Opinión

Ley de acceso y rendición de cuentas


La construcción de la democracia en Nicaragua es la distancia más larga entre dos puntos. Desde que presenté el primer borrador de la Ley de Acceso a la Información Pública por invitación expresa de Ética y Transparencia y continuó su perfeccionamiento en el seno de la Fundación Chamorro, han transcurrido más de tres años, un tiempo demasiado extenso cuando se tiene vocación democrática y existe decisión política para implementar un instrumento jurídico sobre el cual diversos actores, incluyendo los mismos legisladores, que contaban con su propia propuesta, han manifestado de manera reiterada su beneplácito y anuencia por aprobarla.
Desde entonces el borrador ha sido objeto de una mejoría sustantiva. Entre sus artífices destacan la Fundación Chamorro, el Ipade, distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno anterior (siendo su mayor y más entusiasta impulsora Mignone Vega), el Centro Carter y los diputados de la Asamblea Nacional. El dictamen favorable es del 12 de julio de 2006. Se abrigó la certeza de que sería aprobada a finales del año recién finalizado. Entonces expresé que la ley sería objeto de discusión hasta en la próxima legislatura, es decir, la actual. Confío en no equivocarme.

Ley con grandes méritos
La Ley de Acceso a la Información Pública tiene entre sus grandes méritos lo establecido en el artículo primero, que garantiza y promueve el acceso no sólo a las entidades e instituciones públicas, también impone esta obligación a las sociedades mixtas, a las subvencionadas por el Estado y a las instituciones que administren o manejen recursos públicos o sean concesionarias de servicio público. La disposición contenida en este artículo es crucial, impone obligaciones a organizaciones de carácter privado que reciben dinero del erario, así como a quienes prestan servicios públicos en carácter de concesionarios. Para lograr una verdadera efectividad en el acatamiento de lo dispuesto en la ley hace falta, mucha falta, la generación de una nueva cultura, cuya promoción para su apropiación de parte de la ciudadanía queda contenida en el mismo cuerpo jurídico (Capítulo VIII, artos. 42, 43 y 44). Esta dimensión jurídica impone la participación del Ministerio de Educación, las universidades públicas y privadas y los institutos técnicos.
El otro gran logro de esta ley radica en su concepción y definición de lo que debe entenderse como información pública. La largueza con que es conceptualizada es meritoria (Art.4, inciso K). Se entiende como tal toda la información en manos del Estado, con excepción de la información reservada y confidencial. Un paso adelante en relación a lo dispuesto en otras leyes similares en América Latina. Esta concepción convierte a la ley en una ley moderna y de gran alcance.
Otra virtud que merece destacarse es la amplitud con que fue concebida. Contrario a lo dispuesto en otras legislaciones del subcontinente americano, que restringen su aplicabilidad únicamente al Poder Ejecutivo, el anteproyecto nicaragüense considera como entidades o instituciones públicas a los cuatro poderes del Estado con sus dependencias, organismos adscritos o independientes, así como a los entes autónomos y gubernamentales, incluidas sus empresas, las municipalidades y los gobiernos autónomos de la Costa Caribe con sus dependencias, empresas y entidades establecidas en la Constitución, (Art. 4, inciso C).
Estamos frente a una ley que abarca al conjunto de poderes estatales e incluye como instituciones responsables de brindar información a la ciudadanía, a las entidades mixtas o privadas concesionarias de servicio público y a las personas de derecho público y privado que actúen en apoyo de las entidades antes citadas y reciban recursos provenientes del Presupuesto General de la República sujetos a rendición de cuentas (Art. 4. inciso D).
En virtud de lo anterior, creo que sería pertinente reformular lo dispuesto en el Arto. 21, que se refiere a las entidades privadas y le impone la obligación de publicar de oficio y de mantener a disposición de la ciudadanía cierta información básica. El inciso A de la ley sólo contempla esta obligatoriedad para las instituciones que reciben concesiones, licencias, permisos o autorizaciones que les fueran otorgadas, sus bases y contenidos.
Habría que imponer esta responsabilidad a las entidades que perciben dinero en carácter de subvención o administren recursos públicos. La sanidad financiera del Estado impone esta obligatoriedad. Nadie que administre recursos ciudadanos debe quedar sujeto a las eventualidades que impone la discrecionalidad. Si la modernización del Estado y de la política en Nicaragua pasa por la necesidad insoslayable de la rendición de cuentas, para que el país no continúe sujeto de los caprichos de los funcionarios, lo que de hecho abre también las puertas a la corrupción, el freno que debe imponerse a los beneficiados con recursos del erario debe ser transparente, para poder ser objeto de una fiscalización permanente de parte de la ciudadanía.
El Arto. 22 debe reformularse. Las entidades públicas, dice la disposición, “están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información a la que se refiere el presente capítulo”. Lo lógico es que la ley disponga de una vez por todas cada cuánto tiempo deben actualizar su información las entidades públicas y privadas. Ésta es una concesión o una discrecionalidad que atenta contra el mismo espíritu de la ley. ¿Qué deberán entender por periódicas las entidades a las que se hace mención? ¿Un mes? ¿Un trimestre? ¿Un semestre o un año? La ley debe ser clara y explícita en cuanto a los términos o plazos en que la información debe actualizare. No vaya a ser que ocurra lo que acontece con algunas páginas Web, que pasan meses sin renovar la información que ofrecen a los ciudadanos.
Otro enorme mérito de la ley es lo dispuesto en el Arto. 24, que fija la obligatoriedad de que en cada reunión de las “entidades públicas en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales”. Esta determinación permitirá conocer la manera en que las instituciones aludidas toman sus resoluciones. Ya es tiempo de que el ciudadano común conozca las razones que están a la base de las decisiones tomadas por quienes están al frente de las instituciones públicas. Otra manera de volver más transparente la gestión pública. Esta disposición generaría confianza entre la ciudadanía.
Considero pertinente revisar lo dispuesto en el inciso D del Arto. 28, que alude a los plazos y razones por las cuales éstos pueden ser ampliados en la entrega de la información solicitada, cuando establece que dicha información “necesita de un análisis previo por considerarse que está comprendida en las excepciones establecidas en esta ley”. Conviene confrontar lo dispuesto en el Arto. 16, que de manera clara y pertinente establece que la información tenida como reservada “deberá indicar la fuente de información, la justificación por lo cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación”, con el añadido lógico de que toda información o las partes de una información “que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público”. Para tornar armonioso el cuerpo discursivo de la ley y tensar el funcionamiento de los servidores públicos es que se establece esta disposición. Hay que evitar que por falta de pericia, agudeza, eficiencia o conocimiento del servidor público se incurra en el desliz que anticipa lo dispuesto en el artículo 28 inciso D. Llamando las cosas por su nombre, esta disposición propicia que los funcionarios reclasifiquen información que en su momento no se tuvo como reservada. Hay que poner un candado a la discrecionalidad.

