Opinión

Lecciones aprendidas en el proceso de aprobación de la Ley General de Educación


IDEUCA
La Ley General de Educación, recientemente aprobada y publicada, representa un hito histórico para la educación de nuestro país. Sus innovaciones abren nuevas perspectivas que, aun con los vacíos, omisiones y contradicciones de la ley, presentan avances significativos y desafíos para la educación. Las frustraciones del magisterio y la sociedad civil también han acompañado este proceso en el que un amplio consenso institucional y social que respaldó la aprobación de dicha ley, incluyendo dos artículos que suponían incrementos al presupuesto y al salario del magisterio, fue finalmente frustrado ante las presiones de organismos internacionales, falta de voluntad política del Ejecutivo y debilidad de las partes involucradas.
Pretendemos con esta serie de artículos contribuir al aprendizaje de las lecciones de este proceso para la formulación de otras leyes, compartir las innovaciones que presenta esta ley, así como sus desafíos y vacíos. Es importante que toda la población, y en especial el personal dirigente, técnico y docente de los subsistemas, conozca el contenido de la ley y de la reforma a los dos artículos en conflicto. Es de esperar que una vez que la ley se ponga en escena la práctica nos muestre más claramente la necesidad de elaborar una reforma consensuada a toda ella. De momento, veamos estas lecciones.
1. Un primer paso marcado por la polarización político-ideológica: desde el inicio del proceso de debate emprendido en 1996, en el contexto de cursos de postgrado que realizara el PREAL (Programa para la Reforma Educativa en América Latina), ubicado en la UCA, hoy convertido en el IDEUCA, se desató el interés de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de maestros, especialmente Anden, y otros sectores sobre la importancia de una Ley General de Educación que diera sostenibilidad y direccionalidad educativa al país. La situación del país hizo que la idea primigenia de una ley general que gozara de amplio consenso quedara atrapada por la polarización e intereses partidarios, hasta el punto de que la Asamblea Nacional recepcionó dos anteproyectos de ley, uno del entonces ministro, doctor Humberto Belli, y otro del sindicado magisterial Anden. Esta situación impidió que la Asamblea pudiera avanzar con la ley, tomando en cuenta que ninguno de los dos anteproyectos tenía el carácter de ley general. Una vez más la polarización política negó la posibilidad de que la educación contara entonces con una ley general.
2. Un segundo paso en el que el debate y consenso se logró sólo entre las organizaciones de la sociedad civil: con el impulso recibido del Plan Nacional de Educación, a partir de 2000-2001, tras el paso fallido, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la educación, retomando lo mejor de cada anteproyecto presentado e incorporando nuevos elementos, elaboraron una nueva propuesta que logró ser consensuada entre las organizaciones, sin la participación del MECD ni del Inatec. Recuerdo que recibí esta propuesta una vez concluida, con el fin de que le hiciera observaciones y recomendaciones, las que fueron abundantes y posibilitaron a los actores realizar una segunda versión. Entre las observaciones hacíamos ver la importancia que tenía compartir la propuesta con las instituciones responsables de administrar la educación del país, lo que no se hizo por distintas razones. A partir del 90 fue muy común que propuestas y anteproyectos de leyes fueran consultados entre los sectores y organismos afines, lo que difícilmente se hacía con aquellos que pensaran diferente. Este gran error significó, también, un obstáculo al proceso, retrasando aún más la ley general. De fondo siempre actuó la polarización política.
3. Las prisas e intereses políticos hicieron que la Asamblea Nacional aprobara la ley en lo general como “regalo” al magisterio en el Día del Maestro: aun a sabiendas de la Comisión de Educación de la Asamblea que el contenido del nuevo anteproyecto de ley general no respondía a lo que la educación del país requería, las prisas y beneficios políticos que retribuiría su aprobación a determinadas personas y partidos hicieron que la misma fuera aprobada en lo general. Y esto, a pesar de que el Foro Nacional de Educación hizo saber, en su momento, que el contenido del anteproyecto poca relación guardaba con el contenido de la reflexión, debate y propuestas innovadoras de consenso sobre la educación del país que se estaban construyendo en sus 11 mesas de trabajo. Nuevamente el factor político partidario actuó como fantasma obstaculizador que podía haberse evitado.
4. Los protagonismos personales se sobrepusieron a las propuestas de mociones ampliamente consensuadas por 11 mesas del Foro Nacional de Educación: al fantasma ya anotado se añadió uno nuevo. El sistema de mociones consensuadas al interior del FNE, primero por la mesa de legislación y después con el resto de mesas, fue entregado a la Comisión de Educación de la Asamblea, con la confianza de que fueran incorporadas sus propuestas, de máximo consenso, en la nueva ley al ser aprobada en lo particular. Lo cierto fue que nuevamente el discurso de la participación y el consenso fue traicionado frente a intereses particulares de instituciones, sectores y personas. Una vez más se cumplió el dicho histórico de que “las leyes tienen nombres...”, responden a intereses de personas con el poder de trastocar propuestas de consensos sociales, en atención a introducir en la ley aspectos de su interés. De esta manera no debe extrañarnos que de las propuestas entregadas por el foro se respetara una mínima proporción, atentando así contra la fuerza del consenso. Nuevamente se impuso la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. No debe extrañarnos, entonces, que en la ley compitan elementos sólidos y de futuro contra otros “pegados” a la fuerza que razones subjetivas.
5. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, ente puramente académico que queda a merced de intereses de partidos políticos: debido a intereses de miembros de la Comisión de Educación y otros sectores, en contra de toda lógica seguida por los países del área, la ley incorpora un capítulo en el que la Asamblea nombrará al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Aun con las condiciones que establece la ley, esta elección no escapará a razones políticas, las que seguramente se superpondrán a las académicas.
6. Finalmente la lógica económica del Ejecutivo y del FMI anuló la lógica social, el consenso y la posibilidad de concretar una voluntad política a favor de la nueva educación: curiosamente el grueso del veto presidencial se centró en los artículos económicos que dan respaldo al resto del articulado. Frente a la falta de voluntad política para destinar el perdón de la deuda a mejorar sustantivamente la inversión en educación y con la imperiosa fuerza del FMI para salvaguardar sus políticas, la Asamblea dio la espalda al consenso de sectores sociales y al magisterio, que demandan más y mejor educación. Ante una oportunidad histórica, la reforma de los artículos 91 y 102 dio muestras de cuan fácilmente el discurso por la educación sucumbe ante intereses políticos y económicos.