Opinión

Nicaragua y su ordenamiento jurídico primitivo


Nicaragua posee un ordenamiento jurídico primitivo comparado con el de la mayoría de los países latinoamericanos. A estas alturas ya deberíamos tener un Código de procedimiento administrativo común, un Código general administrativo básico, manuales de aplicación y otras herramientas elementales para que el ciudadano no esté en indefensión frente a la administración pública.
Es evidente que la administración pública no cuenta con las normas básicas de regulación interna y externa. A los ciudadanos se les hace difícil, por no decir imposible, conocer en la mayoría de los casos qué procedimiento seguir, cuál es el recurso idóneo y sus requisitos, lo que debe contener en su escrito, cuánto puede alegarse la nulidad de un acto administrativo, etc.
Por su parte, los funcionarios por la falta de capacitación, ignoran lo mismo y hasta desconocen cómo motivar y notificar las resoluciones, incurriendo en la mayoría de los casos en abusos y desviaciones de poder, y muchas veces usurpan funciones judiciales por una auto-tutela administrativa oscura y desordenadamente regulada.
Este tema es trascendental, pues tiene que ver directamente con una administración moderna, eficaz, eficiente y con los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a la administración.
En la Constitución de 1939 se sentó por primera vez la posibilidad de crear la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir los conflictos entre la administración pública y los particulares. En su artículo 243, se establecía: “La ley determinará los tribunales y jueces de lo contencioso-administrativo, y reglará sus atribuciones”.
Luego, nuevamente, en la Constitución de 1974, en dos de sus artículos, el 303 y 304, se disponía, “habrá un Tribunal Contencioso-Administrativo”. Sin embargo, nunca se dictaron las leyes que regularían todo lo relativo a lo contencioso-administrativo.
En la Constitución de 1987, además de no contener ningún párrafo relativo a la administración pública, tampoco se dispuso nada sobre lo contencioso-administrativo. Fue a través de la reforma constitucional realizada en julio de 1995, que se impulsó nuevamente el tema; y se estableció en el artículo 163 de la Constitución, que la Corte Suprema de Justicia se dividía en cuatros salas, entre ellas, la de lo contencioso-administrativo. Y en el año 2,000 fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley 350, que regula la jurisdicción contenciosa-administrativa, entrando en vigor en 2001.
Sin embargo, algunos artículos de esta ley fueron declarados inconstitucionales, lo que ha tenido como consecuencia directa que la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema ha quedado limitada a conocer solamente las impugnaciones generales y especiales.
Aunque la aprobación de esta ley ha sido un gran paso, no obstante, hace falta capacitar a los operadores jurídicos y a los ciudadanos para que verdaderamente el sistema funcione.
Sin embargo, a estas alturas es valedero cuestionarse: ¿A quién ha beneficiado semejante anarquía administrativa? Probablemente a los gobernantes y a los funcionarios arbitrarios que abusan de su poder para mancillar a los ciudadanos.
Además, es importante preguntarse por qué si en la década de los noventa, y a inicios de ésta se han gastado millones de dólares en la reforma del Estado (solamente el Banco Interamericano de Desarrollo ha prestado 25 millones para este tipo de proyectos), éste no se ha reformado y modernizado.
Sin lugar a dudas, porque a los consultores internacionales no les ha interesado verdaderamente crear, transformar y modernizar el Estado de Nicaragua, porque de hacerlo, se le terminaría, por una parte, el negocio de las consultorías y las asesorías; y por otra, porque desconocen el sistema jurídico, la realidad y la historia de Nicaragua, y es evidente que tampoco pretenden estudiarla y, además, utilizan fórmulas universales para realidades particulares, de ahí lo erróneo de sus propuestas.
Si analizamos los protocolos de los empréstitos otorgados por estos organismos internacionales, podemos fácilmente concluir que la mayoría del dinero ha sido utilizada para pagar diagnósticos, consultorías y dictámenes sin resultados prácticos.
Y lo más grave es que en la medida que nuestros diputados, ministros y el mismo presidente y demás actores políticos no se den cuenta que solamente los nicaragüenses somos los únicos interesados en que las instituciones funcionen para el bienestar ciudadano, seguiremos pagando a consultores y a burócratas internacionales para que realicen diagnósticos sobre lo que ya de sobra sabemos y conocemos, que el Estado de Nicaragua es primitivo y que en este momento no es necesario reformarlo como pretenden los organismos internacionales, sino construirlo desde sus cimientos.
Pero lo más delicado del problema es que si revisamos los discursos de los candidatos a la Presidencia, observamos que siempre hablan de reforma del Estado. Sin embargo, son mensajes sin un trasfondo real, vacíos, con palabras carentes de contenido, porque no son conscientes de la importancia que tiene la administración pública como columna vertebral de la capacidad institucional.
Somos conscientes de que cualquier construcción o transformación del Estado requiere de un extraordinario esfuerzo, pues tendría que revisarse todo el ordenamiento jurídico referente al derecho público vigente en el país, pero, además, estoy también consciente de que los burócratas internacionales no se instalarán a estudiar a profundidad el derecho, la jurisprudencia y la identidad nicaragüense para sacar leyes que nos lleven a dar el salto del Estado patrimonialista en que nos encontramos a un Estado constitucional. Aclaro, no estoy en desacuerdo con los préstamos, con las donaciones y con los propios organismos internacionales, sino con la forma cómo se malgasta el dinero, sin provecho práctico.
Pero, además, me preocupa mucho que intelectuales valiosos que viven dentro y fuera de Nicaragua, se desgasten en polémicas tontas y absurdas; y en ataques personales, con el único fin de mostrarnos que están al tanto de las corrientes europeas de pensamiento.
Debemos de concentrar nuestros esfuerzos en ofrecer propuestas válidas, con el propósito de construir y posteriormente modernizar el ordenamiento jurídico primitivo actual, lo que implica pues, entre otras cosas, separar la administración del Ejecutivo, para que así podamos gozar de estabilidad, que es al fin y al cabo lo que nos puede dar prosperidad y seguridad jurídica en Nicaragua.

Karlos Navarro. Investigador del Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca, España.
karlosn@usal.es