Opinión

La reforma “negociada” del Artículo 91 de la Ley General de Educación


Recientemente, los diputados aprobaron, por exigencias del FMI, las reformas “negociadas” a la Ley General de Educación. En efecto, se produjo una negociación “a puertas cerradas” entre el Ministerio de Hacienda y los diputados de la Asamblea Nacional, aparentemente con la participación del FMI, en donde acordaron eliminar del Artículo 91 de la Ley General de Educación el mandato de destinar el 5% de los ingresos tributarios a aumentar el Presupuesto de la Educación Pública no universitaria.
Esto hubiese permitido llevar dicho Presupuesto, por primera vez en nuestra historia, al 4.86% del PIB en 2010, nivel similar al que alcanzó Bolivia en 2003. El gasto público total en educación hubiese alcanzado el 6.4% del PIB en 2010. El Artículo 91, después de la reforma “”negociada”, será plenamente “compatible” con la condicionalidad del FMI . Hay que preguntarse lo que significa esta “compatibilidad”.
En Nicaragua, en las Proyecciones del “Marco Presupuestario de Mediano Plazo” elaborado de acuerdo con el FMI, el Presupuesto del Ministerio de Educación (MEDC) se mantendría “congelado” en 3.3% del PIB, por mucho tiempo hacia adelante, casi el mismo nivel que tenía en el año 2000, y que alcanzó de nuevo en 2003, 2004, 2005 y 2006. En contraposición, las estimaciones efectuadas por el Ministerio de Educación muestran que, para alcanzar los Objetivos del Milenio y las metas nacionales en este campo, el presupuesto de este Ministerio debería alcanzar, al menos, un monto anual promedio, equivalente al 4.7% del PIB.
Estas proyecciones del gasto del “Marco Presupuestario de Mediano plazo” tienen implicaciones muy serias. Indican que, bajo este escenario, del Programa con el FMI no se lograría cumplir con las ODM ni con las metas nacionales en los campos de Educación y Salud.
Esto confirmaría el pronóstico del “Plan Nacional de Desarrollo Operativo” del propio Gobierno de Nicaragua, en términos de que, en el escenario del Programa PRGF con el FMI, “escasamente se podrá cubrir la demanda adicional de servicios (sociales) asociada al crecimiento de la población, pudiéndose aumentar el rezago histórico, en estos sectores”.
Esto implica que el país y su población estarían condenados a enfrentarse a una economía global que dejará fuera cada vez más, y sin miramiento alguno, a las personas y las países que no hayan desarrollado capacidades y destrezas siquiera básicas en materia de capital humano y capacidad de asimilación del conocimiento y la tecnología.
Esto implica también que se continuará condenando a segmentos muy grandes de la población nicaragüense a la perpetua reproducción intergeneracional de la exclusión, las desigualdades y la pobreza. Algunas explicaciones que se han dado sobre esta negociación las justifican alegando que no había más remedio, porque la dependencia del FMI es “apabullante”.
Quizás esta manera de ver las cosas es lo que explica por qué Nicaragua aceptó 21 “condicionalidades estructurales” para alcanzar el punto de culminación de la HIPC, mientras Honduras y Bolivia sólo aceptaron unas siete. Quizás porque en Nicaragua nos mostramos demasiado dispuestos a aceptar cada exigencia del FMI, alegando que es “inevitable”. Pero Honduras y Bolivia alcanzaron el 7% del PIB en el gasto público en educación bajo gobiernos de derecha y bajo Programas con el FMI, de manera que, al parecer, todo depende del grado de predisposición que se tenga para aceptar todo lo que el FMI exige.
Se reafirma el compromiso inquebrantable y sin cortapisas con el cumplimiento de los ODM y las metas nacionales de Educación, pero, por supuesto, siempre que el Presupuesto de Educación se subordine por completo a dicha condicionalidad. El acatamiento del Programa con el FMI, tanto para los partidos que dominan la Asamblea, como para el Gobierno, se coloca por encima de cualquier otra consideración. Si este Programa nos deja sin perspectivas de futuro -- al menos a la mayor parte de la población -- ¿qué le vamos a hacer? Es inevitable y debemos someternos, de manera resignada y pragmática, a esta apabullante dependencia.
