Opinión

Estado de Derecho y sociedad medieval


El estadio de la discusión y situación existente en nuestro país sobre el aborto nos reafirma como una sociedad profundamente intolerante, discriminatoria y de doble moral: en resumen, una sociedad medieval. Las razones podemos entenderlas si asumimos que a la falta de información y educación se suma el hecho que el Estado Social de Derecho refrendado por la Constitución Política, el cual se asienta en el respeto absoluto a los derechos humanos, no es el referente de las actuaciones de funcionarios de poderes públicos ni de otros sectores de dominación ideológica.
Son esas características las que posibilitan a dichos grupos y sectores pretender imponer sus verdades como absolutas, olvidando que aquí convivimos personas distintas que tenemos otras formas de ver e interpretar la vida y el mundo, y que reclamamos el derecho de proclamar nuestra parte de verdad sin imponérsela al conjunto social.
Grupos y sectores que no contentos de haber transformado delitos de violación, robo y extorsión, entre otros tipos de violencia ejercidos contra personas y mayorías sociales en pecados perdonables y llamados de unidad y reconciliación, ahora quieren convertir los pecados en delitos, garantizando de esa forma el apoyo de fuerzas oscurantistas y, por ende, la impunidad de sus delitos para con la nación. Grupos y sectores que en nombre de la política y la religión pretenden justificar que el derecho a la vida de los no nacidos está por encima de los derechos de las ya nacidas y nacidos. Son quienes desde interpretaciones amañadas de las normas constitucionales y de derechos humanos universales discriminan a las mujeres al desconocer nuestro derecho a abortar, por cuanto el aborto es un hecho que atañe única y exclusivamente a las mujeres.
En la prohibición del aborto subyace la concepción discriminatoria de la mujer objeto, de la obligatoriedad impuesta a las mujeres de ser para otros. Tal como lo señaló la jurista española María José Virto Larruseaín, en una jornada de análisis del Código Penal español en 1998, “legislar sobre el aborto somete a la mujer en cuanto mujer y sólo a la mujer a una jurisdicción que limita drásticamente su soberanía y autodeterminación. Ello se basa en que el aborto está ligado al cuerpo sexuado de la mujer, su eventualidad está inscrita en la potencialidad de ese cuerpo de concebir y reproducirse. Por ello, prohibirlo o legislar sobre ello significa operar en un concepto de libertad individual que tiene en cuenta únicamente cuerpos sexuados de hombres, cuerpos en sí, cerrados y completos, contenidos y continentes, propiedad de quien lo habita y sin vínculos y relaciones. Y ello es discriminación”.
Así, con la anulación del artículo 165 del Código Penal vigente, “ilustres legisladores”, muchos de los cuales pretenden ser reelectos el 5 de noviembre, con el discurso de respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, han conculcado a las mujeres nicaragüenses la casi totalidad de los derechos individuales contenidos en normas constitucionales y en la normativa de derechos humanos universales, que por disposición constitucional o por su naturaleza, son vinculantes a nuestro sistema jurídico. Estos derechos a su vez son los que refrendan el derecho a mantener vigente la despenalización del aborto terapéutico.
Veamos algunas de las normas constitucionales y compromisos internacionales violentados: la obligación del Estado de proteger a todas las personas que constituimos la nación, contra toda forma de discriminación y exclusión, a la par que los relacionados a principios de igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana. (Artos. 4 y 5). Ausencia de religión oficial (Arto. 14). El desconocimiento a quienes constituimos la nación y tenemos reconocimiento y derecho a la protección por parte del Estado: los y las nicaragüenses ya nacidos-as (Arto. 16). La inherencia e inviolabilidad del derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte (Arto 23); el derecho a proteger la propia vida; el de reconocimiento a la libertad; el derecho a la seguridad y reconocimiento de la capacidad jurídica (Artos. 24 y 25); a la vida privada (Arto. 26); a la igualdad formal y real (27 y 48), a la no discriminación (Arto, 27); a la integridad física y psíquica (Arto. 36); la prohibición de medidas coercitivas (Arto. 29); a la libertad de conciencia que implica el derecho de profesar o no cultos o religiones, (Arto. 29); protección estatal y reconocimiento de derechos inherentes a la persona humana y derechos consignados en instrumentos de derechos humanos derivados del Sistema de Naciones Unidas (Arto. 46); protección al proceso de reproducción humana (Arto.74), en tanto derecho de otra naturaleza a la que alegan los supuestos defensores de la vida, puesto que si analizamos el segundo párrafo del artículo mencionado, vemos que el mismo deja claro su vínculo con la protección a mujeres que han decidido asumir su embarazo y es desde todo el cuerpo constitucional que deben interpretarse ésta y otras disposiciones similares.
