Opinión

Control riguroso del gasto de fondos públicos, a la par, sanciones inmediatas duras


Es sorprendente que un país atrasado, un pueblo en la miseria, que sobrevive de la caridad internacional, se cruce de brazos frente al crecimiento de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia de los principales funcionarios públicos.
El desorden en la administración de los fondos públicos se inicia con el saqueo del gobierno saliente de la década oscura que dejó las arcas públicas vacías de dinero y bienes de capital y de trabajo, el contralor de entonces quemó archivos. Se desconocieron magnitudes, pero bien pudiera ser el mayor atraco en la historia de Nicaragua.
El mundo occidental vio con simpatía el ascenso de un gobierno por medio del voto en un proceso electoral controlado por el sandinismo; sin embargo, fue un gobierno débil por el control que ejercían ejército y Policía, sandinistas, y con dos intentos de asonadas se acalambró más.
No existió ambiente de partida para la reestructuración del Estado, pasar de un régimen comunista a un régimen democrático y la administración pública fue a paso de tortuga.
Además del temor, los ejecutivos de la nueva dirección carecían totalmente de experiencia en administración pública, y también de personalidad para hacer frente a una difícil situación, no tuvieron agallas. No se conoció ningún plan estratégico, mucha improvisación.
Que era peligroso tomar posiciones duras, por el miedo al sandinismo, ni tanto, porque el mundo occidental hubiera tomado medidas de apoyo para el cambio, el poder se había ganado por el voto.
Las cosas se complicaron más con la avalancha de nicaragüenses presionando para que les devolvieran sus propiedades confiscadas, a lo cual se procedió sin principios definidos e iguales para todos. Lo más sencillo fue generar una deuda interna en moneda nacional con mantenimiento de valor en dólares, esto último, injustificable para la situación de Nicaragua.
La ausencia de un marco para resolver en equidad y a su tiempo el asunto de las propiedades confiscadas, la solución de pago con bonos dio origen a una gran corrupción, y 16 años después cantidad de ciudadanos tienen pendientes sus reclamos.
También la primera Asamblea Nacional democrática fue otra de las fuentes de corrupción al surgir una bolsa de compra de votos de diputados para tomar algunas medidas legislativas que interesaban al Poder Ejecutivo; algunos tenían sed de dinero, así fueron los primeros diputados.
Se iniciaron los megasalarios pagados en dólares, de origen oculto, bajo el criterio que para conseguir ejecutivos brillantes, ”genios”, había que pagar muy bien para que no se fueran a trabajar con la empresa privada. En esos tiempos las grandes empresas eran casi inexistentes, un criterio de incaístas; no importaron las condiciones del país, se aprovecharon de la desgracia.
Probablemente fue el período de gobierno que recibió la colaboración externa más abundante, pero no se conocieron resultados equivalentes a favor del país y del pueblo.
Los ingresos totales de Nicaragua, por todo concepto, no se conocieron, ni anual ni durante el período 90/97; el país se manejó dictatorialmente por un amo y señor. Con los procedimientos del gobierno se inicia la corrupción, protegida por la ausencia de información y el centralismo en que el patrón de la caja negra era intocable.
No existieron controles efectivos, de hecho el país en este período presidencial estaba gobernado por un regente, su palabra era la ley; un ejecutivo de empresa que carecía de antecedentes políticos no tuvo la visión sobre cómo hacer el cambio de la dictadura a la democracia, y la reestructuración del nuevo Estado que se necesitaba para trabajar con normas sanas de administración pública.
Un gobierno cerrado en la información, lo cual facilitaba la desinformación al público para presentar los hechos a su conveniencia; las verdades se desconocieron a menos que por casualidad explotaran en los medios de información. Un gobierno que magnificaba temas que podrían suceder, pero nada concreto.
En el quinquenio siguiente no existió la menor intención de reestructurar el Estado, continuaron los vicios del pasado, pero en mayor magnitud. Acontecimientos nunca antes conocidos, como quiebra de bancos y privatizaciones, fueron fuentes propicias para que la corrupción se degenerara.
Contribuyó también la calidad de algunos funcionarios con antecedentes de sobra conocidos que recurrieron a prácticas de mafias, y otros que actuaron con una docilidad inaudita, es decir, complicidad de subalterno y temor al despido.
La reestructuración del Estado ni se le ocurrió al actual gobierno. La situación especial del presidente de enjaulado políticamente ha concentrado su quehacer a asuntos menores. Ocurren escándalos, actúa con cierta indiferencia para proteger al funcionario. El MTI, por ejemplo, uno de sus bebés, a la corrupción denunciada se puso oídos sordos, sustituyendo al bebé con chivos expiatorios.
En ese mundo de pillaje creado desde 1990 no se le ve solución o fin a la corrupción, ni funcionar controles rigurosos, bajo las actuales condiciones políticas que dominan al país. Las autoridades responsables de controles se la pasan en investigaciones y allí muere la corrupción.
El Estado nicaragüense carece de recia imagen, firmeza en sus instituciones. Los cuatro poderes constitutivos han perdido la calidad de dignidad que corresponde para un funcionamiento responsable. Cuando se habla de corrupción y despilfarro de fondos públicos, se incluyen todos. Se ignora cuán grande es la corrupción y mordidas en la justicia, cómo gasta sus fondos cada Poder, apenas se sabe cuando piden más.
El control de los fondos públicos requiere de previo la reestructuración del Estado. El elemento humano y su cultura son fundamentales, pero a la vez el marco del sistema político es también fundamental, porque hay que estar claros que la reestructuración la harán políticos, no es un ejercicio académico, filosófico o teórico. Existen ciudadanos que ven los cambios políticos como deseos que se pueden pedir al Niño Dios, pero no es así, y he ahí el problema.
En Nicaragua la política ha sido subestimada, sin embargo, en el mundo civilizado se ha modernizado, se viven otros tiempos y hay que valorizarla, cómo, asumiendo y ejerciendo la juventud esa responsabilidad, y no diciendo simplemente que desaparezcan los viejos, no, a éstos hay que desplazarlos con nuevas formas de hacer política.
Para que los controles funcionen se necesitan estrategias muy puntuales; sobre ingresos, por impuestos, préstamos o donaciones, etc., deben entrar por la Tesorería General, únicamente, sin excepciones, y de allí salir para su inversión o gasto. Actualmente se recurre a excepciones, por malicia o ineficiencia en licitaciones, y eso no debe aceptarse, de alegarse urgencia, es apoyar la ineficiencia, pero en licitaciones debe cumplirse con la ley.
Toda institución del Estado, incluyendo entes autónomos, debe presentar presupuestos anualmente, pormenorizados proyecto por proyecto con su costo, para establecer una estrategia de control preventivo. Actualmente el control se concreta a hechos ocurridos, y el ámbito de control tan amplio equivale a tratar de entrar al cine cuando ya está cerrado.
La estrategia de control para cada institución tiene que ser especializada, muy bien definida, no rutinaria, para poder dar seguimiento permanente a los temas más relevantes.
Los corruptos o ineficientes podrán decir que eso es muy engorroso, que atrasará la marcha de la administración pública. No es verdad, si un trabajador cumple con sus obligaciones, no tendrán atrasos, pues la tecnología, sabiéndola aprovechar, facilita todo como rayo de luz.