Opinión

¿800 mil niños y niñas fuera del sistema educativo?


Todavía continúa diciéndose en Nicaragua que más de 800 mil niños se quedan cada año fuera del sistema educativo. En realidad, éstas eran las cifras oficiales del propio Ministerio de Educación antes de que se conocieran, en 2006, los resultados del Censo de Población de 2005.
Este dato, previo al Censo de 2005, se calculaba en base a proyecciones de población estimadas utilizando las tasas de crecimiento exponencial intercensal obtenidas a partir de los resultados del Censo de 1995.
Pero los resultados del censo 2005 mostraron una cifra de población total inferior a la que era proyectada en base al Censo de 1995, en unas 400,000 personas. Al parecer, parte importante de esta reducción se concentró en la población infantil, indicando que el país se encuentra en una fase de la denominada “transición demográfica” más avanzada de lo que se esperaba.
Al reducirse la población infantil, en relación a las proyecciones relativas al tamaño de dicha población derivadas de la aplicación de las tasas de crecimiento exponencial calculadas en base al Censo de hace diez años, el resultado es que, dadas las cifras de matrícula reportadas por el MEDC, el número de niños que se queda fuera del sistema educativo se reducirá proporcionalmente a la reducción en el número total estimado de niños.
De esta manera, para el total de niños entre 3 y 18 años, mientras antes del Censo se estimaba que 830 mil se quedaron fuera del sistema educativo en 2005, ahora se calcula que sólo 530.7 mil no fueron atendidos en 2005.
Nótese que el número de niños que se estima que se queda fuera del sistema educativo se reduce en 300 mil, no debido a un aumento enorme en la matrícula, que haya absorbido de una sola vez a los 300 mil niños que constituyen la diferencia entre ambas estimaciones, sino únicamente a que el total de niños con edades entre 3 y 18 años que existen en el país, de acuerdo al Censo de 2005, es menor en 300 mil niños a la cifra que se pensaba que existía a partir de la extrapolación de los resultados del Censo de hace 10 años.
Obsérvese que esto abre una extraordinaria oportunidad para el país, porque el esfuerzo
por incorporar a 530 mil niños al sistema educativo es mucho menor que el de incorporar a 830 mil.
No existe ya más excusa posible para seguir tolerando el hecho de que todos los niños y niñas nicaragüenses no puedan recibir una educación de calidad, cuando el país con la iniciativa HIPC liberó recursos considerables del pago de la deuda externa, cuando los ingresos fiscales se han duplicado y la cooperación externa neta ha aumentado considerablemente en el país con el coeficiente de ayuda externa que quizá sea el más alto del mundo (y cuyo gasto per cápita en educación sigue siendo, injustificablemente, la mitad del de Bolivia y Honduras, dos países tan pobres como el nuestro).
Al mismo tiempo, es evidente que el solo hecho de que no se cobre en las escuelas no asegura, en lo absoluto, que todos los niños y niñas puedan acceder al sistema educativo. Porque el costo que deben asumir las familias pobres para poder enviar a sus hijos a las escuelas no se reduce al pago de matrículas y los cobros mensuales, sino que incluye todos los elementos de lo que se denomina el “costo privado” que ello representa (transporte, vestido y calzado, útiles escolares, etc.). Para las familias muy pobres este costo puede resultar prohibitivo.
Asimismo, para los niños y adolescentes de las familias más pobres, sobre todo en el campo, existe la necesidad de generar ingresos, aunque sean precarios, desde una edad temprana, y asistir a la escuela significa asumir el costo de oportunidad de los ingresos perdidos.
Ambos costos, privado y de oportunidad, se van elevando rápidamente a medida que los niños van avanzando de un nivel educativo a otro, y ello explica, entre otros factores también asociados a la pobreza, por qué la mayoría de los niños pobres van asistiendo menos, a medida que se pasa a años superiores de escolaridad.
Por otra parte, quizá el “premio pecuniario” por más años de educación, es decir, el diferencial de ingresos que se espera que obtendrán los niños en promedio al incorporarse al mercado laboral por el hecho de alcanzar una mayor escolaridad, no justifique, desde el punto de vista de los hogares, los años adicionales de estudio, los esfuerzos, sacrificios, de tantos años adicionales de escuela, más el costo privado y el costo de oportunidad que ello significa. Si el “premio” es que por culminar la secundaria se va a ganar, como promedio, 27% más que si sólo se concluye la primaria, por ejemplo si este último gana US$ 100, el segundo ganaría US$ 127, quizá esto no sea suficiente para producir una demanda social masiva por educación, comparado con los costos que se asumen. Este factor debe ser analizado, en sus causas, en caso de existir, porque ello sería grave.
Pueden existir, además, factores de inercia “culturales”: quizá las personas piensan que sus hijos podrán “bandeárselas” en la vida con muy poca educación, tal como lo hicieron ellas, aprendiendo a duras penas algún oficio como aprendices, o viendo a otros hacer las cosas, medio aprendiendo a hacer “un poco de todo”.
Por otra parte, hará falta más escuelas y muchos más maestros (15,000) si se desea respetar la relación maestro/alumnos establecida en la Ley General de Educación, además de recomponer el salario de los maestros para poder atraer a la profesión docente a personal más calificado, lo cual resulta indispensable para poder elevar la calidad (obsérvese que el mayor salario implicaría un aumento del presupuesto para los actuales maestros y para los 15,000 nuevos).
Porque no basta asistir a la escuela: lo que importa cada vez más es la calidad y pertinencia de la educación que se recibe.
En todo caso, no basta la gratuidad como política, sino que hace falta afrontar el problema en toda su magnitud. Ya no hay más tiempo, ni más excusas: hay que enfrentar este desafío fundamental, y hacer e invertir lo que sea necesario para asegurar la realización del derecho a una educación de calidad para todos.