Opinión

Exhortación a la Asamblea Nacional sobre la Ley BIT


Los suscritos profesionales, docentes e investigadores de las finanzas públicas, hacemos del conocimiento de la sociedad civil, y en particular de la Asamblea Nacional, nuestra posición técnica basada en la Constitución Política y en principios universales de promoción y defensa de la hacienda pública, alrededor del proyecto de Ley Especial de Creación de los Bonos para Inversión Turística, conocido como Ley BIT.
1. Desde el punto de vista estrictamente académico, e independientemente de las buenas intenciones que pudiesen animar a los promotores de esta idea, resulta inadmisible incentivar a un sector de la economía nacional --como en el presente caso se pretende hacer a favor de determinados proyectos turísticos-- mediante el financiamiento estatal con los impuestos de los contribuyentes, que en lugar de ser recaudados para el erario piensan orientarse hacia la edificación y funcionamiento de empresas privadas. Principio técnico inmutable es que el Estado jamás debe pagar deudas de particulares.
2. Esta iniciativa de ley ha sido objeto de fundadas críticas de expertos y organizaciones especializadas en la disciplina financiera, entre las que destacan: Dirección General de Ingresos (DGI), Comisión Económica de la Asamblea Nacional y bancadas mayoritarias de ese Poder del Estado, Consejo Nacional de Universidades (CNU) y Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.
3. Llama la atención que dicho proyecto de ley --primer caso en la historia fiscal del país-- preceptúe como su objetivo esencial el financiamiento de proyectos de inversión privada con dinero público, sin disponer del mínimo estudio jurídico y técnico del Estado de la República de Nicaragua sobre el impacto y viabilidad fiscal de semejante medida. Baste recordar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aún no responde la solicitud oficial que en tal sentido, y de conformidad con la legislación financiera vigente, le formuló el Poder Legislativo.
4. La presión ejercida por grupos de interés para su aprobación en las postrimerías del gobierno del presidente Enrique Bolaños, no es consecuente con la trascendencia de los efectos financieros e inconstitucionales que durante años la llamada Ley BIT provocará en el Presupuesto de la República.
5. Por tanto, respetuosamente exhortamos a los señores diputados que rechacen toda posibilidad de otorgar los referidos tratamientos especiales en perjuicio del interés nacional, y que sean las autoridades electas el 5 de noviembre del corriente año quienes consulten y formulen la tantas veces prometida Política Nacional de Incentivos a la Inversión en Nicaragua.
Managua, capital de la República de Nicaragua, 29 de septiembre de 2006.

Francisco Laínez Matamoros José Luis Medal Mendieta
Néstor Avendaño Castellón Sergio Santamaría Zapata
Orlando Núñez Soto Julio Francisco Báez Cortés
Cirilo Otero Escorcia Adolfo Acevedo Vogl
Róger Cerda Pérez Alejandro Aguilar Altamirano
Reynaldo Balladares Saballos Oscar René Vargas Escobar