Opinión

El estilo presidencial


Los primeros treinta días de gobierno de Daniel Ortega resultan insuficientes para intentar hacer una valoración sobre los alcances de sus planes de gobierno, pero han sido reveladores sobre las tendencias dominantes del estilo presidencial. Me refiero a la forma de gobernar de Ortega, el concepto del poder que promueve y cómo lo ejerce en relación con la sociedad civil y los demás poderes del Estado.
1-Personalismo vs.institucionalidad
Lo primero que sobresale del estilo presidencial de Ortega es la predominancia del personalismo por encima de la institucionalidad. La toma del edificio del “Olof Palme”, propiedad del INSS, para convertirlo en Casa de Gobierno, menospreciando hasta el día de hoy la situación legal del inmueble, se convirtió ya en un rasgo emblemático del nuevo estilo de gobierno. La moraleja es clara: se actúa por las vías de hecho y a posteriori se ajusta la ley a lo actuado. El Presidente ni siquiera se siente obligado a rendir cuentas e informarle al país cuánto ha costado la remodelación del edificio, y un mes después aún sigue despachando campantemente desde la sede de su partido.
Pero si alguien dispensó lo del “Olof Palme” como un capricho personal, o un mero simbolismo para distanciarse la “Casa Presidencial” de Alemán y Bolaños, los primeros decretos de Ortega remarcan la unidad indisoluble que existe entre forma y contenido del estilo presidencial.
El decreto 03-2007 instaurando los “Consejos presidenciales” para impulsar la “democracia de ciudadanía”, sin que se hubiese aprobado la reforma a la Ley 290, y luego la inmediata violación al espíritu de dicha ley ya reformada por el parlamento revelan un desafío frontal ante la autoridad de la Asamblea Nacional y la ley.
Los Consejos de Ortega ignoran y atropellan la institucionalidad surgida con la Ley de Participación Ciudadana, pero además el Presidente incurre en el irrespeto a la ley al continuar implementando su proyecto asignando salarios a los coordinadores que están prohibidos por ley, y al “designar” a su esposa para ejercer cargos de rango ejecutivo, incluso con manejo presupuestario.
Irónicamente, toda esta imposición autoritaria se enmascara como si fuese el advenimiento de la “democracia directa”, y mientras el cuestionado escudo sicodélico del gobierno proclama como lema oficial de la nación “el pueblo Presidente”, en la práctica Ortega y su esposa ejercen el poder con exclusividad. Agréguese a esto el particular estilo errático y pendular de Ortega y su inclinación “salomónica” a la hora de tomar decisiones cuando existen diferencias entre sus ministros y asesores, y el resultado es una Presidencia con un bajo nivel de capacidad ejecutiva.
2--De la DN del FSLN al régimen “Ortega-Murillo”
Si durante su primera presidencia (1984-1990), Ortega estaba obligado a compartir las decisiones cruciales de su gobierno con la Dirección Nacional del FSLN, ahora no existen contrapesos de parte del liderazgo partidario. El único factor de poder que coexiste a la par de Ortega es su esposa Rosario Murillo, al extremo que si ante la DN Ortega operaba como un primo inter pares, frente al poder de su esposa más bien luce como un “segundo entre iguales”.
¿Cómo clasificar la naturaleza de este nuevo gobierno, que se autollama de unidad y reconciliación? Definitivamente, no es un gobierno del FSLN como el régimen de los 80. Tampoco es un “gobierno Ortega” en el sentido estricto, pues la realidad desborda diariamente esa definición. Por eso, el concepto que mejor describe lo que estamos presenciando es el de un gobierno “Ortega-Murillo”. Un régimen de poder personalista, frente al cual el Frente Sandinista es sólo un instrumento ejecutor, una correa de transmisión, cuya institucionalidad partidaria está sometida a la voluntad de la pareja presidencial.
Si en los regímenes estalinistas, el Secretario General terminaba concentrando el poder delegado por el partido en el Comité Central, en este régimen personalista la pareja Ortega-Murillo y su familia centralizan el poder y la legitimidad del voto emanada de las urnas, con la bendición del cardenal Obando.
Un ejemplo que ilustra el proceso de toma de decisiones bajo el régimen Ortega-Murillo es lo que ha ocurrido con la penalización del aborto terapéutico. La decisión de penalizar nunca fue discutida por alguna instancia decisoria o consultiva del FSLN; simplemente se le impuso a la bancada del FSLN por voluntad de la pareja presidencial para sellar una alianza con la Iglesia Católica en el cierre de la campaña electoral.
