Opinión

Ley General de Educación y la participación de la sociedad civil en la política educativa: una innovación con futuro


Ph. D. / IDEUCA

Una de las mayores innovaciones que presenta la Ley General de Educación es la importancia sustantiva que otorga a la participación de la sociedad civil en las políticas educativas. Desde el Título II en que se presenta la estructura del sistema educativo, la ley sobrepasa la visión habitual que reduce la educación a la escuela, contemplando como un subsistema educativo la educación extraescolar. El país disfruta de un espectro amplio y diverso de Organismos No Gubernamentales (ONG) que realizan actividades educativas desde una ubicación privilegiada en los entornos naturales de vida de los sectores históricamente más olvidados de la educación escolar. Este compromiso directamente encarnado en la realidad de pobreza, violencia y derechos conculcados de la niñez, de los adolescentes y personas adultas, vuelve su actividad pedagógica mucho más compleja y desafiante que la escuela misma, en tanto demanda de contenidos educativos flexibles, pertinentes y estrechamente vinculados con su vida cotidiana.
Investigaciones recientes sobre el tema ponen de manifiesto esta variedad de formatos, contenidos, metodologías y medios de enseñanza, lo que unido a elevados niveles de conciencia desarrollados en contacto directo con las distintas caras que presenta la pobreza del país, proporciona a esta acción educativa resultados profundamente gratificantes, en tanto las personas desarrollan capacidades para comprender y luchar por sus derechos, superar su autoestima y desarrollar el protagonismo necesario para transformar la realidad. Son las ONG las que llegan a los inalcanzables del sistema educativo, a aquellos a los que el sistema educativo se ha sentido incapaz de brindar oportunidades adecuadas a sus necesidades y expectativas. Pero esta actividad educativa profundamente enraizada con las mayorías pobres del país, no queda limitada al entorno comunitario, por el contrario, las organizaciones civiles desarrollan estrategias de participación e incidencia desde múltiples formatos, espacios, niveles y posibilidades de influencia, tanto desde el nivel comunitario, como municipal, departamental y nacional. Son, de alguna forma, “voz de los que no tienen voz”, luchan para hacer posible el sentir de Paulo Freire cuando expresa que es urgente que “los pobres superen la cultura del silencio y adopten la cultura de la palabra”.
La década de los años 80 fue pródiga en apadrinar oficialmente la participación de las organizaciones en el quehacer de la Revolución, lo que si bien abrió múltiples canales de participación, la unilateralidad ideológica y partidista, también impidió que tal participación tuviera un sentido genuino. La Cruzada de Alfabetización y la Gran Consulta de la Educación para definir los principios, fines y objetivos de la nueva educación constituyeron dos hitos fundamentales que nos dejaron lecciones importantes. A partir del año 90 hasta el 97, el oscurantismo y la preocupación obsesiva por destruir cualquier resabio educativo de la etapa anterior, hizo de la participación una ocasión de tensión más que una oportunidad de concertación. A partir de 1998 hasta 2001 se despierta nuevamente la posibilidad de la participación educativa, constituyéndose el Plan Nacional de Educación en el principal foro de participación. A partir del 2002 a esta parte, el torrente de la participación ha seguido creciendo, las demandas de la sociedad civil son más sostenidas, fuertes y coherentes, constituyendo el Foro Nacional de Educación su principal muestra. Numerosos espacios de participación se han abierto en estos últimos años, unos, producto de nuevas leyes que han incorporado este componente; otros, como iniciativas independientes, algunos mixtos, otros exclusivos, en fin, todos con un denominador común que ha incidido con fuerza en este cambio gradual de paradigma desde distintas vertientes:

- Por una parte, las presiones ejercidas por las cumbres mundiales y regionales de educación.
- Por otra, las iniciativas, demandas y presiones sostenidas por parte de la sociedad civil.
En cualquier caso, la participación social debe ser vista en la raíz misma del hecho educativo, del derecho natural que toda persona tiene a la educación. Lamentablemente, en tanto, tal derecho quedó reservado a la institución educativa oficial; la educación fue perdiendo contacto con la familia y la sociedad. La participación que hoy proclamamos es, precisamente, una reivindicación social que se encuentra en lo más profundo del derecho humano a la educación. Negar, por tanto, la participación social, es negarle a la educación su naturaleza, es desvirtuar su sentido. En este sentido, la ley es taxativa en todo su contenido. Desde uno de sus principios se afirma que la educación “es un proceso… descentralizado, participativo, eficiente, transparente…” La participación no es sólo vista como derecho, sino como un deber, por cuanto en otro de sus principios se afirma: “Es deber y derecho de madres y padres de familia, comunidades, instituciones y organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo…” En la reestructuración del Consejo Nacional de Educación que plantea la ley también se incorpora en su Asamblea a representantes de asociaciones de profesionales, padres y madres de familia, de las redes de organizaciones de la sociedad civil del sector educativo. Este espacio es, por excelencia, la instancia máxima que tiene la educación del país para articular y coordinar la política educativa.
Por primera vez se deja claro que toda reforma educativa (Título III) debe ser consultada con el magisterio, la comunidad educativa y los subsistemas involucrados, al igual que se deben dar a conocer a la sociedad sus objetivos y razones de los cambios que se realicen en el sistema educativo, los que deben ser divulgados y evaluados. La ley llega al extremo de definir estrategias y técnicas para la consulta. La historia de la educación en estos últimos diez años está llena de cambios inconsultos y poco o nada razonados, en tanto han sido producto más de la transferencia de modas de otros contextos que resultados de evaluaciones e investigaciones propias. En su Título IV define la Gestión Participativa de la Educación, articulándola con las agendas de desarrollo municipal, y en su artículo 85 manda: “Incrementar la participación de la comunidad, Organismos No Gubernamentales, organismos sindicales y sociedad civil en la administración del sector educativo”. En su Título V vuelve a incidir en la participación de los estudiantes y de los maestros y maestras en todo el proceso educativo, y de los padres y madres o tutores, “como primeros responsables de la educación de los hijos...”, desde un enfoque de derecho, deber y responsabilidad compartida.
Hace falta que las instituciones educativas vean en la participación no un enemigo, sino un aliado para que las decisiones institucionales sean pertinentes, legítimas y relevantes.