Opinión

Una aberración electoral


El 5 de noviembre próximo la ciudadanía está convocada a elegir Presidente, Vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y para el Parlacen. En realidad, son cuatro elecciones, en una sola jornada electoral. Para cada una de ellas, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a expresar su voto en boletas separadas.
Pero ese derecho deben ejercerlo libremente, ya que así lo establece nuestra Constitución Política cuando en su atículo 2 dice: “El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”.
Cabe preguntarse: ¿vota libremente un ciudadano cuando al decidirse a votar por una determinada lista de diputados nacionales aparece en ella el nombre de un candidato que le merece su total repudio por haber abandonado su alianza o partido para pasarse públicamente a otra, sin renunciar a que su candidatura siga inscrita en la lista de diputados de sus aliados anteriores? ¿Por qué estos ciudadanos van a verse obligados a dar su voto por alguien que no quieren, simplemente por el hecho de que el Consejo Supremo Electoral declara que ya no se pueden hacer cambios en las listas por haber pasado el período previsto en el Calendario Electoral? ¿Tiene más fuerza un Calendario Electoral que el mandato constitucional que establece el derecho de la ciudadanía a votar libremente, sin limitaciones de ninguna clase?
Si el Calendario Electoral realmente fuera inmodificable, entonces quizás podría invocarse esa característica. Pero resulta que la Ley Electoral establece otra cosa. Dice claramente, en su artículo 83: “El Consejo Supremo Electoral fijará en el Calendario Electoral el período hábil para la inscripción de candidatos. Los partidos políticos o alianzas de partidos, a través de sus respectivos representantes legales, podrán sustituir sus candidatos en una, varias o todas las circunscripciones en el período señalado o en la prórroga que les conceda el Consejo Supremo Electoral”.
En consecuencia, el CSE está facultado por la ley para aprobar prórrogas al período de las inscripciones de candidatos cuando así se lo pidan los partidos o alianzas de partidos, a través de sus representantes legales. Negarse a conceder la prórroga es violentar el derecho de la ciudadanía a elegir libremente, por cuanto obliga a un sector de la misma a votar por un candidato que no quiere.
El argumento de que a estas alturas no es posible modificar las boletas electorales, que ya están impresas, no es válido, desde luego que la inscripción legal de los candidatos es lo que prevalece. El nombre del candidato seguirá apareciendo en la boleta, pero en el registro de inscripciones de candidatos que lleva el CSE y que es, en última instancia, el que tiene mayor valor, indicará claramente que esa candidatura fue sustituida por otra.
En elecciones anteriores el CSE ha sido menos rígido y ha concedido la prórroga. Negarla ahora podría obedecer a una motivación política, o prestarse a esa sospecha, lo cual no le conviene al propio CSE, que debería ser el organismo más interesado en garantizar la transparencia y legitimidad de todo el proceso.
El libre ejercicio del sufragio es un principio fundamental para que los resultados de una elección sean realmente la expresión de la voluntad popular. Todo aquello que limite esa libertad, y con mayor razón cuando existen los caminos legales para evitarlo, es contrario al objetivo último que persiguen los procesos electorales: que el poder político lo ejerza el pueblo por medio de representantes libremente elegidos. Además, es un atentado a la libertad de los partidos o alianzas políticas escoger sus listas de diputados. Es obligarlos a elegir un diputado que se sabe que va a formar parte de otra bancada, si sale electo.
Todavía es tiempo para que el CSE adopte una decisión que permita evitar esta aberración electoral, perfectamente superable si existiera la voluntad política de hacerlo.

Managua, octubre de 2006.