Opinión

Ejemplos en la construcción institucional de Nicaragua

A Fredy Manuel , mi hijo, en su cumpleaños 10.

El avance democrático de una sociedad se debe medir no sólo por la democracia representativa (elecciones) y democracia participativa que exista, sino también por cuan equitativa es la distribución de la riqueza, los servicios sociales, el conocimiento y la cultura en dicha sociedad y cuan profesionales y justas son las instituciones para asegurar y velar por los intereses generales de la nación, sus ciudadanos y los que viven en ella.
Señalo esto para indicar --relacionado con el último factor-- que en Nicaragua en el último cuarto de siglo se han creado nuevas o se han reformado las instituciones del Estado, eso no ha significado un real avance de la institucionalidad democrática, al no tener o no alcanzar construir instituciones suficientemente desarrolladas o puestas al servicio de los habitantes y los ciudadanos y de la nación como comunidad política de todos y para todos, al contrario, con la concepción neoliberal la responsabilidad estatal en función del desarrollo económico y social se ha disminuido radicalmente.
Pese a este déficit en la construcción democrática (en su expresión institucional), existen en Nicaragua ciertos avances que no se pueden dejar de destacar, como es principalmente el desarrollo profesional y nacional de las Fuerzas Armadas, que se han convertido en reales servidoras de la nación, de los habitantes y ciudadanos del país, estamos hablando concretamente del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, que precisamente este 2 y 5 de septiembre cumplen respectivamente sus 27 años de existencia.
Hay que reconocer que estas dos instituciones surgen en un contexto revolucionario que implicó --en primer lugar-- derrotar y abolir el ejército anterior (la Guardia Nacional), servidor de la familia Somoza y sostén de la dictadura somocista y subordinado claramente a los intereses del gobierno de los Estados Unidos desde 1927, cuando fue creado por éstos. Esa radical ruptura condujo a la creación de nuevas Fuerzas Armadas --claramente influenciadas por el sandinismo, fuerza política conductora de la revolución-- que, pese a su partidismo, se experimentaron avances institucionales en primer lugar --aparte de su creación-- porque se separó al Ejército y a la Policía como dos instituciones; antes la GN cumplía funciones de Ejército y de Policía, y se promovió una nueva filosofía del carácter patriótico del Ejército y de servidora pública y respetuosa de los derechos humanos de la Policía Nacional. Aunque nacieron y se forjaron en un contexto de guerra y de una complejidad social, estas nuevas instituciones ya no eran en su filosofía y en su accionar institución como las que se había derrotado en 1979.
Tuvieron un papel central en las negociaciones de paz que se iniciaron en 1988 con las negociaciones de Sapoá, en el apoyo y respeto a los resultados electorales de 1990 y luego en todo el proceso de pacificación que se extendió hasta bien metida la década del 90, para atender no sólo el proceso de desmovilización de la contrarrevolución (o resistencia, como también se le llamó), sino también enfrentar a muchos grupos armados inconformes tanto de desmovilizados de la contra como de retirados de las Fuerzas Armadas, por el incumplimiento de las promesas del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. El esfuerzo de atender la pacificación del campo y el crecimiento de la delincuencia en el país participaron respectivamente el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
Al mismo tiempo, dichas instituciones entraron --como producto de la finalización de la guerra y el cambio político de 1990-- en un nuevo proceso institucional que tuvo como inicio una reducción drástica de sus fuerzas, necesarias en buena medida al nuevo momento de paz que se vivía, aunque para el caso de la Policía Nacional se considera fue más drástica, quedando en un límite muy precario dadas las nuevas realidades de delincuencia y conflictividad social que se generó inmediatamente en el país.
Se creó desde mediados de los años 90 un nuevo marco legal para la Policía y el Ejército que, teniendo en cuenta la Constitución Política de 1987 y sus posteriores reformas, ha sido la base de la profundización del proceso de profesionalización del Ejército y de la Policía, estableciéndose su labor como una carrera de servicio público, institutuciones subordinadas al poder civil, apartidistas y no deliberantes.
Estos elementos --unidos a la responsabilidad patriótica y social del liderazgo de dichas instituciones-- fueron las condiciones fundamentales para convertirlas en instituciones de carácter nacional. Por tanto, quedaron claramente delimitadas la labor de defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial para el Ejército y la de la seguridad pública (interior) y de auxilio judicial para la Policía Nacional, y otras complementarias a las nuevas realidades de defensa del país, protección de los ciudadanos y del medio ambiente y del desarrollo del país en su conjunto.
Efectivamente, este avance no ha sido fácil, principalmente porque algunos sectores que han desconfiado de estas dos instituciones por su origen sandinista pretendían o eliminarlas o desnaturalizarlas, sin embargo, la actuación profesional, apegada al marco jurídico, su efectividad y su ejemplo en el cumplimiento de sus deberes han ido permitiendo despejar las dudas y que hayan ganado una gran legitimidad social nacional y reconocimiento internacional.
Dichas instituciones han desarrollado y siguen desarrollando una visión integral de la defensa nacional y de la seguridad de los ciudadanos, y al mismo tiempo no han perdido la filosofía de vincularse con el pueblo, apoyarse y apoyar a la comunidad, articularse y cooperar con otras instituciones, lo que ha contribuido a su efectividad, a crear y mantener un ambiente de seguridad y confianza, premisas necesarias para el desarrollo del país.
Ojalá que la institucionalidad alcanzada, el profesionalismo y el ejemplo de nuestras Fuerzas Armadas se perennice y ojalá nunca más volvamos a aquella época de antes de 1979 cuando la Guardia Nacional se declaraba enemiga del pueblo y lo mataba. Seguir con esa tradición patriótica, de servidores públicos, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, mantener su carácter humanista, es el mejor legado que dichas instituciones pueden asegurarle a las presentes y futuras generaciones de nicaragüenses.
Profesor UNAN-Managua. Miembro del CNU. Secretario General de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua. fredyfranco@hotmail.com