Opinión

El principio de representación de los diputados


Una de las principales discusiones doctrinarias de las ciencias políticas es el tema de la representación. Se hace mucho hincapié no sólo en los procedimientos que se utilizan en los sistemas de elecciones para escoger a sus representantes, sino también acerca del vínculo que deben mantener éstos con el electorado.
Estas discusiones van también muy enfocadas a las categorías que en el caso de los diputados tienen frente a los electores. Algunos son de la opinión que deben ser considerados unos mandatarios y que deben obediencia, por lo tanto, al soberano pueblo que los ha electo; para ello se señalan algunos tipos de procedimientos que encierren de forma clara los mecanismos de consulta al pueblo.
Otra corriente señala que ellos tienen una cierta independencia una vez que son electos, es decir, que por el solo hecho de estar en la Asamblea en nombre de un conglomerado de ciudadanos que no sólo les dio el voto, sino el poder de representarlos en el supuesto de que son los ciudadanos mejor preparados para elaborar e interpretar las diferentes normas que emanan del Parlamento.
Obviamente, las diferentes tendencias no se han puesto de acuerdo, y mientras tanto la verdad es que existe un divorcio de uno u otro mecanismo de consulta, digo consulta en el sentido que de una u otra forma por principios de representación el pueblo debería de ser consultado por sus representantes; por ejemplo, en Estados Unidos, México y España, entre otros países, los partidos políticos exigen a sus diputados tener una representación más directa, en otras palabras, tienen sedes en el territorio donde han sido electos y, por supuesto, a quienes representan; de este modo tienen un contacto con la realidad de sus votantes, esto sirve para desarrollar iniciativas legislativas tomando el pulso de los futuros beneficiados, incluso estas oficinas de atención son financiadas directamente a través de los honorarios que reciben los diputados.
Si bien es cierto, este sistema no es del todo eficiente ni mucho menos la panacea; de alguna forma es un punto importante entre el acercamiento del representante y el representado. Este medio de comunicación es inexistente en Nicaragua, hasta la fecha no he escuchado a ninguno de los candidatos ni partidos en el sentido de establecer un sistema original para acercarse al pueblo que los elige y al menos tener un tipo de acercamiento que no sea el tradicional de campaña, el llamado mendingar de votos.
Pero hay otro aspecto del principio de representación, y es que, tomando en cuenta que el sistema de elección es a través de nóminas partidarias y precisamente en nombre de agrupaciones sociales denominadas partidos, la representación de los individuos es de un partido político o alianza electoral, los escaños ganados en la Asamblea Nacional le corresponden a una agrupación política y no a un grupo de personas a título personal, la lógica de este sistema de elección es para mantener un pluripartidismo que fomente precisamente la divergencia de ideas en el seno del Parlamento. El elector vota por un candidato asociado de forma directa a un partido político, escoge la opción que más le conviene o agrada y a veces aunque se vote a la persona “per se”, indefectiblemente se está marcando una nómina partidaria, todo ello al margen de si el partido le gusta o no al elector.
Tomando en cuenta estos argumentos, la Ley Electoral debió prever a los diputados tránsfugas o traidores al mismo partido político. La misma lógica elemental establece que si un partido obtiene un porcentaje determinado de representación, una persona por muy moralista o mezquina que sea no tiene atribuciones para endosar los votos a otro partido político diferente al que representó en las elecciones o más bien que a través de este partido llegó a la representación parlamentaria.
La Ley Electoral debe ser contundente en este tema, se debe dejar claro que si un diputado antes de la elección abandona el partido, debe ser automáticamente dado de baja de la nómina, previa solicitud de la junta directiva del partido; en este caso debe asumir el suplente. La misma Ley también debe dejar claro un mecanismo de elección específica para escoger al nuevo suplente, otra característica de esta nueva norma sería que cuando ya han sido electos y gozan de la condición de diputados, al igual que el caso anterior, deben ser dados de baja en su calidad de diputados y restituirle el escaño al partido político, igualmente a través del mecanismo previsto para la elección del nuevo representante, ya sea a través del suplente y para sustituir al nuevo suplente, en los casos que sean los dos que abandonen el partido, es decir el titular y el suplente, también la ley debe prever este supuesto.
Es importante destacar que el caso de la pérdida de la representación que por principio deben respetar los diputados desde que son candidatos es un tema diferente a la crisis de la representación, podríamos aducir que en el devenir del período legislativo surjan diferencias y críticas con las políticas de determinado partido que representa el diputado, sin embargo, este representante debe tomar en cuenta a quién responde, más bien a qué alternativa política personifica, no se puede estar manoseando los porcentajes de representación en la Asamblea Nacional, eso se puede llamar de forma clara las diputaciones prostituidas, en las cuales se avasallan todos los principios políticos de representación.
Las bancadas o grupos parlamentarios representan un porcentaje determinado y exacto de la voluntad popular, es el pueblo quien ha votado por las opciones que se les han presentado en las elecciones, por lo tanto, los diputados deben y están obligados a respetar esa decisión soberana del pueblo, ése es fundamentalmente el principio de representación de los diputados en cualquier país del mundo.
Efectivamente, lo que sucede en Nicaragua obedece a un modelo distorsionado donde lo que priman son las voluntades individuales por encima de la voluntad popular, tanto los representantes como los líderes partidarios se arrogan la representación divina del pueblo, tanto los programas como las iniciativas de leyes dependen de los intereses económicos de los líderes y de sus más allegados, en los casos de las impugnaciones a los candidatos está amarrado por una ley inflexible y moldeada a favor de los partidos que se entrelazaron para favorecerse mutuamente con el control de este poder del Estado.
Por ello, no les interesa hacer nada para reformar una ley que los perjudique, la ley sólo se aplica cuando les conviene, si no reciben la orden de su patrón partidario es imposible que muevan un dedo en algún caso, aunque éste a todas luces violenta los principios democráticos de la representación, supongo que esto lo sabe de sobra el pueblo nicaragüense.
Finalmente, tienen una gran tarea los candidatos a diputados, ésta se puede dividir en dos partes: la primera, hacer un compromiso público de su lealtad ante el partido que los lleva al escaño, ante el pueblo que vote por ellos de acuerdo a su opción partidaria; y la segunda, reformar de manera urgente una vez que asuman sus puestos de diputados la Ley Electoral amañada que nos han dejado los promotores de la violación del derecho fundamental a ser electos y a participar en elecciones, incluso fuera de un partido político.

León, septiembre de 2006