Opinión

Sandinista por decreto


El clima de crispación social y confusión que reinó en los días inmediatos al triunfo de la revolución del mes de julio de 1979 determinó un ambiente de revuelta política en el que la supervivencia personal imponía el rápido cambio de bando, o el aprovechamiento de las aguas agitadas para beneficio propio en el eventual y seguro gobierno de reconstrucción nacional.
Tales circunstancias alumbraron en los primeros días de septiembre la necesidad de aclarar las aguas por vía legal. Así, el decreto ejecutivo No. 67 publicado el día 20 de ese mes y año en La Gaceta, Diario Oficial, No. 14, establecía claramente el objetivo de la norma desde su título, señalando la “Reservación exclusiva al FSLN de la denominación Sandinista”.
Se basaba tal acto en procurar la participación de todos los partidos y agrupaciones que conformaban la opinión pública en el proceso revolucionario, así como en fomentar el pluralismo ideológico que garantizase el apoyo de todos los sectores económicos y sociales al esfuerzo de reconstrucción nacional.
Arguyendo que debían tutelarse adecuadamente los derechos de todas las agrupaciones, sus denominaciones, símbolos y distintivos para evitar confusiones que podrían desorientar a la ciudadanía, el decreto asumía que el Frente Sandinista de Liberación Nacional por historia y derecho propio era el defensor y fiel intérprete de los principios y metas de la ideología sandinista.
Así pues, se decretó por parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que está “reservado exclusivamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) y a las agrupaciones cívico-laborales y de toda índole que éste organice o a él se integren bajo su dirección, el uso de la denominación “Sandinista” en términos políticos, sus símbolos y distintivos”. En virtud de ello, “cualquier persona u organización deberá poner fuera de uso lo aquí reservado”. Tal decreto, según el índice oficial de leyes de la Asamblea Nacional publicado por la editorial Hispamer en el año 1999, se encuentra vigente.
Las fechas patrias actuales nos hacen rememorar que el pensamiento soberanista de Sandino constituye un patrimonio común de los nicaragüenses, y en consecuencia, la reserva del término sandinista al FSLN es un exceso legislativo que hoy en día no tiene razón de ser.
El movimiento sandinista (el del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional guiado por Augusto C. Sandino que expulsó a los marines), más que una ideología aglutina el sentir nacionalista nicaragüense del que no puede apropiarse a golpe de decreto un partido político, de la misma forma que tampoco los literatos darianos nicaragüenses pueden reservarse por fuerza de ley la grandeza y universalidad de Darío en menoscabo de las letras castellanas.
Hay un larga fila de ciudadanos que, comprometidos con la causa soberanista y antidictatorial, puso su esfuerzo y su sangre en pro de un ideal encabezado por un movimiento guerrillero que a la postre devino en partido político, y que siendo parte del mismo en algún momento, hoy en día no comparten sus directrices ni su directiva, tal es el caso del Movimiento Renovador Sandinista.
Así pues, tantos nicaragüenses que estuvieron dispuestos a ofrendar su propia vida por una gesta libertaria recogiendo los ideales de Sandino, no pueden hoy en día sufrir el secuestro legal de una palabra que designa mucho más que la pertenencia al FSLN, porque si la gesta de Sandino es de todos lo nicaragüenses, es injusto que quienes como él no pidieron ni un palmo de tierra para ser enterrados en esta patria se les impida legalmente el uso de una denominación que denota el profundo sentir nacionalista que enorgullece a quienes nacieron en, y lucharon por, Nicaragua.
Las condiciones que dieron origen al decreto aún hoy vigente pudieron haber tenido su justificación en un momento convulso y difuso. No es posible mantener esta posición en nuestros días, y si algo tendría que hacer en fechas tan propicias como las actuales esta Asamblea Nacional –-y muy en especial los miembros del MRS, a quienes afecta directamente el decreto--, es hacer honor a los ideales de un nicaragüense mayúsculo como Sandino, y acabar con la reserva legal absoluta de una palabra que recoge la grandeza de un pueblo que hoy reclama como suyas la libertad y la democracia.
Salamanca, septiembre de 2006.
balladares@usal.es