Opinión

Bonos de Inversión Turística: preguntas que deben ser contestadas


Confieso que he pensado mucho seguir en el debate sobre la ley de bonos de inversión turística, sobre todo luego de haber sido tachado --junto al resto de colegas contrarios a la propuesta BIT-- como “izquierdista y populista”, cuyos prejuicios anticapitalistas me impiden ver “el negocio en serio” y solamente la economía “chiquita e informal”, así como de “resentido social”, y una que otra perla más por el estilo (Editorial de La Prensa, 2 de agosto de 2006).
Esta situación pone de manifiesto el carente clima de respeto académico y cordialidad en la búsqueda de soluciones, y evidencia el necesario retorno de las aguas a su cauce a fin de no recibir tal tipo de calificativos que, por otra parte, muy poco dicen de la valía de las personas de quienes provienen, y que no pienso contestar.
Así las cosas, para entrar en el fondo del asunto sería muy provechoso que los interesados en la ley BIT nos explicaran ciertos puntos controversiales que tocan la médula de la problemática, superando de esta forma argumentos políticamente correctos y bien vistos ante los ojos de ciudadanos de buen corazón que suelen perderse en la maraña de tecnicismos jurídicos y financieros, tales como la creación de puestos de trabajo, el “efecto multiplicador” de la industria turística en la economía nacional, las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, etc.
Quienes defienden los bonos de incentivo turístico abundan en señalar las bondades del sistema propuesto, pero para que ello sea jurídicamente constatable las siguientes interrogantes deben ser respondidas para poder iniciar un debate serio y contundente:

1. ¿La utilización de fondos públicos para sufragar los costos de inversión de proyectos turísticos privados hasta por un monto máximo del 70% corresponde a la idea de financiar “parcialmente” tales proyectos?

2. Si se permite lo anterior, quiere decir que un proyecto cuyo costo puede ser un mil millones de dólares puede ser financiado mediante “flujos futuros” del Impuesto sobre la Renta e IVA hasta por un monto total de 700 millones de dólares. ¿Acaso tal suma no constituye un gasto fiscal a ser pagado por los contribuyentes?

3. Se señala en la exposición de motivos de la ley que el mecanismo se funda en el Tax Increment Financing (TIF), de tanto éxito en los Estados Unidos de América. ¿Tendrían los señores defensores de la ley BIT la amabilidad de señalarme en cuál de las 49 leyes estatales vigentes en ese país, que regulan tal mecanismo, se aprueba: a. La utilización del TIF para la creación de obras privadas; b. la emisión de bonos privados para financiar tales obras privadas; c. la autorización a las entidades privadas para que paguen tales bonos puestos en el mercado bursátil con los impuestos sobre la renta e IVA?

4. ¿Podrían decirme en qué parte de la legislación, jurisprudencia o doctrina de cualquier país del mundo inmerso en un Estado de Derecho se sustentan para establecer la posibilidad de que el Impuesto sobre la Renta e IVA pasen de forma directa a formar parte del capital privado de proyectos turísticos a efectos de pagar los costos de inversión?

5. Igualmente, ¿en qué ordenamiento jurídico inmerso en un Estado de Derecho se acuña el concepto de “flujos futuros” del Impuesto sobre la Renta e IVA como medio de sufragio de los gastos públicos, o como magnitud económica suficiente para tales menesteres?

6. ¿En dónde se prevé la posibilidad de que el impuesto --instituto jurídico secularmente depurado-- no sea utilizado para el sostenimiento de los gastos públicos?

7. Finalmente, ¿en que país del mundo se prevé romper la relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente nacida de la realización del hecho imponible de cualquier tributo para sufragar gastos privados?

Desde mi punto de vista, estoy seguro de que si alguna de estas preguntas admitiese una respuesta afirmativa tendrían los interesados en la ley BIT la posibilidad de iniciar un discurso técnico y jurídico coherente a través del cual defender el proyecto de ley.
Sin embargo, mucho me temo que tal hipótesis no será constatable, toda vez que son interrogantes que no soportan un análisis jurídico-tributario somero y breve. Mucho de ello se manifiesta cuando los mismos interesados arguyen que nunca en un país del mundo se ha implementado este tipo de alicientes a la inversión. Esto es así, porque ningún país serio se atrevería a usar los impuestos para pagar las inversiones privadas en materia turística.
Si existe competencia entre los países para atraer inversión de cualquier tipo, incluida la turística, ésta se da a través de la concesión de beneficios tributarios, que a la postre significan el no pago de uno o más impuestos, y que en nuestro país ya se encuentran presentes desde la aprobación de la ley de incentivos turísticos.
Intentar dar un paso más en la promoción del turismo a través de un mecanismo tan sui generis como el de la ley BIT, más allá de crear el efecto deseado supondrá la puesta en crisis del sistema nacional de tributos por la muy bien denominada “privatización de los impuestos” que su puesta en marcha supone.
En torno al clima de respeto que debe regir un debate de altura en un tema de tanta trascendencia para la nación, lamento mucho que el estado de las cosas haya llegado al extremo arriba señalado. Creo que el intercambio de ideas debe centrarse en ese terreno, sin entrar en descalificativos personales que en nada sirven para defender una causa y, muy al contrario, mucho desdicen de quienes los utilizan.
No dudo en señalar que la industria turística es un gran caldo de cultivo para la riqueza en Nicaragua, para el mejoramiento de la economía nacional, la creación de empleos, etc. Lamentablemente, desde mi punto de vista --ampliamente fundado--, el mecanismo de los Bonos de Inversión Turística dista mucho de ser constitucional, y no soporta un juicio de proporcionalidad según el fin que se propone.
Lamento igualmente que todo el esfuerzo hecho por brindar una salida a los problemas de Nicaragua no rinda los frutos deseados. Quienes han aportado esta propuesta seguramente habrán invertido esfuerzos ingentes y horas de estudio para realizar con buen tino un mecanismo que coadyuvase al fin que se pretende, y que en el fondo comparto. Sin embargo, por muy loable que sea el objetivo por alcanzar, creo que en este caso el fin no justifica el medio.

Salamanca, agosto de 2006.
balladares@usal.es