Opinión

El injerencismo de la institución de la Iglesia en el Estado laico


¿Qué es un aborto terapéutico? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Quiénes resultan afectados? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Quién o quiénes son los culpables? ¿Cuál es la diferencia entre el aborto y el aborto terapéutico? Éstas y muchas otras preguntas deberían formar parte del inexistente debate que tanta falta hace en Nicaragua alrededor de un tema delicado que no debe tomarse a la ligera, sino que exige una reflexión seria y profunda: el aborto terapéutico.
La coyuntura actual no podría ser mejor para propiciar cambios drásticos en las leyes nacionales, sin la realización de ningún estudio serio sobre el tema que incluya a todos los sectores correspondientes. Y esta coyuntura la ha sabido aprovechar muy bien la institución de la Iglesia, que a poco tiempo de llevarse a cabo las elecciones nacionales ha implementado su maquinaria política y demostrado su falta de sensibilidad ante la realidad cotidiana de miles de mujeres nicaragüenses.
Y hay que hablar en género femenino, porque éste es un tema que afecta directamente a las mujeres. No hay manera que los hombres (y en efecto los sacerdotes) podamos entender el problema en su totalidad, por lo tanto, debemos escuchar los diferentes puntos de vista de las mujeres para poder forjar una opinión basada en hechos y realidades, que trascienda dogmas religiosos y busque la raíz del problema para poder ofrecer soluciones integrales.
Partamos de que en Nicaragua está establecido el Estado laico. Esto significa básicamente separación estricta entre las instituciones del Estado y la Iglesia, lo cual quiere decir que el Estado no puede intervenir en Iglesia, ni la Iglesia debe tampoco intervenir en el Estado. Cuando una de las dos partes incursiona en el ámbito de la otra, se viola contundentemente el principio del Estado laico.
Le corresponde al Estado impulsar los procesos necesarios de su desarrollo político, social, económico y judicial, independientemente de la religión que profesen cada uno de los individuos componentes de la sociedad. Para llevar esto a cabo existen instrumentos de participación ciudadana, instituciones, ministerios, etc. que en conjunto son los encargados de aportar, legislar y emitir los mecanismos y las leyes que van a regir o conducir este desarrollo.
En este largo proceso básicamente político, la Iglesia (actuando como institución) no debería inmiscuirse en lo absoluto. No le corresponde emitir juicios sobre qué leyes aprobar o qué reglamento cambiar, así como tampoco le compete demandar ningún cambio en la penalización de este delito u otro. De la misma manera, no le compete al Estado dictaminar la manera en que las diferentes religiones deben realizar sus cultos, o cómo debe ser su estructura organizativa y funcional.
Incurrir en cualquiera de estos actos sería una clara falta de respeto al principio fundamental del Estado laico. Sin embargo, las acciones recientemente encabezadas por la jerarquía de diferentes denominaciones religiosas representan un injerencismo claro y directo en los procesos meramente políticos, que le competen por definición al Estado nicaragüense y sus instituciones. Y la gravedad es aún peor, si tomamos en cuenta el momento en que se dan estas acciones, lo cual es una manipulación abierta del proceso electoral y un aprovechamiento descarado de parte de partidos políticos en su afán de obtener votos a cualquier costo.
Ahora, esto no quiere decir que debemos negar el rol formador y el impacto positivo que la Iglesia sí puede tener en la sociedad nicaragüense. En este sentido, la Iglesia debería actuar como un hospital espiritual: atender a los enfermos sin distinción de opinión, curar a los heridos, proveer consejos y apoyo espiritual en las pruebas y dificultades de la vida cotidiana, y muchas otras actividades más. Asimismo, la Iglesia también debería pronunciarse en contra de las violaciones sexuales, los chantajes emocionales en la pareja, la irresponsabilidad paterna y muchos otros temas que forman parte de la triste realidad de muchas nicaragüenses.
Siguiendo esta misma línea de acción, la Iglesia debe otorgar consuelo a las personas que acudan a buscarlo al verse forzadas a considerar practicar un aborto terapéutico debido a razones de vida o muerte, de incapacidad para una niña de 12 años de convertirse en madre (cuando nunca pidió serlo), de un feto que está creciendo fuera de lo normal y pone en peligro la vida de la mujer y otras situaciones delicadas que requieren de un estudio médico serio, responsable y objetivo.
Y por sobre todas las cosas, la Iglesia debería respetar lo que la Biblia relata en muchos pasajes e historias de manera clara: el libre albedrío. Esto significa que Dios nos dio a cada ser humano capacidad de decisión, y que por lo tanto no es papel de la Iglesia andar imponiendo penalidades jurídicas ante una decisión sumamente personal (y de pareja si fuera el caso) que, dicho sea de paso, debe ser extremadamente difícil y traumatizante.
Finalmente, deseo recordar algo que sucedió hace miles de años y que pretende ser una enseñanza y una invitación a la reflexión. Un grupo de líderes religiosos trajo a María Magdalena (que había sido encontrada practicando el adulterio) a donde estaba Jesús y a éste le preguntaron su opinión en cuanto a si se debía seguir la ley de Moisés que mandaba a apedrear hasta la muerte a las mujeres en estas situaciones. Jesús los ignoró por completo hasta que, cansado seguramente de la turba, les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra”. El resto de la historia es bien conocido: todos los acusadores se fueron uno por uno, hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Y Jesús no la condenó ni le dijo ningún epíteto, sino más bien la perdonó y le dijo que se fuera y que no pecara más.