Opinión

A propósito del subsidio a Unión Fenosa


Qué ciudadano no ha sufrido en carne propia las nefastas consecuencias de la suspensión del fluido eléctrico que, durante una media de seis horas diarias, viene afectando a los usuarios del servicio.
Hoy escuchamos, de nuevo, voces en favor del otorgamiento de un nuevo subsidio a Unión Fenosa, esta vez, por la cantidad de nueve millones de dólares. Justamente por ello, creo oportuno dejar constancia de algunos hallazgos que, en la coyuntura actual, conviene tener presentes como elementos de reflexión para determinar si la solución a la crisis pasa, necesariamente, por conceder un nuevo subsidio a dicha transnacional.
Para ser honestos, no nos parece que toda la culpa de la actual crisis sea atribuible a Unión Fenosa, a pesar de que a los ojos de la opinión pública aparece como el “gran villano”; las empresas generadoras de energía eléctrica también ostentan una importante cuota de participación, de forma tal que suspenden o disminuyen su producción de energía para presionar a Fenosa, ya que, a su vez, ésta les debe importantes cantidades de dinero en concepto del suministro de energía.
Sin embargo, lo cierto es que tampoco es posible eximir de toda responsabilidad a la empresa distribuidora de electricidad, ya que ésta no ha realizado las inversiones a las que se obligó en el respectivo contrato que suscribió con el Estado de Nicaragua. Para Unión Fenosa resulta “rentable” hacerle el juego a las generadoras, en tanto sabe que el Estado de Nicaragua, presionado por los diversos sectores sociales, tendrá que ceder a la pretensión de nuevos subsidios que, en teoría, son útiles para paliar la crisis del sector.
Un breve repaso por la historia de los más recientes subsidios concedidos a Unión Fenosa permitirá que cada cual saque sus propias conclusiones.
A través de la Ley 517, que establece el uso de las utilidades de Hidrogesa y crea el fondo de apoyo a la producción agropecuaria no tradicional de exportación, se establece que de las utilidades netas de Hidrogesa, correspondientes al ejercicio del año 2004, se aprueba la transferencia de US$ 5.6 millones de dólares al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para que administrase estos recursos a fin de mantener inalterable la tarifa de energía eléctrica durante el año 2005. Aquí cabe preguntarse: ¿cómo iba a cumplir con dicho cometido el INE si no a través de la entrega de esa cantidad de dinero en concepto de subsidio a Unión Fenosa, que es precisamente la entidad distribuidora de la energía en Nicaragua?
La cosa no acaba allí, la Ley 554, de estabilidad energética, prevé que “los desvíos” contabilizados por Disnorte y Dissur (las dos entidades jurídicas sobre las que ejerce el control Unión Fenosa) en el período de tiempo que va del 1 de octubre del año 2004 al 30 de junio del año 2005 fueran compensados con lo que estas empresas adeudaban a las generadoras eléctricas estatales, Gecsa e Hidrogesa, al 30 de junio del año 2005. Dicho de otra forma, a través de esa ley se condona la deuda que Unión Fenosa (Disnorte y Dissur) tenía a la fecha, misma que ascendía a la cantidad de US$ 18.5 millones de dólares, adicionales a los US$ 5.6 millones de dólares que el INE ya había transferido a ésta.
Todavía más, la Ley 555, de modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005, ordena el incremento del Presupuesto General de Egresos para el ejercicio presupuestario 2005, en la suma de C$ 204,000.000.00 (doscientos cuatro millones de córdobas netos), que corresponde a la partida “subsidio de desvíos tarifarios de energía eléctrica”, monto que sería distribuido en partes iguales, una vez más, entre Disnorte y Dissur.
En fin, de todo lo que llevamos dicho es posible extraer sin dificultad al menos un par de conclusiones. En primer lugar, que la ya “inveterada” política de subsidios no parece haber resuelto el problema de fondo que ocasiona la crisis que hoy nuevamente padecemos; en segundo lugar, eso nos lleva a interrogarnos si en realidad merece la pena seguir “echando en saco roto” los millones de dólares que tanta falta hacen en este empobrecido país, máxime si tenemos en cuenta que con este nuevo subsidio se llegaría a la suma de 45 millones de dólares que, a través de uno u otro mecanismo, han llegado a parar a Unión Fenosa.
Quisiera seguir reflexionando sobre estas y otras cosas, por ejemplo: ¿qué medidas, distintas a los subsidios, se tienen en mente para resolver la crisis? Si la clase política se ha planteado una solución definitiva a mediano o largo plazo. Si es así, ¿qué esperan para ejecutarla? No tenemos espacio, ni tiempo para responder a tantas interrogantes, lo que sí puedo asegurarles es que no me cabe ninguna duda de que de un momento a otro se volverá a ir la luz y volveremos a otorgar otro subsidio.

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Centroamericana (UCA)