Concluida la elección, es evidente que la mayoría de los ministros, asesores, magistrados, diputados, cuadros y bases del FSLN desaprueban la penalización del aborto terapéutico por considerarla un retroceso contra los derechos de las mujeres, con graves consecuencias para la salud pública, al incrementar las muertes maternas. Todos lo reconocen en privado, pero ninguno se atreve a denunciarlo en público. El silencio y la intimidación se están imponiendo como norma de conducta política, anulando toda posibilidad de debate democrático en el FSLN. Y la experiencia histórica sobre esta clase de liderazgos mesiánicos enseña que sabemos cómo empiezan, pero no podemos predecir hasta dónde llegarán sus extremos para justificar el autoritarismo en el poder.
Otro elemento consustancial del estilo presidencial radica en el secretismo, la falta de información pública y el control de la información. En treinta días se ha sembrado la semilla de un proceso que inexorablemente conduce al intento de someter a la prensa crítica e independiente. El control y la centralización de la publicidad estatal bajo un solo mando político es un acto que afecta directamente a los medios de comunicación. Pero la ciudadanía debe entender que la libertad de expresión no es un patrimonio exclusivo de los periodistas, sino un valor supremo de la democracia que debe ser defendido por todos.
3-¿Plan de gobierno, o un proyecto político de poder?
En sus primeros actos de gobierno, el presidente Ortega ha definido prioridades que merecen el apoyo de todos: austeridad para los altos funcionarios públicos, gratuidad de la educación y la salud y un plan de ayuda para las familias campesinas pobres. Estas tres prioridades representan el sello más positivo de su gestión. Sin embargo, aún no ha presentado un plan comprensivo de gobierno, o una estrategia que asegure la generación de empleo y la sostenibilidad de sus políticas sociales.
Lo único claro es que hay una apuesta estratégica derivada de la alianza política con la Venezuela de Chávez, para que Nicaragua se convierta en beneficiaria de un programa extraordinario de ayuda económica. Un paquete multimillonario que pondrá a prueba la capacidad y eficiencia del gobierno para canalizarlo sin alimentar el clientelismo y la corrupción. ¿Pero, además, cómo crecer por encima del 6% u 8%, cómo promover la inversión de forma masiva, y a la vez combatir las profundas desigualdades sociales? ¿Se atreverá Ortega a impulsar a fondo una reforma tributaria para atacar la desigualdad, o acaso apuesta a que los fondos de Venezuela le permitirán financiar el incremento en el gasto social y la inversión pública, obviando la necesidad de hacer reformas estructurales?
No hay respuestas para estas interrogantes, porque aún no existe un programa o estrategia de gobierno. Mientras tanto, vivimos la paradoja de un gobierno que habla en nombre de los pobres, pero corteja a los grandes empresarios como ciudadanos de primera clase, ignorando a un amplio segmento de sujetos sociales que se ubica entre esos dos polos extremos. Un ejemplo: mientras al gran capital nacional e internacional se le concede una relación privilegiada, a las microfinancieras que atienden al sector agropecuario y la pequeña producción rural se les descalifica como “usureros”. Pareciera que no hay voluntad de tolerar a intermediarios independientes con capacidad de influencia social, pues se presume que tales espacios deberían ser monopolizados por el gobierno y sus grupos afines para extender su clientela política.
Y así empieza a perfilarse con más claridad la existencia de un proyecto político de acumulación y concentración de poder hacia 2011, en el que bajo el lema de la política antipobreza se esconde un estilo autoritario de restricción de la democracia. Contrario a la imagen que Ortega vendió en la campaña electoral de un Presidente que deseaba reivindicarse ante la población por los errores de su gestión en los años ochenta, las señales que ahora se transmiten son las de un caudillo que necesita más de cinco años para llevar a cabo su labor redentora. Pero esto supone que el FSLN deje de ser un partido minoritario del 38% y se convierta en una mayoría hegemónica del electorado, para obtener un mandato plesbicitario. Por lo tanto, en la agenda inmediata de Ortega están proscritas las reformas institucionales que se necesitarían para apuntalar la inversión a largo plazo. Por el contrario, lo que está planteado es la renovación del pacto, una nueva reforma constitucional y una eventual constituyente, y en la que todos los caminos conducen a la reelección presidencial.
Mantener dividida a la derecha, manipulando el caso judicial de Arnoldo Alemán, ha sido hasta ahora la clave de la estrategia de Ortega. En la acera de enfrente, en ese mundo diverso y fragmentado del 62% del electorado, es imperativa una concertación política con la sociedad civil bajo la bandera de la profundización democrática. Sólo así podrá frenarse el impulso autoritario del nuevo régimen, encauzar las iniciativas gubernamentales que benefician a la población, y de paso sentar las bases de una verdadera oposición.