Además de lo anterior, el derecho al aborto terapéutico ha estado reconocido en el Código Penal desde hace más de cien años, por lo que su eliminación constituiría también violación a derechos adquiridos.
Entre otros instrumentos internacionales derivados del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano al cual estamos adscritos, tenemos: La Convención Sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1981; la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio de 1993, que refrenda anteriores declaraciones de DDHH y universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los mismos; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, que instó a los gobiernos a que se garantice la eliminación de leyes coercitivas para que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos, entre los que se encuentra el de controlar y decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción, sin coerción, discriminación y violencia.
Como se ha repetido hasta la saciedad, la prohibición de abortar viola esencialmente el derecho básico a la vida de las mujeres nacidas en Nicaragua, al ponerlas en riesgo al menos de dos maneras: a) las mujeres continuarán abortando de forma ilegal y arriesgada; b) muchas mujeres seguirán muriendo por embarazos no deseados o no posibles de enfrentar cuando no puedan abortar o se sientan presionadas a no hacerlo.
La coerción y la amenaza que media en la prohibición del aborto viola además los derechos de las mujeres a la libertad, a la autodeterminación, a su integridad física y psíquica, puesto que implica la voluntad de obligarlas a tener un hijo, sin considerar que generalmente ésta es una de las decisiones más difíciles para cualquier mujer que se vea enfrentada a tomar tal decisión. El embarazo y parto no deseados constituyen el inicio de una fuente de penalidades, máxime si ello supone el riesgo de morir y hay otras u otros hijas o hijos ya nacidos para quienes se es la única persona que ha asumido la responsabilidad de garantizar biológica y afectivamente su proceso de reproducción humana.
Aun aceptando que los fetos o embriones son personas en potencia y como tales tienen derecho a la vida, ésta no puede estar condicionada al sacrificio de la vida de personas ya nacidas. Cualquier referente ético hace difícil, por no decir imposible, justificar la imposición a personas que no pueden o no quieren preservar un embrión, a riesgo de su propia vida. Como señaló Judith Thomson en un artículo escrito en 1971 (A defence of abortion) no hay otro caso en que la ley exija a las personas (no penadas por delito alguno) sacrificar su libertad, autodeterminación e integridad física para preservar la vida de otros, así sea la de un hijo potencial [1].
Por otra parte, hay que recordar que un derecho puede ser ejercido o no. El hecho de abortar no implica una obligación. Es simple y llanamente una opción. Las personas a quienes sus religiones o sus normas morales se lo impidan están en todo su derecho de no abortar y asumiendo inminentes riesgos, optar por la autoeugenesia. Lo que no podemos permitir es la prohibición, unida a la imposición de penas inquisitoriales a quienes, también desde su derecho, decidan abortar para no morir.
Por lo anterior, debemos desarrollar una férrea y argumentada resistencia frente a la amañada intencionalidad que subyace entre autores, cómplices y encubridores de quienes, por su carácter misógino o ante la imposibilidad de convencer a sus propias feligresías, pretenden obligar a quienes no pertenecen a sus parroquias e incluso a los que no pertenecemos a ninguna que nos rijamos por sus autoritarias reglas.
De igual manera, prepararnos para enfrentarlos en una larga batalla legal que debe iniciarse ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que su intervención nos potencie como mujeres y no coadyuve a perpetuar nuestra opresión por razones basadas en el género, así como para llevar nuestras demandas a las Cortes Internacionales en caso de no encontrar la debida protección de las nacionales.
Paralelamente y porque sabemos que solamente a través de la disminución de factores estructurales es que podrá coadyuvarse a evitar la muerte de mujeres por abortos inseguros, continuaremos luchando y demandando por empleo, educación, salud, información veraz, científica, laica y condiciones de vida dignas para todas y todos, así como por la penalización contra violadores, agresores y asesinos de mujeres de todas las edades estén o no embarazadas. Y por supuesto, no daremos nuestro voto a candidatos-as que abiertamente conculcan nuestros derechos.

Jurista. Comité Nacional Feminista – Movimiento Autónomo de Mujeres