El Artículo 91 ahora dirá que, EN TÉRMINOS NOMINALES, el Presupuesto de la Educación no Universitaria para 2007 debe ser NOMINALMENTE superior al de 2006 (obsérvese que con sólo que dicho Presupuesto crezca un peso nominalmente ya se cumple con este artículo, tal como quedará). Por supuesto, “congelar” el Presupuesto del Ministerio de Educación en el 3% del PIB implica que éste crece, nominalmente, en la misma proporción que el PIB nominal, para mantenerse siempre representando el mismo 3% del PIB.
Pero en este marco, al cual hoy TODOS se subordinan, dentro del sistema político, dicho Presupuesto NO PUEDE CRECER, por supuesto, hasta el nivel que exigiría el cumplimiento de los ODM y las pobres metas nacionales de Educación. Esto resulta incompatible con la sacrosanta condicionalidad del FMI.
En este marco hay prioridades absolutas a las cuales se subordina por completo toda la asignación de recursos, como los masivos vencimientos de la deuda interna, los cuales se concentran con especial fuerza en 2007-2011, el mismo período en que el país debería hacer un esfuerzo sobrehumano por invertir en capital humano, para intentar recuperar unas perspectivas básicas de futuro.
En nuestro país, un estudio del Ministerio de Educación muestra que, para tener un 90% de probabilidades de no tener que sobrevivir el resto de la vida con menos de US$ 1 al día, un joven debe haber completado AL MENOS 11 años de escolaridad.
Sin embargo, el promedio de escolaridad de los niños mayores de 12 años en los quintiles 1 a 3 de la distribución del ingreso, que agrupan al 60% de los hogares, pero que en su conjunto concentran al 76.3% de los niños menores de 17 años, es de apenas 2.6 años para los niños del quintil 1, que agrupa al 32.7% de todos los niños menores de 17 años, de sólo 4.1 años para los niños del quintil 2, que agrupa al 24.4% de los niños menores de 17, y de apenas cinco años para los niños del quintil 3, que agrupa al 19.2% de los menores de 17.
Con semejante nivel de escolaridad, este 76.3% de los menores de 17 años estará condenado por el resto de su vida adulta a encontrar únicamente ocupaciones que los mantendrán por debajo del umbral de la pobreza extrema, sin ninguna alternativa.
Este 76.3% de los menores de 17 años sobrevive en hogares cuyo ingreso per cápita al día es igual o menor a US$ 1.17, y se le está condenando, por el resto de su vida adulta, a no poder abandonar jamás estos niveles de pobreza.
Esto es exactamente lo que se denomina “reproducción intergeneracional de la pobreza”. Además, con esto ya se predeterminó el nivel de calificación de la fuerza de trabajo nicaragüense para las próximas décadas, y es claro que las únicas ocupaciones que podrán desempeñar estos jóvenes serán ocupaciones muy precarias, de muy mísera remuneración.
No se pueden crear “empleos de calidad bien remunerados” cuando los empleos de calidad y bien remunerados exigen una escolaridad y una calificación cada vez más alta. Es una promesa falsa el decir que se va a proporcionar a los 100 mil jóvenes que año con año se incorporan a la fuerza de trabajo, empleos de calidad, cuando la mayor parte de ellos ya están condenados a la máxima precariedad laboral y social.
Para tener una idea de la mísera inversión de Nicaragua en Educación: el gasto público de Nicaragua por estudiante de enseñanza secundaria es apenas de un insignificante 4% del PIB per cápita, mientras en Bolivia dicho gasto alcanza el 16% del PIB per cápita y en Zimbabwe el 24%. El Gasto en Educación de Bolivia y Honduras, dos países tan pobres como Nicaragua, duplican al de Nicaragua, a pesar de que ninguno de ellos alcanza el coeficiente de cooperación externa que muestra Nicaragua.
A la continuidad de este marco es que se nos quiere condenar, de manera irreversible, y se nos dice que debemos resignarnos a ello.

Y usted, ¿qué piensa?