Opinión

Narcotráfico, consumo interno y eficacia institucional


El problema de las drogas ilegales es complejo, con efectos en los aspectos políticos, económicos, sociales y humanos; trataremos de compartir con ustedes algunas reflexiones. Para comenzar analicemos la demanda y la oferta. Si nos referimos únicamente al mercado norteamericano que se estima entre 25 y 28 millones de consumidores consuetudinarios (8% de la población), esto sin considerar turistas, inmigrantes ilegales y otros, ya que este dato se vuelve totalmente especulativo aunque no absurdo, debido a que es lógico que no exista “un registro de consumidores ni vendedores” porque nos estamos refiriendo a un producto ilegal que se mueve en un mercado negro e ilícito. Aunque hay que reconocer que estos “consumidores” pueden ser de distintos tipos de drogas y no solamente clorhidrato de cocaína, para los fines de ilustrar estos comentarios, consideraremos únicamente la droga que se obtiene del procesamiento de la hoja de coca. ¿Podemos pensar cuánta es la cantidad de droga que ese mercado demanda? No estamos incluyendo la demanda de otros países del Norte como México y Canadá, tampoco la demanda de Europa, Asia y África. Si estimamos un requerimiento de un gramo para cada una de las 52 semanas del año, estamos hablando de la astronómica cantidad de 1.3 millones de kilos. Si tan sólo nos referimos al 40% de esa cantidad, ya tendríamos más de medio millón de kilos.
¿Cuánto necesita producir el Sur para atender esta demanda de compradores y adictos víctimas? Como el producto es ilegal enfrenta riesgos de ser incautado a lo largo de su ruta, éstos son “riesgos de pérdida” que se calculan en el nivel de producción y el precio final. Fácilmente se puede especular que será necesario producir al menos un 20% adicional a la demanda, lo que llevaría a una cantidad cercana a 1.6 millones de kilos anualmente. Como no hay “registro de productores” ni “cifras de exportación” por el carácter de la “mercancía” a la que nos referimos, aceptamos que éstas son meras estimaciones pero alarmantes “datos de lo posible”.
Veamos un tercer aspecto: la ruta del tránsito, para que dicho producto pase de las zonas de producción a las de consumo. Centroamérica, las islas del Caribe, la plataforma continental de la región en el Océano Pacífico y Atlántico se vuelven “ruta geográfica natural” e ineludible de tránsito, por tierra, aire o mar. El narcotráfico, como organización criminal, busca crear las condiciones necesarias para asegurar que la droga llegue a los mercados que la demandan, ya que resulta un negocio de “altísima rentabilidad”. Para tal fin, crea a lo largo de la ruta, desde el origen hasta el destino final, las redes logísticas, de información y protección necesarias. Esto implica la búsqueda de “infiltración” en las esferas del poder público y privado, influencia en las tomas de decisiones políticas que le favorezcan, condiciones de infraestructura, creación de vulnerabilidades en puertos, aeropuertos, fronteras, transporte internacional, aduanas, autoridades migratorias, instituciones financieras, etc. En resumen, pretende corromper el tendido institucional del Estado, la sociedad y el sector privado.
Se derivan del problema anterior (narcotráfico) una multitud de ilícitos como el lavado de activos para limpiar y usufructuar los grandiosos beneficios del comercio de la droga, genera evasión fiscal y contrabando, promueve el soborno o cohecho. Pero el peor de todos los males es el daño a la salud pública, la descomposición del tejido social que se manifiesta en el consumidor final que recibe el producto a través de una amplia red de distribución local en barrios y residenciales en los llamados “expendios”, centros de estudio y laborales, bares, cantinas, etc, normalmente no vinculada a los principales beneficiados.
El enfrentamiento del Estado al narcotráfico es importante y necesario, para ser eficaz requiere, por el carácter multinacional del fenómeno, el establecimiento de efectivas coordinaciones con otros países de la región y agencias internacionales vinculadas. Los resultados de la incautación de drogas en este ámbito no son por sí solos muestra de eficacia institucional, porque muchas veces se vinculan a la colaboración de otras agencias de la lucha contra drogas.
Según informaciones periodísticas expresadas por fuentes oficiales, en Centroamérica, principal puente del narcotráfico, durante el año 2006 se incautaron 110 mil kilos de coca, observándose un incremento en el uso de esta ruta. Las mayores incautaciones fueron en Panamá y Costa Rica, con 26 y 23 mil kilos respectivamente. Nicaragua capturó el 9% de ese total (9800 kilos). Esa cifra es importante, pero se vuelve insignificante ante el posible volumen que pudo haber llegado a un mercado consumidor final creciente debido a la demanda y oferta potencial sobre la que hemos especulado. Una expresión podría ilustrar esta realidad: “Si ves que un ratón, cucaracha o hormiga pasa por la sala de tu casa, puedes estar seguro que no es el único”. Según datos de United States Department of State Bureau of Internacional Narcotics Matters, en el periodo 1995-2000 en Centroamérica se incautó un promedio anual de 24 mil kilos, de los cuales el 34% fue en Panamá, 18% en Costa Rica, 15% en Guatemala, 8% en Nicaragua, 7% en Honduras y 1% en El Salvador. Tradicionalmente, los países cercanos a Colombia (Panamá y Costa Rica) han tenido los volúmenes de incautación más altos. En Estados Unidos se ocupó un promedio anual en el mismo periodo de 115 mil kilos.
Lo más importante y urgente, sin embargo, es el abordaje operativo contra el llamado “tráfico interno” o “consumo local” que parece ser creciente, aunque es poco significativo en términos económicos relativos al volumen que otros mercados demandan. ¿Cuántos consumidores consuetudinarios u ocasionales podrían haber en Nicaragua? Los resultados de este enfrentamiento son una apropiada medida de eficacia institucional, porque sus acciones están directamente vinculadas a los esfuerzos internos y no a los de las otras agencias extranjeras que no prestan a esta parte del fenómeno la suficiente atención. Este aspecto requiere indudablemente una política de persecución criminal, una política pública que asegure un abordaje integral: educativo, social, de salud, coercitivo y preventivo del consumo de drogas ilícitas que además de los problemas ya mencionados, propicia la degeneración del comportamiento humano, la desintegración familiar y social y la violencia criminal. Es probable, por lo tanto, que un incremento en el consumo interno se manifieste en un aumento de distintas formas delictivas e incremente los niveles de inseguridad. Si no veamos los datos y valoremos los hechos, ¿quiénes son los más propensos a la comisión de delitos violentos y aquellos que perturban la tranquilidad en los vecindarios?
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