Opinión

¿Cómo hacerlo?


Creo no equivocarme al afirmar que la mayoría de los nicaragüenses --incluso quienes no votamos por él-- quisiéramos que Daniel Ortega hiciese una buena gestión presidencial. Con independencia de las discrepancias que tengamos con él respecto a cómo ha conducido al FSLN y la política de oposición en el país, yo al menos pienso que él sí quisiera hacer algo contra la pobreza y quisiera dejar al país mejor que como lo encontró. El problema entonces no es que dudemos de sus intenciones, sino que él parece creer --a juzgar por el sarcasmo con que descalificó y sigue descalificando las preocupaciones de la ciudadanía-- que para lograr hacer un gobierno en beneficio del pueblo, lo primero que tiene que hacer es garantizar que nadie se meta en lo que él quiere hacer. Desafortunadamente, bien dice el dicho que “de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno”. Y los nicas no queremos llegar al infierno. Si de algo se tratan los esfuerzos críticos --y ojalá pudiera entenderlo así este gobierno que se dice de reconciliación-- es de contribuir como ciudadanos a mostrarle al Presidente por qué un sector de su pueblo --no porque lo cuestionemos somos menos pueblo que quienes lo vitorean-- pensamos que antes de seguir jalando compulsivamente toda el agua para su molino, le haría bien considerar si esto es lo que más le conviene a su esfuerzo. Tendría que detenerse un poco a meditar en las maneras de crear consenso, de apuntalar y no debilitar la democracia. Sólo así podrá evitar que el gobierno de unidad que él quería hacer termine siendo el gobierno de los UNIDOS, o sea de los unidos sólo entre ellos.
Y es que el rumbo de los acontecimientos en la última semana sigue indicando la clara voluntad de su gobierno de imponer sobre la aún frágil institucionalidad nicaragüense una superestructura llamada a consolidar y amurallar su poder personal. La Asamblea podrá haber dicho que los Consejos eran “consultivos”, pero la realidad está pintando muy diferente, como se evidencia por el traspaso del presupuesto ministerial de publicidad a madame Murillo. Quien piense que los ministros se van a sentar con ella sin que ella los dirija --como parece pensaron la mayoría de los diputados liberales que aprobaron ese esquema-- está optando por negar las evidencias del poder asignado por el Presidente a su esposa.
Esa delegación presidencial que adjudica a la Primera Dama --violentando la Constitución-- una posición de autoridad real indiscutible tendría que ser cuestionada por los encargados de velar por nuestra Carta Magna.
No es aceptable ni recomendable que quien vaya a ejercer todas las atribuciones que a ella se le asignaron no tenga una posición oficial, ni un salario, pues de ser así, estamos hablando de una persona que por no ser funcionaria del Estado, no tendrá que rendir cuentas de sus responsabilidades ante la sociedad; una persona que sólo responderá al Presidente, o sea a su esposo: eso es nepotismo y es precisamente lo que quiere evitar la Constitución al inhibir a parientes y allegados de ocupar funciones en el gobierno. Aunque lamentablemente señalar esto no sirva para mucho, al menos tenemos que estar claros de que así no debe funcionar un Estado.
Quisiera saber yo cuántos de los que me atacarán por decir esto hubiesen aceptado sin chistar una posición similar para María Fernanda en el gobierno de su marido. Rosario podrá ser muy capaz, pero ella está sentando un precedente para todos los presidentes que quieran poner a sus esposas a cogobernar con ellos, y eso no pinta bien para el futuro de nuestro país, que va más allá de este gobierno.
