fila para tomar nota de los horarios de clases publicados en la pared, así como que el estudiante aun pagando su carné tenga que ir otro día a gestionarlo porque no hay capacidad para que el área de Registro Académico se lo entregue ese mismo día. Léase esto como otra pérdida de tiempo.
Ahora, si comparamos el servicio de las matrículas que brindan las universidades privadas --aquellas que gozan de acreditación universitaria centroamericana y que están reconocidas por el CNU-- estas situaciones no suceden, primero porque el alumno no hace fila; segundo, tiene un calendario más flexible para matricularse y tercero, cuando se matricula se le entrega su recibo de matrícula en una hoja impresa en computadora y su horario de clases. Igualmente en minutos se le entrega su carné de estudiante, eso desde luego le ahorra tiempo.
No obstante, lo que sucede es simplemente que las universidades privadas están claras de que el estudiante es la razón de ser de las mismas y que por ende, a éste se le debe tratar con deferencia; en cambio los funcionarios de las universidades públicas lo miran como masa y no como fin, olvidando que a cada estudiante se le debe tratar dignamente a como establece la Constitución, ya que antes de ser estudiantes son seres humanos.
Un estudio sobre el financiamiento de la educación superior en Nicaragua, publicado en la página de la Unesco, señala que el servicio administrativo en las universidades que reciben recursos del Estado corresponde a 18 funcionarios por un alumno versus 34 funcionarios por alumnos en las universidades privadas. Esto pone en evidencia el tortuguismo y burocracia del sistema público.
Sin embargo, estoy seguro de que muchos dirán que el servicio de matrícula en las universidades públicas es mejor por los aranceles que se le cobra al estudiante. Eso es debatible, porque hay que recordar que de acuerdo al Banco Central, el costo promedio de un estudiante en una universidad privada es de US$5,771, mientras que en una universidad privada y que recibe recursos del Estado --lo que se conoce como universidad subvencionada-- el estudio le cuesta pero al Estado US$21,400. En cambio un estudiante de una universidad pública le cuesta al Estado 950 dólares al año, pero esa cantidad tiene su efecto multiplicador porque sencillamente en este sistema hay más demanda de estudiantes.
Para muestra un botón, sólo la UNAN-Managua alberga más de 23 mil estudiantes, por ende es una de las universidades que recibe más presupuesto dentro del pastel del 6%. Y en suma la matrícula de este sector representa el 48%, según el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Partiendo de esa realidad podemos ver que no se trata de ingreso, sino de eficiencia y eficacia en cuanto al servicio brindado al estudiantado en el sistema de la educación superior.
Por ello invito a todo aquel estudiante que exitosamente este año logró entrar al sistema de educación superior público a que haga valer su derecho constitucional ante cada funcionario --docente o administrativo-- y exija que se le trate al igual que al estudiante de la parte privada de la misma universidad estatal, pero que para callar a la opinión pública han dividido el campus por medio una malla o muro.
Para concluir debo manifestar enfáticamente, haciendo uso de las palabras del gran educador Juan Bautista Arríen, que “los niños son lo que es su educación, la universidad es lo que es su educación, el país es lo que es su educación”, porque la educación es la fuente del desarrollo de todos los pueblos.
*El autor es periodista y responsable de prensa de UCC