Eliminar incisos del desacato
Por último, en el artículo 38 se insiste en penalizar con la figura del desacato al funcionario que no acate una sentencia de la Sala Contencioso Administrativo. En diferentes momentos y en consecuencia con lo lesivo que resulta para el ejercicio de la profesión periodística, hemos insistido que en el delito de desacato debe desaparecer lo dispuesto en el Arto. 347 incisos uno y cuatro del Código Penal vigente. Estando en proceso de discusión un nuevo Código Penal debemos considerar que esta figura no aparece como tal. Es sustituida en el Título II. Faltas contra el orden y la tranquilidad pública. Capítulo primero. Desobediencia a la autoridad por disposiciones similares contenidas en los artículos 504 y 507, que de una u otra manera persisten en disfrazar dicha figura con otro nombre pero con las mismas consecuencias funestas para el ejercicio de la profesión. Esperamos que los legisladores comulgantes con la libertad de expresión modifiquen esta disposición.
Entramos al siglo XXI con la perspectiva de abrir las puertas de la administración pública a la ciudadanía. Un paso trascendental que no debe continuar retrasándose. Como dije en su momento, la gran ganadora ante la promulgación de esta ley es la misma clase política, que requiere de algo más que de un gesto para restituir la credibilidad perdida ante el conjunto de la sociedad nicaragüense. ¡La hora de la rendición de cuentas llegó para todos!