Opinión

Nueva ley nicaragüense viola derechos humanos


Cuando Jasmina ingresó recientemente a un hospital capitalino nicaragüense, con tres meses de embarazo y un fuerte sangrando, los doctores dijeron que ellos no podían tratar su aborto.
Debido a que la máquina de ultrasonido estaba descompuesta, ellos no podían determinar si verdaderamente ella había tenido un aborto, y cualquier intento para tratarla sin tales pruebas podría exponer a la paciente y a su médico a acusaciones de provocar un aborto.
La negación de tal tratamiento probablemente se convierta en una rutina en Nicaragua, donde en el 17 de noviembre el actual presidente, Enrique Bolaños, firmó una ley que elimina la única circunstancia legal en donde el aborto inducido era permitido: para proteger la vida o salud de la mujer.
En el marco de los derechos humanos, las mujeres en Nicaragua enfrentan esta sombría realidad. Bajo esta ley, la emergencia médica de Jasmina quedará sin tratamiento, exponiéndola a ella a una infección que pueda amenazar su vida, pérdida de la fertilidad y graves traumas emocionales.
Al negar la atención médica necesaria --incluyendo el aborto-- se atenta contra la decencia humana básica y viola los derechos humanos de las mujeres. Aproximadamente 6,700 mujeres son hospitalizadas cada año en Nicaragua por complicaciones de aborto y abortos ilegales. Para estas mujeres, la nueva ley puede significar una sentencia de muerte.
El Salvador aprobó una ley similar en 1997, y como resultado los profesionales de la salud a menudo retrasan los tratamientos médicos a las mujeres que sospechan tuvieron un aborto mientras las reportan a la Policía. Si ellos no actúan como informantes en contra de sus pacientes, ellos también podrían ser procesados. Ésta es una elección que ningún proveedor de salud debiera tener que tomar.
La ley firmada por Bolaños fue introducida y tramitada diligentemente bajo la presión de los líderes conservadores de las iglesias Católica y evangélicas. Los miembros de la Asamblea Nacional ignoraron las peticiones de los grupos de derechos humanos y de mujeres de Nicaragua, así como a los expertos internacionales de salud y a diplomáticos que advirtieron que esta ley podría poner en peligro la salud y sobrevivencia de las mujeres.
Cuando buscamos una audiencia con los miembros de la Asamblea Nacional, fuimos ignoradas. Cuando insistimos en participar en el debate en la Asamblea, fuimos físicamente expulsadas del edificio, mientras que los líderes de la iglesia que apoyaban la derogación fueron bienvenidos al mismo.
Promulgando esta ley, el gobierno nicaragüense declaró que las vidas de las mujeres son menos valiosas que un feto o incluso un huevo fertilizado. Esto es lo que los conservadores evangélicos y los del Vaticano, que han jurado desmantelar el aborto terapéutico en América Latina, públicamente han llamado una “victoria”. Para nosotras la negación de proveer un servicio médico que salva vidas, y la exclusión de la participación de las mujeres de la sociedad civil, es la más grande violación a los derechos humanos.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos han establecido que negando a las mujeres el acceso a la atención de aborto seguro violan sus derechos humanos. Las investigaciones han demostrado que definitivamente la prohibición del aborto no disminuye el número de abortos, la prohibición sólo los conduce a que sean clandestinos e inseguros. Esto pasó en los Estados Unidos antes de Roe versus Wade, esto está pasando en El Salvador, y pasará en Nicaragua.
El gobierno nicaragüense ha ignorado esta evidencia descaradamente. Y hasta la fecha ha sido indiferente ante una declaración oficial enviada el pasado
noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual dice que la ley nicaragüense está en contra de múltiples acuerdos internacionales que Nicaragua ha firmado, incluyendo la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. En los últimos dos años, la Comisión Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han escuchado casos en contra de México y Perú y decidieron que negar el acceso al aborto por razones médicas a las mujeres es una violación de sus derechos humanos.
Desde mi perspectiva sería fácil sobreseer esta ley que es tan radical y trágica, corresponderá al nuevo gobierno demostrar que respeta la vida de las mujeres. Pero esta prohibición al aborto por razones médicas es una señal de la creciente influencia de un conservatismo político, a menudo religioso, fuerzas que están enviando lejos los derechos reproductivos en los Estados Unidos, en Nicaragua y en otras partes del mundo.
El gobierno de Bolaños escogió darles la espalda a las mujeres y a sus doctores, y violar los derechos humanos básicos de las mujeres. Hoy me uno a muchos hombres y mujeres nicaragüenses con la esperanza en el Poder Judicial, confiamos en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salven el honor de este nuevo gobierno, ojalá que lean con detenimiento, reflexionen, analicen el recurso de inconstitucionalidad que estaremos presentándoles la próxima semana y que actúen en base a la ley y al respeto que se merece la vida de todas y todos los nicaragüenses, y manden a revertir esta ley que tiene devastadoras consecuencias para las mujeres como Jasmina y sus familias.
*Movimiento Feminista de Nicaragua