Opinión

Cuál Estado laico


Debo confesar que creí agotada mi capacidad de sorprenderme. De todo hemos vivido en Nicaragua. Mencione cualquier tragedia natural y seguro que está en nuestros anales, y de política ni hablar. Pero estaba equivocado y los nuevos gobernantes se han encargado de demostrármelo.
El dos de febrero me quedé perplejo frente a la televisión. El Presidente de la República junto a su señora esposa visitaban al cardenal Obando en ocasión de su cumpleaños. Alfombra persa y uvas, de no sé dónde, como obsequio, se reiteraba ante los ojos del mundo la conversión de los visitantes. Pero no es ese el tema de mi interés, ya que me importa un bledo la creencia religiosa de cada quien, ni es la razón de mi sorpresa. Cual niño bueno y con manifiesta humildad, el presidente Ortega explicaba en detalle a S.E.R. el porqué de la centralización del presupuesto estatal de publicidad en manos de la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, hecho que causaba desde el día anterior hasta hoy una grita prolongada de constitucionalistas, ciudadanos de a pie y medios de comunicación que rechazan tal medida por doblemente ilícita y dudosamente razonable.
Pocas horas después, el Presidente haría pública su propuesta al cardenal Miguel Obando y Bravo para que coordine uno de los tales Consejos creados por su gobierno, ya tan cuestionados en su legalidad y legitimidad. Debo anotar aquí que curiosamente en la página de doña Rosario Murillo en la red, dice: “Solicitamos al cardenal Obando continuar coordinando la Reconciliación y la Paz” (sic).
Y mi sorpresa radica en la celeridad con la que el presidente Ortega está avanzando en hacer añicos el pobre Estado laico que tan pomposamente se declara en la Constitución Política que bajo su Presidencia se promulgó en 1987. Se está desmantelando el Estado por uno confesional, decimonónico y provinciano. Ya hizo lo propio con el FSLN, privatizándolo y desfigurándolo, pero ese es un asunto de los miembros de ese partido.
La Constitución consagra la libertad de creencias religiosas. Y en esa materia, como en otras que atañen a la intimidad, defiendo el derecho de cada quien. El caso es que en la presente situación, la evolución-involución o revolución espiritual que hayan experimentado los actuales gobernantes y que es de su propio interés, está trasladándose a la configuración y práctica del Estado de Nicaragua. Y eso sí me incumbe. Nos incumbe a los ciudadanos nicaragüenses.
Un pretendido cálculo político de los gobernantes aunado a la proyección de lo privado y al ámbito de lo público está deteriorando rápidamente la institucionalidad de Nicaragua. Y esto sólo es posible que camine si quienes conforman las instituciones lo permiten. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen la oportunidad de reivindicar a ese poder del Estado y reivindicarse como políticos sencillamente respetuosos de la ley.
Gobernar por decretos, bases nepóticas en el ejercicio del poder y alianza con la principal figura de la jerarquía católica es una mezcla volátil que amenaza la democracia y --aunque ahora parezca tremendista-- también a la paz.
La libertad y la democracia son valores de la humanidad, pero también son --deben ser-- principios y normas rectoras de la vida moderna en cualquier sociedad que se precie de democrática. Bajo esa lógica el Estado laico debe ser respetado.
Si no, dentro de poco escucharemos que el alma del general José Santos Zelaya deambula penando en la Avenida Bolívar de Managua.
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