Opinión

Aborto terapéutico y feminicidio


Han transcurrido más de 100 años, se ha autorizado en Nicaragua intervenciones de interrupción del embarazo en casos especiales, conceptuándose como aborto terapéutico en el Código Penal vigente. Según el Arto. 165 de este Código, el aborto terapéutico “debe ser establecido científicamente con la intervención de tres facultativos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer”.
A partir de la invalidación del Arto. 165, los diputados resolvieron prescindir de la figura constitucional del aborto terapéutico, y dejaron determinadas de forma legal y general, sanciones penales de confinamiento para mujeres y médicos involucrados sin que exista una evaluación científica de los posibles resultados. Esta situación legal provoca en heterogéneas organizaciones de la sociedad civil a exponer recursos de amparo debido a que la penalización del aborto terapéutico compromete varios artículos de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que tienen que ver con la integridad de la mujer.
En lo particular considero que el tema del aborto terapéutico jamás debió tratarse en época de campaña electoral; es un tema muy claro para la ciencia, pero muy oscuro para los legisladores, e independientemente que entre ellos existan galenos, en esta oportunidad priorizaron la captación del voto religioso, orillando a miles de mujeres nicaragüenses al feminicidio, y asignándoles un impuesto psicológico y económico impagable. Además, la eliminación del aborto terapéutico de la legislación penal vigente involucra que el médico que lo efectúe estará en una situación comprometedora, lo cual acarrea altos riesgos a la no atención de la mujer que puede visitar los centros hospitalarios con complicaciones conexas al embarazo.
Artículos concernientes al aborto terapéutico del Código Penal vigente, son realidad expresa de la cultura patriarcal en que se sostiene nuestra legislación, y la distinción de nosotras las mujeres ante la ley, ya que si el aborto terapéutico se practica para disimular “el pudor de la mujer”, la condena es mínima, y menor cuando el aborto terapéutico es producto de violencia, incluso intrafamiliar.
La penalización del aborto terapéutico constituye un gran problema de salud pública y un retroceso para Nicaragua de acuerdo con herramientas legales internacionales ratificadas, y compromisos adquiridos con la misma. Para valer los derechos de la mujer y su familia, inclusive su derecho a vivir, la despenalización de este tipo de aborto es necesaria, pues muchas mujeres se podrían someter a abortos inconvenientes por aprensión a desenlaces penales.
Se nos está forzando a cualquier acción o conducta fundada en nuestro género, que ocasione muerte, daño o desconsuelo físico, sexual o psicológico, tanto en el espacio público como en el privado. El derecho a la vida es imprescindible para hacer valer los otros derechos, está registrado en todos los tratados internacionales de derechos humanos y corresponde ser privilegiado por la ley --cuando aquí en Nicaragua está sucediendo todo lo contrario--. Debe ampliarse el compromiso estatal, prosperar y trascender las circunstancias precisas para que en este caso particular la mujer no fenezca por causas eludibles.
Imposible que cumplamos con las metas de la Cumbre del Milenio
En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó la inserción de dirección universal a la salud reproductiva como un término para 2015, con el proyecto de reducir en tres cuartas partes el porcentaje de mortalidad materna.
Organismos acreditados internacionalmente, instan a los Estados y a organizaciones a defender su compromiso con la salud de las mujeres para revolver los abortos practicados en contextos inseguros como una complicación de intranquilidad pública, y someter recursos al aborto por razón de la expansión de los servicios de planificación familiar. “El aborto no debe abrirse como método de programación familiar”.
El gobierno está en la obligación de orientar a la sociedad civil sobre las conexiones entre mortalidad materna y pobreza, así como motivar la disminución de la mortalidad y morbilidad materna como una primacía de la salud pública.
Internacionalmente se han ajustado medidas para excluir la segregación contra las mujeres, reconocer sus derechos humanos, que incluyen el derecho a vigilar su sexualidad y reproducción, examinar leyes que penan a las mujeres que han acudido al aborto, fortalecer las leyes que salvaguardan los derechos de la mujer. También se ha corroborado la validez de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos, se ha determinado que las parejas y los individuos tienen derecho a decidir libremente su reproducción y enfatiza que “El aborto es un problema de salud pública que urge servicios y políticas”.
Máster en Salud Pública