Opinión

Educación: generadora de opiniones y propuestas


IDEUCA
La educación es un proceso social permanente y continuo en un país. Todos y todas, de una u otra forma, muchas veces directa, participamos en él.
Alrededor de la tercera parte de la población es actor y sujeto inmediato de ese proceso, que al extender su relación con las familias, prácticamente toda la población está vinculada con el proceso educativo nacional.
Por otra parte, dada su finalidad, los principios, objetivos, organizaciones y recursos que la sustentan, la educación tiene que ver con la Constitución Política, el Estado, la sociedad civil, las familias, los maestros, los estudiantes... es decir, todos pueden opinar y hacer propuestas en relación con la educación.
Cual más cual menos, medio mundo opina acerca de lo que hay que hacer con el presupuesto, el financiamiento, los planes de estudio, las materias, los métodos, la formación docente, la estructura y gestión administrativas, el salario de los maestros, los horarios, las leyes y reglamentos, el sistema de evaluación, etc.
La educación, a juzgar por las opiniones y propuestas que se formulan respecto a ella, constituye un espacio de ejercicio democrático. En ella se materializa la libre expresión y la permanente invitación a opinar y proponer.
Este hecho tiene un valor social excepcional. La educación genera opiniones, que en ocasiones se convierten en debates, e incluso confrontaciones. La educación propicia el ejercicio democrático de la libre expresión, además, posee una extraordinaria fuerza de concertación ciudadana. Algo de esto se siente en el inicio de la gestión del nuevo Ministro de Educación.
No sólo como proceso sistemático e intencionado que se lleva a cabo en el ámbito escolar o en ámbitos más abiertos, sino como fenómeno de interacción social, la educación constituye un permanente proceso educativo nacional. De esta manera la educación actúa en forma continua en la vida del país.
Sin embargo, la diversidad de opiniones y propuestas que deben enriquecer el funcionamiento del sistema educativo y constituir un apoyo para mejorar la educación, no puede convertirse, como lo confirma nuestra historia, en una arena de lucha de intereses en nombre de la educación. En ella debe siempre imponerse lo mejor para la educación y para el país. En ocasiones, en nombre de la educación, contradecimos a la verdadera y necesaria educación de las personas y del propio país.
Ojalá la democracia de la libre expresión de opiniones y propuestas educativas nunca pierda su naturaleza a golpes del desinterés para aprovecharla o de reducciones solapadas para desatenderla. Éste es un reto que debe alentar la necesidad de la participación ciudadana en decisiones importantes para la educación como un bien social, tal como lo establece la Ley 582, Ley General de Educación.
Por supuesto que no todas las opiniones y propuestas son viables. Si cada uno tuviera que hacerse responsable de lo que propone y pide, y si entre ellas analizáramos aquellas que se ha demostrado ser inviables, incoherentes e inoperantes e incluso nocivas, no nos cabe duda de que se razonarían mejor las opiniones y se pensarían muy bien las propuestas que se hacen. Se trata, en último término, de aprender a participar de forma que la participación incida en las mejores decisiones para el cuerpo y espíritu de la educación nacional.
Por tanto, siempre debe permanecer el espacio abierto a las opiniones y propuestas razonables y que contienen aportes positivos para la educación, pero no sólo eso, debe también crearse un clima propicio para entrar en él. Todos y todas, especialmente quienes trabajamos en educación y con mayor razón las autoridades educativas, debemos ser oyentes y escuchas permanentes de la palabra educativa de la población, haciendo de la participación el verdadero espacio de la palabra educativa. El presente y futuro de la educación nacional así lo demanda. El tiempo de la educación así lo exige, en el tiempo actual de Nicaragua.
21 de enero de 2007