Opinión

La Nicaragua oficial y la real


Las elecciones en Nicaragua se han convertido en una forma de legitimar a unos cuantos personajes que pretenden vivir cómodamente y sin esfuerzo en los próximos cinco años.
La legalidad y la legitimidad son dos conceptos divorciados. Al igual que el de los representantes y los representados, que hablan diferentes lenguajes, y tienen objetivos diversos, que muchas veces se cruzan, pero no se encuentran.
No es de extrañar, por eso, que los gobernantes y los diputados en la mayoría de los casos plantean falsos problemas que no le interesan a nadie, salvo a ellos mismos.
Al parecer, existen dos mundos: el oficial y el real. Ortega y Gasset escribió en 1914 sobre España: «Dos Españas que viven juntas y son perfectamente extrañas: una España oficial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la Historia».
Esa España divorciada encontró, a través de un pacto de transición en 1978, la unión de intereses públicos.
En cambio, Nicaragua, por diversos motivos, muchas veces manipulados, se mantiene en una deplorable separación.
Durante las dictaduras de derecha e izquierda, que se dieron en todo el siglo XX, era explicable esta reparación. Las políticas se hacían y deshacían en las alturas sin tener en cuenta lo que los ciudadanos opinasen.
En realidad, en esa época no éramos ciudadanos, sino súbditos. No teníamos derecho, sólo deberes, pero no con el gobierno, sino con los caudillos.
En 1990 se inició un proceso de transición, mediante el cual poco a poco hemos ido construyendo unas instituciones representativas, en donde los gobernantes y los diputados, por lo menos así está estipulado en la Constitución y en el Estatuto y Reglamento de la Asamblea Nacional, deben de rendir cuentas a la ciudadanía de su gestión.
Sin embargo, la cúpula política sigue pensando que somos súbditos y que ellos forman un mundo aparte, fuera del escrutinio ciudadano, por lo tanto, no rinden cuentas a la ciudadanía.
¿Cuántos diputados que se pretenden reelegir han rendido cuentas a la ciudadanía? Ninguno. Y los periodistas, analistas políticos y demás opinólogos están, al parecer, más atentos a escucharse a sí mismos que en pedirles cuentas.
En ningún programa donde se han presentado estos candidatos les han preguntado de su gestión anterior; para desgracia, las interpelaciones se circunscriben al futuro y no al pasado de su gestión, como debería de ser.
¿A qué se deben, entonces, esas dificultades para la identificación de gobernantes y gobernados que definen la auténtica democracia?
La respuesta a la cuestión es complicada. Sin embargo, me limitaré a apuntar alguno de los componentes de una posible interpretación del hecho que nos preocupa.
Creo, en primer lugar, que la Ley Electoral no sirve para que la representación en la Asamblea Nacional sea una imagen fiel de la realidad social. En parte se debe a que se elige a los diputados en forma de plancha, y no de manera individual.
Otro factor que contribuye actualmente al contraste entre la Nicaragua oficial y la real es producto del doble lenguaje que utilizan muchos de los políticos profesionales. En privado, o cuando no se trata de decidir, se mantienen unas opiniones que luego son desmentidas, o contradichas, en el momento de pronunciarse públicamente y con efectos trascendentales.
El ciudadano libre de compromisos partidistas rechaza esa forma de proceder. La denominada «clase política» pierde día a día prestigio, hasta caer en el descrédito. Es decir, que aunque tiene legalidad, no tiene legitimidad para gobernar.
Y así como la reforma de la Ley Electoral es una operación difícil, pero realizable el día en que se pongan de acuerdo los representantes de la mayoría de los ciudadanos, la eliminación del doble lenguaje, como vicio arraigado, va a ser una tarea ardua que hemos de contemplar sin demasiadas esperanzas de éxito.
Un tercer motivo de distanciamiento entre lo oficial y lo real tiene una explicación en el menosprecio de la fuerza movilizadora de los símbolos. El símbolo es un factor de cohesión interna, que facilita la aproximación de gobernantes y gobernados.
Si la Nicaragua oficial infravalora los símbolos, el ciudadano medio, el que hace su vida sin apenas inquietudes políticas, no se integra en el conjunto. La identidad nacional sale reforzada con la utilización de los símbolos de la misma. Resulta especialmente preocupante que los gobiernos no insistan en la fuerza movilizadora de los símbolos.
Mal camino se toma cuando no se da importancia a la supresión de la bandera nicaragüense en ciertos edificios oficiales, o cuando se elimina el Himno Nacional en ceremonias solemnes; o cuando los candidatos a la Presidencia utilizan la bandera nacional como una capa o un manto para transmitir que representan la unidad de la nación.
La integración en un grupo requiere una expresión simbólica. Obligada es la cita de Cassirer, con su doctrina acerca del papel importantísimo que los símbolos juegan en la vida social.
El hombre, a diferencia del animal, no vive en el mundo de los hechos crudos y solamente al compás de sus necesidades y deseos inmediatos, sino que vive, además y principalmente, en un mundo de símbolos. «El lenguaje, la religión, el arte, la política, los grupos sociales constituyen parte de ese mundo simbólico, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. El hombre no se enfrenta con la realidad de un modo inmediato y directo; no suele verla cara a cara. Se ha envuelto a sí mismo en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos, de tal manera que ve las cosas a través de la interposición de esa urdimbre simbólica».
El comportamiento político de los ciudadanos, en efecto, resulta influido extraordinariamente por los símbolos de la comunidad a la que pertenecen. Si los símbolos de la unidad (bandera, himno) son arrinconados, o eliminados incluso, los políticos pueden marchar por una senda distinta de la que cotidianamente recorren los ciudadanos.
Las preocupaciones de unos y otros son distintas. La escala de diputados y futuros gobernantes no coincide con la escala de las preocupaciones populares (desempleo, apagones de luz, el coste de las viviendas, la inmigración, etc).
Se hablan lenguajes diferentes. Se plantea de parte de los gobernantes problemas falsos, que no interesan en la calle. Una representación política inadecuada no acorta las distancias entre los que mandan y los ciudadanos. El doble lenguaje produce desencanto, desaliento.
Estas elecciones, que al inicio parecían sorprendentes, han sido iguales que las anteriores: falsas promesas y demagogia de parte de todos los contendientes. Al final, ni los diputados que se pretenden reelegir ni los ex ministros rindieron cuentas a la ciudadanía, por lo que nuevamente los gobernantes tendrán legalidad, pero no legitimidad. El divorcio entre lo oficial y lo real seguirá vigente, para desgracia nuestra.
karlosn@usal.es