Opinión

Entre la indicación terapéutica y el estado de necesidad


Hace algunos años escribí unas líneas relativas al penoso caso de una niña que producto de una violación resultó embarazada; dicho suceso, conocido popularmente como el caso de la niña Rosa, propició en aquel entonces la dicotomía entre la penalización o despenalización del aborto terapéutico establecido como eximente específica en nuestra legislación penal. En la actualidad el debate está nuevamente abierto; sin embargo, el tema se enfoca exclusivamente entre los ámbitos religioso, ideológico y político. La ciudadanía manifiesta su preocupación porque considera que con la derogación del aborto terapéutico se les exige a las mujeres llevar la gestación hasta sus últimas consecuencias, con independencia de si ponen en peligro su propia vida.
Algunas legislaciones han establecido lo que la doctrina denomina “indicaciones” en el aborto, es decir, aquellos casos en los que el aborto está legalmente permitido (indicado), sea porque el embarazo es producto de una violación (indicación criminológica), porque el feto padecerá de graves taras físicas o psíquicas (indicación eugenésica), o cuando el feto representa un peligro grave e inminente para la vida de la madre (indicación terapéutica). De todas estas indicaciones nuestro legislador solamente previó la del aborto terapéutico, lo que no obsta a buscar otro fundamento en virtud del cual se exima de responsabilidad penal a las personas involucradas en un aborto llevado a cabo para salvar la vida de la madre.
Me refiero al denominado estado de necesidad regulado en el Código Penal nicaragüense (art. 28,6 CP). Parece que nadie se ha percatado de que si el legislador reguló el aborto terapéutico fue precisamente para garantizar una mayor seguridad jurídica, pero insisto, ello no es óbice para que la figura del estado de necesidad pueda aplicarse en estos casos siempre que concurran los elementos esenciales. Mas aún, en los sistemas penales como el nuestro, en el que coexisten tanto el estado de necesidad como la indicación terapéutica, se discute la existencia de un concurso de leyes entre ambas figuras, ya que se entiende que en los casos en que el embarazo representa un grave peligro para la vida de la madre caben, en principio, ambas alternativas, aunque dada la especialidad de la indicación terapéutica debe aplicarse ésta como ley especial (lex especialis).
La lectura de esta disyuntiva nos conduce a afirmar que la aplicación del estado de necesidad es subsidiaria cuando el aborto terapéutico está admitido en la legislación penal, pero cuando no es así, entonces es posible recurrir al estado de necesidad para justificar la interrupción de un embarazo que pone en grave peligro la vida de la embarazada.
Esperemos que ahora no se proponga también la derogación del estado de necesidad, que implica un logro irrenunciable en la ciencia jurídico-penal.
*Becario predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia español.