Opinión

El caso “metanol” y la responsabilidad penal por el producto


El tema de la responsabilidad penal por el producto constituye una de las más novedosas especialidades del Derecho Penal y surge como consecuencia de los procesos de industrialización cada vez más necesarios en las sociedades modernas, pero que implican una serie de riesgos para el usuario. Así, pues, el avance tecnológico y comercial nos ubica en lo que modernamente se denomina una “sociedad de riesgo”. Desde esta perspectiva puede afirmarse que la intervención del Derecho Penal en este ámbito obedece al elevado potencial de peligro existente en la fabricación y distribución de productos, por lo que nos encontramos frente a una verdadera “fuente de peligro” para bienes jurídicos tradicionalmente protegidos como son la vida y la integridad física del ciudadano (vid. Kuhlen).
Si esto es así, entonces, ¿por qué el Estado permite e incluso promueve la fabricación y distribución de productos para el consumo? Evidentemente, no se puede obstaculizar el desarrollo económico e industrial basándose en dicho margen de peligro, pero sí se pueden crear mecanismos que protejan bienes jurídicos importantes a través del establecimiento de normas de conducta cuya infracción implique la comisión de delitos de especial gravedad.
Generalmente en los casos de responsabilidad penal por productos adulterados se presentan problemas de causalidad, es decir, constatar que el resultado producido (muertes, lesiones) es consecuencia de determinado actuar (adulterar, envenenar, etc); no obstante, en el caso del metanol distribuido en el occidente del país, la causalidad está más que comprobada; no cabe, pues, la menor duda de que la ingesta de metanol (que los consumidores creían “guaro lija”) es la que ha ocasionado decenas de intoxicaciones y muertes. Considero que el análisis del presente caso debe partir del estudio de los clásicos delitos de resultado: el de homicidio o el de lesiones, dolosos o imprudentes. A su vez, hay que distinguir dos momentos: en primer lugar, determinar si la adulteración del producto tenía la finalidad de obtener un mayor rendimiento a menor costo, pero sin voluntad de causar lesiones y menos aún la muerte de las personas; y, en segundo lugar, la conducta de quienes continúan la distribución del metanol a sabiendas de las consecuencias nocivas que causa en la salud.
En el primer supuesto habría que comprobar si las personas que distribuían la sustancia conocían de los peligros de la misma o si, por el contrario, consideraban que dicha sustancia era inocua. La respuesta a este planteamiento nos conduce a determinar si los sujetos han actuado con dolo directo, dolo eventual o como mínimo con imprudencia. A mi juicio, es posible que estemos frente a unas lesiones y homicidios imprudentes. El segundo momento indica que las personas que continúan con la distribución del metanol, pese a las múltiples intoxicaciones y muertes, actúan con dolo directo, es decir, distribuyen la sustancia con ánimo directo y con conocimiento pleno de que la misma puede causar la muerte o lesiones al sujeto.
Se comenta que a las personas implicadas se les acusa por un delito contra la salud pública (art. 331 Pn); al respecto, es necesario precisar que este tipo penal requiere que el sujeto actúe dolosamente, es decir, que tenga conocimiento y voluntad de envenenar o adulterar el producto previendo inclusive un eventual daño en la salud de las personas; sin embargo, no parece que éste sea el caso planteado en un primer orden. Varias son las objeciones que se pueden traer a colación, baste por lo pronto con manifestar lo poco afortunado que resultaría la aplicación de este delito.
Un suceso como éste merece la atención de todos los actores públicos a fin de evitar en un futuro casos de similar magnitud que dejan a las familias nicaragüenses sumidas en el desconsuelo, la incertidumbre y la desesperación.
Becario predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia español.