Opinión

Tan fuerte venís…


Tengo un amigo que cuando me angustio por lo que puede suceder en Nicaragua si Daniel Ortega decide echar marcha atrás sobre la relativa libertad y orden institucional que hemos obtenido, me advierte que “Nicaragua ya no es el mismo país de los ochenta”. Esta semana recién pasada quizás ha sido --y esperemos que lo sea-- emblemática en este sentido. La reacción de la sociedad ante las intenciones y actuaciones del recién estrenado Presidente no se han hecho esperar y, aparentemente, le han hecho ver que ya no puede actuar por sus pistolas, sin el consenso de los gobernados. Quedó claro que él ha llegado al poder todavía pensando que, tras diecisiete años, sólo tendría que retomar las riendas y continuar como antes. Que haya mandado publicar en La Gaceta un decreto creador de consejos y secretarías, que reforma el reglamento de la Ley 290, antes de que ésta haya sido reformada, según la solicitud presidencial urgente, por la Asamblea Nacional, es una muestra patente de su unilateral concepción del poder. Así se vio en la reforma solicitada a la Ley 290, donde se intentaba dar un control casi absoluto del aparato del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, al Ejecutivo.
Creer que la democracia todavía significa adjudicarse la voluntad popular y pensar que lo que el dirigente quiere para el pueblo es lo que el pueblo quiere para sí ha sido el gran error de los caudillos y gobernantes mesiánicos que, en nombre del pueblo, hacen lo que más conviene a sus intereses y a la consolidación de su poder. Por fortuna, y como dice mi amigo, Nicaragua ya no es la misma y la respuesta de la sociedad al Presidente no sólo marcó el fin de la luna de miel con la ilusión que sus promesas de reconciliación y unidad nacional despertaron en muchos, sino que puso sobre el tapete aquel dicho de que “no es lo mismo verla venir que platicar con ella”.
En sólo una semana de gobierno, a mí al menos, me queda claro lo siguiente:
1. Que la institucionalidad del Ejército y la Policía, siendo uno de los logros más importantes de los últimos años, no puede arriesgarse. A ningún Presidente --ni a Ortega ni quienes vengan después-- le podemos dar los nicaragüenses carta blanca para que elimine los aparatos cívicos que median entre él y las Fuerzas Armadas. Si bien formalmente el Presidente es jefe de las Fuerzas Armadas, esa jefatura es más simbólica que real y así debe mantenerse. El estilo personalista de Ortega, si no se le pone coto, tendería a generar lealtades personales dentro del aparato del Ejército, aparte de generar una dependencia excesiva de su mando. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero ya en Nicaragua vivimos la nefasta experiencia de tener un Ejército que era leal a una familia y no a un país. Los ministerios de Defensa y Gobernación deben continuar siendo los instrumentos civiles, sujetos al control de la Asamblea, la Contraloría etc., que intermedien entre el Presidente y las Fuerzas Armadas y se ocupen de la labor administrativa, presupuesto y demás. La relación de Ortega con las Fuerzas Armadas del Ejército y la Policía debe seguir siendo la misma de los anteriores presidentes, pues ese esquema ha funcionado perfectamente hasta ahora y ha dado como resultado el desarrollo de un Ejército y Policía profesionales, de los cuales todos nos podemos sentir orgullosos. Cambiar antojadizamente ese esquema tendrá efectos no sólo en esta Presidencia, sino para el futuro. Ortega no puede recetar para sí lo que no querría para otros cuando él abandone la Presidencia.
2. Los consejos y abundantes secretarías propuestas por el Presidente en su decreto URGENTE aparecen a simple vista como el intento de crear, sobre el aparato estatal, una superestructura de control partidario. Parecen comités de base, regidos por un secretario político que responde al Presidente. Los miembros de estos sui generis “comités de base” serían los ministros de las diferentes instituciones que estarían adjuntos a las personas más allegadas al Ejecutivo. Sólo el ámbito que le correspondería supervisar a la Primera Dama --quien por demás está inhibida constitucionalmente para ejercer una función semejante-- ilustra este caso, pues bajo ella estarían Salud, Educación, Juventud, Instituto de la Mujer, Ministerio de la Familia, Cultura, Comunicaciones de la Presidencia. Este esquema, aparte de burocrático e infuncional (pues ya se intentó en el pasado) está claramente diseñado para asegurar un control absoluto por parte del Ejecutivo, utilizando para este fin una especie de aparato paralelo. Considerando que las promesas de unidad y reconciliación no se expresaron en la composición actual del gabinete, integrado en su mayoría por leales militantes del Presidente, la actuación de esos consejos sólo puede verse como una camisa de fuerza partidaria, ajena al espíritu nacional que debe tener un gobierno democrático.
3. Y éste es el tercer asunto. Hablar de democracia directa, de consejos ciudadanos en un país donde existen partidos políticos, gobiernos locales y municipales con grados de autonomía y el logro de una Ley de Participación Ciudadana en la que se ha invertido gran esfuerzo y dinero, ¿a qué apunta? ¿qué significa? ¿Quiénes integrarán esos consejos ciudadanos? ¿Quién los elegirá?
¿Qué significa “democracia directa” en un país pobre como el nuestro? ¿Nos gobernaremos acaso por plebiscitos donde se le preguntará constantemente a la población qué quiere? Éste es un mecanismo carísimo que sólo se pone a funcionar periódicamente en países muy desarrollados y ricos. Si no es eso, entonces qué es. ¿Quiénes tendrán acceso a esa democracia directa? ¿Cuál será entonces el rol de los partidos que se supone son instancias donde el pueblo se organiza para hacer demandas políticas y programáticas al gobierno de turno y aspirar al poder? ¿Qué pasará con la representatividad que se les adjudica a los gobiernos locales y municipales? ¿Quiénes tendrán más autoridad, ellos o los consejos de ciudadanos? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida por el nuevo gobierno. Y si la intención de profundizar la democracia es absolutamente legítima y justa, esto debe hacerse dentro de un marco que no derive otra vez en un poder paralelo que socave la institucionalidad, creando organismos que, en nombre del pueblo y una supuesta “democracia directa”, impulsen la agenda personal y los intereses del partido en el poder.
Si este Frente del Presidente Ortega quiere hacer un gobierno de izquierda debe de pensar muy bien y analizar los fracasos del autoritarismo de izquierda en el mundo. Nada quedó de ellos porque ahogaron con sus enormes redes burocráticas, con las que pretendían ejercer un control absoluto sobre sus ciudadanos, el espíritu libertario e igualitario del ideario socialista.
La izquierda tiene una nueva oportunidad en América Latina para reformularse y lograr el equilibrio entre el bien colectivo y la libertad individual, pero si se escoge el camino del autoritarismo y no se renueva el pensamiento político, el refrito que surgirá nos llevará, por quién sabe qué oscuros caminos, al fracaso de las alternativas y a un más crudo “capitalismo salvaje”.