Opinión

Anden y la Ley General de Educación: los antecedentes cercanos


Comentario No. 3, 10 de septiembre 2006

IDEUCA

En 1988 en una reunión entre la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) y el Ministerio de Educación (MED) de la Revolución se propuso por primera vez la necesidad de una Ley que regulara al Sistema Educativo Nacional. En este contexto, Anden solicitó a asociaciones homólogas de la región copias de las Leyes Generales de Educación de otros países y nombró a dos personas para preparar el primer borrador de la Ley. El borrador fue preparado, pero nunca fue consultado, ni aprobado.
Tras la derrota electoral del FSLN en febrero de 1990, se realizó en el MED una reunión para tomar decisiones sobre la Ley. En esa reunión la mayoría opinó que lo que se necesitaba con urgencia no era una Ley General de Educación, sino una Ley de Carrera Docente que protegiera la estabilidad en su cargo a los maestros ante las amenazas fundamentalistas de derecha del nuevo régimen. Para cumplir con ese propósito se desprendió del borrador de la Ley General de Educación redactado el capítulo dedicado a los maestros, y se convirtió en insumo para elaborar la propuesta de Ley de Carrera Docente que fue presentada por Anden en abril de 1990 a la Asamblea Nacional. Esta Ley no fue aprobada en esa oportunidad, dándosele prioridad a la Ley 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
En marzo – abril de 1995, Anden y la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN) realizaron una huelga nacional y una de sus exigencias al Gobierno de la UNO, además del incremento salarial, fue la necesidad de una Ley General de Educación.
En diciembre de 1995, Anden nombró a un equipo técnico jurídico para que, retomando el borrador de 1989 y teniendo como insumos a las leyes de otros países, formulara un nuevo borrador de proyecto de Ley General de Educación, de acuerdo con las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales del país bajo el régimen neoliberal. En junio de 1996, Anden se transformó en la Confederación General de los Trabajadores de la Educación de Nicaragua Cgten-Anden y en su congreso constitutivo se propuso pasar de la demanda a la propuesta de una Ley General de Educación. La Fundación “José Martí”, de Alemania, apoyó a la Cgten-Anden en esta empresa. En marzo de 1997 la ley estaba lista. Se redactaron tres borradores y se consultó a diferentes sectores y personalidades del campo educativo nacional. El 27 de agosto de 1997 el proyecto se introdujo ante la Asamblea Nacional con el nombre de Anteproyecto de Ley General de Educación.
Por su parte, el Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) reconoció como correctas las exigencias de Anden y la CNMN de marzo de 1995 acerca de la Ley, e inició no sólo la formulación de un plan para la elaboración de un Anteproyecto de Ley General de Educación, sino también la creación del Consejo Nacional de Educación. Lo curioso es que estas tareas no las asumió inmediatamente el MED, sino la Vicepresidencia de la República encabezada por la maestra Julia Mena. No obstante, como los tiempos se le terminaban a la Vicepresidenta, en tanto ella entregaría su encargo el 10 de enero de 1997, el Dr. Humberto Belli Pereira, Ministro de Educación, quien se había destacado como un funcionario fiel a la ortodoxia neoliberal y había hecho méritos para continuar en el cargo, vio en la idea de la Ley la oportunidad para legalizar la ilegal “autonomía escolar” impuesta a los pobres de este país en 1993, por lo que se dio a la tarea de confeccionar su propio Anteproyecto de Ley, nombró a una persona líder para este proceso, consiguió financiamiento externo y se realizaron algunos foros de consulta en cabeceras departamentales del país. Igual que Anden, el 27 de agosto de 1997, con horas de diferencia, el Anteproyecto gubernamental fue presentado ante la Asamblea Nacional, con el nombre de Anteproyecto de Ley General de Educación Básica y Media.
Así las cosas, a fines de agosto de 1997, en la Asamblea Nacional esperaban la discusión dos anteproyectos de Ley General de Educación. Uno introducido por el Gobierno de la República a nombre del Ministerio de Educación, y otro introducido por la organización magisterial Confederación General de los Trabajadores de la Educación de Nicaragua (Cgten-Anden).
En septiembre de 1998 el ministro que había impulsado la Ley General de Educación Básica y Media desde el MED fue dado de baja de la planilla gubernamental y un nuevo ministro asumió la cartera de Educación trasladándose las preocupaciones desde el ámbito de lo jurídico hacia la planificación. En diciembre de 1998 se inició el proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación. Esta nueva medida de política educativa provocó que la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, en los primeros meses de 1999, detuviera el proceso de consulta para la redacción del dictamen sobre los anteproyectos de Ley presentados a su consideración en agosto de 1997.
El silencio legislativo duró hasta marzo de 2003, cuando el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicitaron a la Comisión legislativa de Educación reiniciar el proceso de elaboración del dictamen sobre la Ley. A partir de entonces la Comisión de Educación, con la compañía permanente de la Cgten-Anden, y también del FEDH-IPN, el IDEUCA, el CNU y la PDDH, fueron formulando, paso a paso, el anteproyecto de dictamen. El resto es cosa sabida: en enero de 2005 el dictamen sobre la Ley fue entregado por la Comisión de Educación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; en junio de 2005 el dictamen fue aprobado en lo general, el 28 de septiembre de 2005 el Foro Nacional de Educación presentó a la Comisión de Educación sus consideraciones, y el 22 de marzo de 2006 fue aprobado en lo particular. El 5 de mayo de 2006 el presidente de la República vetó la ley aprobada y el 2 de agosto la Asamblea Nacional rechazó el veto presidencial. Veinte días después, el 22 de agosto de 2006, la Asamblea aprobó la primera reforma a la Ley.
Hoy, después de 106 años, es la primera vez que la educación nacional goza de un estatuto jurídico que la regula, ordena y da dirección de cara al futuro.