Opinión

Implicaciones de la Ley General de Educación: un cambio de paradigma


Ph. D.
IDEUCA

Es importante analizar la Ley General de Educación como un proceso, en tanto es producto de los antecedentes y aportes que constituyen sus afluentes fundamentales, del contenido que la integra y de las prácticas que configuran su concreción. Este despliegue de la Ley conlleva profundos desafíos para las concepciones y prácticas que presiden el escenario actual de la educación del país. Si bien es cierto que es de suma importancia que la educación del país cuente con un referente normativo de carácter general que guíe su trayectoria, frente a las distintas administraciones políticas que tengan a cargo el gobierno de la República, no lo es menos que este carácter legal ha de contar con la legitimidad necesaria de parte de las instituciones y la sociedad civil, como requisito imprescindible para su aplicabilidad. Aquí reside la razón del porqué tantas leyes, al no contar con la legitimidad requerida, no llegan a aplicarse.
Cabe preguntarse, ¿cuántos de los aspectos que contiene esta Ley General han contado con amplio respaldo institucional y social?, ¿y cuántos de ellos simplemente se deben a intereses subjetivos de quienes los incorporaron? Como ya dijimos en el artículo anterior, buena parte del sistema de mociones que fueran presentadas por el Foro Nacional de Educación, en representación de todas las instituciones educativas y de las organizaciones de la sociedad civil que quisieron participar en él, fueron descartadas en la Asamblea Nacional frente a otras mociones que no contaban con el nivel de consenso presentado por el foro. En este “pequeño detalle” posiblemente resida la clave de la legitimidad y aplicabilidad que puedan tener varios de sus artículos. A pesar de estos tropiezos que, lamentablemente, suelen darse en todas las leyes que son aprobadas por la Asamblea Nacional, es de gran importancia apostar, con todas las voluntades institucionales y sociales, al cumplimiento efectivo de la Ley, a la vez que será necesario ir madurando y consensuando una reforma integral a la misma, en tanto la práctica nos confirme algunas hipótesis que ya se van perfilando. Lo cierto es que el contenido de la Ley, aun con sus vacíos, presenta innovaciones y cambios muy relevantes para la educación del país. Esto quiere decir que, posiblemente, los principales opositores implícitos para su puesta en práctica, sean los funcionarios de las instituciones educativas del nivel central, departamental, municipal y local que administran la educación del país en todos sus niveles, modalidades y expresiones.
Como ocurre con tantas leyes de interés, lo peor que puede pasar es que el país y particularmente los padres-madres de familia, dirigentes de la educación de todos los niveles, el magisterio y la sociedad civil, no cuenten con la información y conocimiento necesarios de la Ley. En ello, sin lugar a duda, las instituciones que dirigen la educación del país, el Consejo Nacional de Educación y el Foro Nacional de Educación tienen gran responsabilidad para convertir la Ley en el gran referente normativo dinámico de la educación. También es cierto que un viejo dicho evangélico, escrito hace más de dos mil años, atestigua en contra de quienes simplemente cumplían la ley de Moisés al pie de la letra despojándola de su sentido, que “la letra mata, y el espíritu vivifica”. Esta Ley es preciso leerla e interpretarla más allá de su sentido literal, para profundizar, sobre todo, en el espíritu que encierra todo su contenido.
Como ocurre en todo proceso en el que un paradigma educativo requiere ser cambiado por otro, la cultura educativa de buena parte de los funcionarios y educadores está profundamente arraigada en sus concepciones y prácticas, por lo que pretender su transformación implica adoptar compromisos valientes y voluntad política, para que los cambios se hagan realidad de forma gradual y sostenida. Algunas de las estrategias a adoptar por parte de las instituciones y organizaciones educativas que pueden constituir una buena prueba de que exista esta voluntad política para aplicarla, con todos los cambios que ello exige, son, entre otras, las siguientes:
- Hacer accesible la publicación de la Ley, de manera que todos los sectores involucrados en la educación la logren conocer.
- Capacitar a todos los actores implicados en el contenido e interpretación de la Ley desde los niveles central, departamental, municipal y de centro educativo.
- Llevar un control exhaustivo del proceso de difusión y conocimiento de la Ley.
- Concertar, con el tiempo debido cada año, con todos los sectores educativos implicados, las propuestas de incremento al presupuesto y al salario y condiciones del magisterio (artos. 91 y 102).
- Organizar el Observatorio de la Aplicación de la Ley General que proporcione datos relevantes sobre el nivel de conocimiento y aplicación que se esté logrando de la Ley, que aporte propuestas relevantes para la toma de decisiones.
- Lograr que el Foro Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación, como instancias de máxima concertación, fortalezcan el proceso de seguimiento a la aplicación de la Ley.
Se requiere, por tanto, más allá de las implicaciones normativas y legales, generar una nueva cultura educativa que motive a la participación e implicación de las instituciones y la sociedad civil para hacer realidad una visión amplia y flexible de la educación, que trascienda la visión actual “corta de vista” que reduce la educación a la escuela, y a ésta encapsulada en su territorio respecto del entorno comunitario en el que está enclavada.
Por otra parte, la Ley, por tener un carácter general, exige que el resto de leyes existentes para el sector se encuentren debidamente alineadas con ella, de lo contrario una buena lógica legislativa exige reformar aquellas leyes que lo requieran. Un buen ejemplo, en este sentido, lo podemos apreciar en el hecho que mientras uno de los principios de esta Ley establece “el deber y derecho de madres y padres, comunidades, instituciones y organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, a participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo…”, la Ley de Participación Educativa lo contradice con una visión muy estrecha de la participación de la sociedad civil. Esta alineación demanda que el Foro Nacional de Educación y la Comisión Técnica Nacional de Legislación comiencen a examinar esta situación y a formular las propuestas de reforma que correspondan.
Otra dimensión que no puede evadirse es que los principios de la educación que incorpora la Ley se han de hacer realidad en todo el contenido de la misma. Uno de estos principios es que “la educación es una inversión en las personas, fundamental para el desarrollo humano, económico, científico y tecnológico del país...”. Más allá de estas palabras, tan rico principio, esencia misma de la educación, se difumina en el articulado de la Ley, en tanto la reforma realizada por la Asamblea inspirada en el contenido del veto presidencial y la presión del FMI (artos 91 y 102), contradice flagrantemente dicho principio. Ojalá que este principio se cumpla en el horizonte del nuevo gobierno, para que las promesas de vencer la pobreza y lograr el desarrollo se hagan realidad.