Tampoco pinta bien, ni se justifica, que, con el argumento de ahorrarle dinero al Estado, el presupuesto de publicidad de los ministerios sea centralizado por un Consejo (consultivo por demás). En primer lugar, si de ahorrar dinero se tratase, habría que haber empezado por usar la casa presidencial y no incurrir en el costo millonario que significará rehabilitar el “Olof Palme”. Podría este gobierno haber tenido una ceremonia de inauguración modesta en el estadio, como lo han hecho todos los demás presidentes, y no el despliegue en la Plaza de la Fe que, sin lugar a dudas, costó varios millones. En segundo lugar, hay que ver que el control político del presupuesto de publicidad del Estado afecta no sólo la autonomía de los ministerios, sino --y que nadie se llame a engaño-- la libertad de prensa. Pensemos para qué se usa ese presupuesto: en gran parte para comunicaciones puntuales a la población (¿tendrán los ministros, como niños díscolos, que lograr aprobación para sus avisos de las fechas de pago de impuestos, las licitaciones del Ministerio de la Construcción, campañas para ahorrar agua, luz, anuncios de vedas, de cortes de agua, de disposiciones administrativas? A simple vista se revela lo absurdo de la medida en términos prácticos); pero es que hay que ver que esas erogaciones necesarias del Estado las manejan usualmente agencias de publicidad que son las que se relacionan directamente con los ministerios y luego distribuyen el presupuesto entre los diferentes medios. Si la señora Murillo decide castigar a un medio por crítico, puede, a través de las agencias que se benefician de las cuentas del Estado, hacer presión sobre éstas para que, si es que quieren conservar el cliente, no le pauten a un medio no sólo los anuncios del gobierno, sino otros anuncios comerciales. O sea que estos presupuestos sí se pueden convertir en instrumentos de presión sobre los medios (ya ha sucedido en el pasado) e incidir de forma real en la libertad de prensa. Ese mecanismo de control en manos de la persona más allegada al presidente no augura ni ahorro, ni objetividad y no puede dejar de verse --y ojalá los diputados pongan su barba en remojo-- como otra muestra del afán de control que ha sido la pauta marcada por esta Administración desde su primera semana de ejercicio.
Debe ser difícil, obviamente, teniendo el poder, aceptar las limitaciones que significa gobernar dentro de una democracia. El reto que la democracia --de cualquier estilo--
representa para la voluntad de un gobernante es que implica controles y la necesidad de crear consensos. El gobernante no sólo está obligado a consultar sus propuestas y acciones, sino que debe someterse al control que sobre su poder ejerce la población a través de las instituciones. El fin de la monarquía y el surgimiento de la república marcaron el agotamiento de la autoridad ejercida de manera vertical. El rey no necesitaba contar con sus súbditos para gobernar. Gobernaba con sus asesores y se cumplía su voluntad. El rey no tenía que atrasar sus órdenes para consultarlas con nadie. Se ejecutaban y punto. Que a un pueblo le fuera bien o mal dependía enteramente de la calidad humana y la capacidad de liderazgo del rey. Un buen rey era una bendición; un mal rey, lo contrario. Frente a esa autoridad real --que se consideraba emanada de Dios y por tanto se heredaba de acuerdo a la consanguinidad-- nadie tenía recurso. La arbitrariedad de este sistema personal y absolutista fue lo que a la postre lo condujo a su fin y relegó a la nobleza y a las monarquías a una función formal o decorativa, como bien se aprecia en las páginas de la revista HOLA.
La democracia moderna se basa en el principio de que ningún ser humano puede tener poder absoluto sobre otros, precisamente porque no hay garantías de que actúe según la conveniencia de la mayoría. Al contrario, se presume que cualquiera que ejerza el poder fácilmente puede cegarse y equivocarse (de allí aquello de que el poder absoluto corrompe absolutamente) y, por tanto, el pueblo debe crear un sistema que distribuya el poder, que lo equilibre y que controle a todos aquellos que lo ejercen. Éste es el principio esencial de la democracia: no permitir que nadie pueda gobernar guiado únicamente por su voluntad. Esa voluntad tiene que someterse a la aprobación de los representantes del pueblo. El pueblo, una vez que otorga esa aprobación, si es que la otorga, tiene que ejercer una vigilancia estrecha para garantizar que lo que se ejecuta es lo acordado. Para llevar a cabo ese proceso es que se separan los poderes del Estado. Se supone que esa separación es la que permite el control de unos sobre otros. Y así es que hay quienes legislan (Asamblea), quien ejecuta (Presidencia), quienes supervisan que las cosas se hagan de acuerdo a la constitución y las leyes (Corte Suprema), quienes supervisan el proceso por medio del cual el pueblo elige a sus representantes (Poder Electoral) y existe la libertad de prensa que, modernamente, ejerce el famoso “cuarto poder” dotando a los ciudadanos de la información, la crítica y la diversidad de opiniones que les permitan conocer y tener elementos de juicio sobre el Estado y la sociedad.
Como ciudadanos no podemos dejar que nos convenzan de que alcanzar la justicia social requiere la anulación de la institucionalidad democrática. Somos una república, no un reino.