Opinión

Cuidado con los empleados públicos


No creo en la permanencia de empleados públicos en el cargo argumentando que los protege la Ley de Servicio y Carrera Administrativa. Debe evaluarse la capacidad de ejercer eficiente la función en correspondencia con las demandas de la población. Trabajadores para la sociedad deben ser, no parásitos, saqueadores del erario, ni serviles.
Durante la Revolución Popular Sandinista, aun con unos cuantos sinvergüenzas que ocuparon puestos en el Estado, y cuyos nombres no quiero escribir ahora, el empleo estatal no estimulaba el aprovechamiento personal, sino la eficiencia para contribuir a las transformaciones humanas y económicas.
Hubo errores, considerables, sin embargo, el principio permitía reclamar cumplimiento. Dedicar la función pública a laborar para la superación de la miseria material e intelectual de la gente, sin pedir prebendas, ni sobornos. Como parte de esos derechos y deberes llegaron a organizarse sindicatos en todas las instancias, y no eran tan sumisos como lo desvirtúan ahora o quisieron manejar en esa época. Supervisaban y participaban en la conducción y elaboración de planes.
Esa práctica de vínculo con el pueblo fue enfrentada por un pequeño y selecto clan de “sandinistas” temerosos de perder privilegios; la burguesía que aterrorizada temía menguar influencia y beneficios o su estatus en la escala de mando. Sin embargo, no lograron erradicar de la sociedad el sentimiento, la demanda de justicia social que debe acatar el empleado estatal. Prevalece todavía el reclamo debido a la corrupción, exclusión, clasismo.
Una buena cantidad de personas detestan la gestión del gobierno sandinista en los ochenta, no les niego alguna razón, sin embargo, fue significativo que la sociedad expresara la exigencia de erradicar el usufructo de los bienes del Estado.
Es cierto que los cargos fueron ocupados por combatientes que no estaban preparados académicamente, comprensible porque fueron jóvenes quienes crearon un nuevo Estado, pero lo más importante fue establecer el servicio a la comunidad. Ese era el valor producto de su entrega a la lucha armada por el bien común.
En la actualidad muchos sandinistas alcanzan algún nivel superior académico, y experiencia por el vínculo con la población. Ya no son los mozalbetes arrogantes, absolutos defensores de la revolución, excluyentes ideológicos, sino más abiertos a diversos criterios.
La lucha en el partido no ha cambiado debido a su heterogeneidad. No es cierto que sea color rosa, existen contradicciones entre grupos económicos poderosos y sectores más proclives a erradicar un Estado que beneficia a unos pocos y mantiene en la miseria a la mayoría de ciudadanos. Puede hacerse realidad el discurso de campaña electoral saneando al personal estatal.
Combatir la corrupción institucional en todos los niveles. Desde los más altos cargos hasta el menor deben ser evaluados. Ese personal en su mayoría sostiene un modelo no apto para avanzar hacia una relación justa, adecuada para agilizar los trámites.
No prosperaremos si ministros, magistrados, directores consideran su nombramiento como la ganancia por apoyar económicamente al FSLN, en la mayoría de los casos con dinero acumulado por sociedad con el partido que les protege; o por ser sumisos al partido o a alguno de los directivos, o porque a última hora se sumaron a la reconciliación.
Daniel Ortega ha sido cauteloso, sin embargo, fuera de ese círculo cercano se presentan otras maniobras con criterios que contraponen las intenciones de organizar el gobierno de tal manera que sea eficiente, incorruptible, y atento con la población. Un gobierno menos figurativo, pero presente en las políticas nacionales, facilitando procesos.
Los ciudadanos pobres o medios, sin influencia, son los menos o más mal atendidos por los empleados de instituciones estatales. Tener un jefe prevaricador no es buen ejemplo para el subalterno. Reproduce la práctica. Mantiene el criterio que un cargo estatal es para enriquecerse, aprovecharlo. De lo contrario es baboso.
Babosos seríamos los ciudadanos si no utilizamos esta oportunidad para cambiar las relaciones de poder. No podemos justificar, como lo hace Enrique Bolaños, que un alto funcionario, como este señor del INEC, maneje el presupuesto nacional como suyo, para recetarse préstamos, pagarse comilonas, atenderse la salud. Es inaudito.
La represalia viene de parte de funcionarios cuando se ven descubiertos. Culpan a los periodistas, a los empleados que filtran información, a las maniobras políticas, pero no existe un solo ladrón en la cárcel, o un funcionario destituido por abusos administrativos. No podemos continuar así. Es obligatorio retomar principios, empuje, fuerza y capacidad para proponer y obtener resultados benéficos para la mayoría de habitantes.
Cambiemos ahora la costumbre de los funcionarios públicos de aprovecharse del erario. De lo contrario no nos quejemos, ni culpemos a otros. Somos los ciudadanos que no reclamamos quienes permitimos el Estado botín, el tráfico de influencias, el nepotismo, las exclusiones.