Opinión

Propuesta de solución a los Cenis


En algunos medios de comunicación he hecho una propuesta de lo que yo considero una solución justa para el caso de los Cenis, la que en diferentes reuniones con amigos he explicado y me han dicho que la consideran, además de razonable, justa, por lo que me han pedido que la exponga por escrito.
Para tales efectos y en aras de ser lo más claro posible, usaré lo que fue la intervención del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), de la que tengo mayor conocimiento, por haber formado parte de su Junta Liquidadora, en la que por ley debería formar parte un abogado.
Por razones que no es el caso exponer, el 4 de agosto de 2001, el superintendente resolvió intervenir el Banic y para tales efectos nombró una Junta Administradora, la que, según la ley, ostenta la representación legal del Banco y está facultada para tomar las medidas legales que considere pertinentes para salvaguardar los intereses de los depositantes.
Teniendo como prioridad dicha Junta Administradora, para evitar un grave riesgo a la seguridad del sistema financiero, el asegurar que los depósitos del Banco sean asumidos de inmediato por otra entidad bancaria, separó los activos y pasivos del banco intervenido en un Balance a Vender en Bloque y un Balance Residual, que sería saldado posteriormente por la Junta Liquidadora. El pasivo de este Balance a Vender en Bloque consistía en todos los depósitos e intereses por pagar y otras obligaciones con el público, como cheques de gerencia, giros y depósitos transitorios; y un activo que consistía en lo que yo llamo la carne, disponibilidades e inversiones no comprometidas, resto de cartera neta de provisiones contabilizada y ordenada, y bienes de uso.
A pesar de que existía la Ley No. 371-- “Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero”--, el Fogade o Fondo de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero no estaba constituido, por lo que el Gobierno de Nicaragua tomó la decisión de garantizar los depósitos de los cuentahabientes, y el Banco Central, previa solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puso, por cuenta del gobierno, a disposición del Sistema de Garantía de Depósitos, creado por la Ley No. 371, los recursos y GARANTÍAS necesarios para el cumplimiento de la garantía del Estado sobre la totalidad de los depósitos del público.
Aquí es importante establecer qué tipo de obligaciones asumió y podía asumir el Banco Central de Nicaragua, actuando como agente financiero del gobierno, para asegurar los depósitos de los cuentahabientes.
La repuesta la encontramos en una carta de fecha 4 de agosto de 2001, dirigida a la Junta Administradora del Banic y firmada por el licenciado Mario Flores, Gerente General del Banco Central de Nicaragua, en la cual dice: “Debidamente autorizado por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, me permito comunicarles las condiciones en las cuales el Banco Central apoyaría la operación de ventas de activos y pasivos consistentes en depósitos del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (Banic)”, y continúa diciendo: “El Banco Central de Nicaragua emitirá Certificados Negociables de Inversión (Cenis) por cuenta del Gobierno de Nicaragua, a favor del banco adquirente de los activos y depósitos del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (Banic), hasta por el valor que sea necesario para compensar la eventualidad de una brecha entre los activos y depósitos adquiridos…” (las negrillas y subrayado son del autor).
Esta carta iba acompañada, como me lo ha afirmado uno de los miembros integrantes de la Junta Administradora, de las “BASES PARA CONCURSO DE VENTA CONJUNTA DE ACTIVOS Y DEPÓSITOS DEL BANCO NICARAGÜENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A.”, elaboradas por la Superintendencia de Bancos y del pleno conocimiento del Superintendente de Bancos, doctor Noel Sacasa, y del Gerente General del Banco Central de Nicaragua, licenciado Mario Flores. En el numeral (vii) de estas Bases se determinó: “Se hace necesario que el Estado, por medio del Banco Central de Nicaragua, para hacer efectiva LA GARANTÍA (negrilla y mayúsculas del autor) del 100% de los depósitos que ordena la Ley No. 371, Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, publicada en La Gaceta No. 21 del 30 de enero de 2001, provea al banco que asuma los depósitos, las garantías necesarias, en forma similar a lo que contempla el inciso 3 del Arto. 39 de dicha Ley” (negrillas del autor). Y continúan diciendo las bases: “Consecuentemente, la Junta Administradora, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, ha determinado las bases siguientes para proceder, con el apoyo financiero del gobierno, a través del Banco Central de Nicaragua, para dar cumplimiento a la garantía (negrilla del autor) de los depósitos del público que ordena la Ley No. 371, a convocar a concurso para la venta de dichos depósitos en conjunto con una contraparte de activos”.
De lo anterior se deduce que los Cenis fueron emitidos en GARANTÍA, por una eventual brecha que pudiera existir entre los depósitos del público que el banco adquirente iba a pagar y los activos que para cubrir ese pasivo se le otorgaron propiedad del Banic. Esto no pudo ser de otra manera, pues la Ley 371 así lo establece y específicamente el inciso 3 del Arto. 39 de la referida Ley que se menciona en las bases de la subasta, claramente habla de un AVAL, al decir: “…el Consejo Directivo del Fogade podrá avalar a las entidades adquirentes, con cargo a los recursos del Fogade, cualquier reducción que pudiera determinarse, con respecto al valor base determinado por Fogade, para el valor total de los activos a adquirir…”
Por lo tanto, habiendo sido la intervención del Banco Central, con el objeto de garantizar una eventual brecha entre los activos y depósitos adquiridos, ahora lo que se tiene que determinar es la magnitud de la brecha real, pues si ésta es menor a lo garantizado con los Cenis, el banco adquirente tendrá que devolver parte de los mismos, y si es mayor, el Gobierno de Nicaragua tendrá que hacer honor a su garantía. En conclusión, el Banco Central tendrá que sentarse con el banco adquirente, en este caso el Banpro, y preguntarle: ¿Cuánto pagaste por los depósitos y cuánto recuperaste de los activos que se te dieron? Hagamos cuentas. Ésta para mí es la solución al asunto de los Cenis, exclusivamente, a menos de que lo queramos hacer político y buscar a quién culpar.
A mi juicio, debería de contratarse una firma auditora internacional reconocida para que realice una liquidación de cuánto rindieron los activos absorbidos por los bancos adquirentes, para que restados de los pasivos tomados se determine de una vez por todas la brecha real.

Abogado