Opinión

El papel clave de los fiscales electorales y de los observadores


A menos de treinta días para que se celebren las elecciones nacionales, el escenario electoral pareciera estar cada vez más definido. A estas alturas, ya no es posible jurídicamente inhibir a ningún candidato presidencial. Además, cualquier inhibición, a pocas semanas del día de las elecciones, sólo puede estar políticamente motivada: sacar de la contienda a algún candidato que esté “punteando” en las encuestas, lo cual asestaría un golpe brutal a la credibilidad y legitimidad de todo el proceso. Sería violentar el derecho de los ciudadanos a votar por el candidato de sus simpatías.
Por otro lado, las propuestas encaminadas a unir a los candidatos que claramente repudian el pacto Ortega-Alemán y sus nefastas consecuencias no fueron acogidas, por lo que todo parece indicar que llegaremos al 5 de noviembre con cinco candidatos presidenciales y cuatro opciones con respaldo electoral apreciable, según las encuestas.
En consecuencia, el día de la elección los ciudadanos hábiles para votar no podrán evitar preguntarse: “¿Quién de los candidatos me asegura un mejor futuro y tiene más posibilidades de evitar que regrese el pasado?” El llamado “voto útil” será, en última instancia, el que decidirá la elección, al menos en lo que concierne a la fórmula presidencial.
El proceso presenta aún varias debilidades: más de 65,000 cédulas no han sido retiradas de las oficinas del CSE y éste no ha hecho ningún esfuerzo especial para que lleguen a las manos de sus dueños; más de 200,000 documentos supletorios para votar faltan por fabricar y entregar; varios partidos se quejan de la falta de proporcionalidad en el nombramiento de los segundos miembros de las Juntas Receptoras de Votos; aún subsisten dudas, como lo han dicho los voceros de algunos partidos, acerca del reglamento de impugnaciones, que puede ser utilizado maliciosamente para anular todos los votos depositados por los ciudadanos en determinadas Juntas Receptoras de Votos, etc…
Así las cosas, el papel de los fiscales electorales, llamados a defender los votos de sus respectivos partidos, cobra especial relevancia en este proceso. Los partidos necesitan hacer un sobreesfuerzo para capacitar lo mejor posible a sus fiscales, quienes deberán, además, demostrar mucha responsabilidad y disciplina desde el día antes de las elecciones hasta que éstas hayan finalizado por completo. En un próximo artículo vamos a referirnos a las responsabilidades concretas de los fiscales de los partidos.
Por ahora quisiéramos referirnos a la conveniencia de promover, a través de los organismos de observación electoral, un acuerdo de caballeros entre los candidatos presidenciales, o las fuerzas políticas participantes en la elección, en el sentido de que se comprometan a no promover celebraciones anticipadas de victoria o autoproclamaciones. Todos deberían asumir el compromiso público de esperar los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral, para un número, estadísticamente representativo, de las Juntas Receptoras de Votos. En esta elección puede suceder que la diferencia sea muy estrecha entre quienes ocupen el primero y segundo lugar. Una celebración anticipada por cualquiera de ellos podría introducir un elemento muy peligroso de desorientación en la ciudadanía.
Por el momento los organismos de la sociedad civil deberían intensificar las campañas para que todo ciudadano hábil concurra el 5 de noviembre a depositar su voto, cumpliendo así un deber cívico y dando su aporte a la definición del destino del país. Nadie debería optar por la abstención. Es la peor decisión que en estos momentos puede tomar un ciudadano responsable.
También corresponde hacer esfuerzos, desde la sociedad civil, ya que los del Consejo Supremo Electoral son insuficientes, para que los ciudadanos que no han retirado sus cédulas o documentos supletorios para votar procedan a hacerlo lo más pronto posible.
El papel de los observadores nacionales e internacionales será de suma importancia, por lo que deberían tener acceso a todos los sitios clave del proceso, especialmente a la Sección de Informática (incluyendo los programas fuente de la base de datos que registra los resultados), y en el Centro Nacional de Cómputo, a la Sección de Archivo, la de Corrección Aritmética y la de Procesamiento de Datos.

Managua, octubre de 2006.