Opinión

La olvidada competitividad


No hemos escuchado a ninguno de los candidatos presidenciales proponer proyectos de competitividad, los que son importantes para un desarrollo sostenible de las actividades productivas y un incremento en la productividad. Lo único que hemos escuchado es del banco de fomento para agilizar los créditos para pequeños y medianos productores. Pero esto es apenas un factor de la competitividad. Ni siquiera han mencionado el anteproyecto de ley de promoción de la competencia.
El reporte de la Competitividad Global edición 2001 nos dice que tres son los factores más importantes de la competitividad: la calidad del ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la capacidad tecnológica.
Michael Porter, especialista en competitividad de la Universidad de Harvard, señala cinco roles básicos del gobierno central:

a) Mantener la estabilidad macroeconómica y política.
b) Mejorar carreteras, caminos, escuelas y telecomunicaciones.
c) Crear incentivos y la regla del juego para estimular la innovación tecnológica y la productividad.
d) Fomentar y reforzar la formación de “clusters”.
e) Establecer una positiva visión económica a largo plazo que incorpore gobierno, negocios y ciudadanos.

La principal razón de la inestabilidad es la volatilidad del crecimiento económico, tasa real de cambio, tasa real de interés, oferta de crédito nacional, inflación, precios y tasa nacional de ahorro. La principal fuente de inestabilidad es la naturaleza de la política fiscal en respuesta a la depresión interna y externa de la economía debido a la composición de sus exportaciones, dependencia de recursos externos, inestabilidad política, etc. La inestabilidad macroeconómica perturba la competitividad porque aumenta la incertidumbre y el riesgo, disminuye la inversión física y humana y restringe la fuente de créditos.
La falta de una apropiada infraestructura es un problema para el incremento de las actividades productivas y, por ende, del crecimiento de la economía. Carreteras y caminos en mala situación, falta de educación para la asimilación de nuevas tecnologías, telecomunicaciones, falta de una confiable energía eléctrica y puertos ineficientes encarecen los costos de transportación y, por consiguiente, disminuye la competitividad.
Unas instituciones públicas defectuosas son las principales causas de las dificultades de la competencia. Un sistema judicial deficiente aumenta el riesgo de que los contratos no sean respetados aumentando los costos de las transacciones; elimina los incentivos para asimilar nuevas tecnologías que requieren inversiones a largo plazo, v. gr., en infraestructura y otros sectores. Una inferior capacidad del sistema financiero limita la inversión al igual que un gobierno que fomente la corrupción desestimula la inversión extranjera y el traslado de tecnología. La ausencia de instituciones que ofrecen protección social cierra la oportunidad de inversión de alta productividad porque los inversionistas pueden estar imposibilitados a recuperar la inversión. Recapitulando, la ineficiencia de las instituciones públicas disminuye la competitividad y la productividad.
El deterioro de la coordinación entre el sector público y privado conlleva a la pérdida de oportunidades que requieren inversiones conjuntas, innovación tecnológica u organización. Estimulando la cooperación entre el sector público y privado mejora la competitividad, así como apoyando el proceso de diálogo entre ellos, incluyendo empresarios, trabajadores, académicos y población civil, para lograr un consenso de estrategias y plan de acción para acrecentar la competencia y la productividad tanto a nivel nacional y local como de sector. Esta cooperación ayudará a un proceso de reforma institucional para fundar nuevas empresas, mejorar la tecnología y aumentar la productividad. Asimismo, ayudará a la formación de clusters y reforzar las actividades productivas a través de la colaboración entre empresas de diferentes tamaños o entre sectores.
Para el esquema de estrategias y programas son importantes los siguientes: a) tomar en cuenta los factores que afectan y reprimen las actividades productivas; b) una macroeconomía estable; c) dar signos de estimular la innovación tecnológica e incrementar la productividad; d) promover la innovación tecnológica y asimilación por medio de incentivos que permitan beneficiarse a empresas, individuos y entidades; e) reforzar reformas en infraestructura para optimizar eficiencia y oferta de servicios; f) la importancia de la protección en el trabajo; g) la importancia de incorporar al sector privado en la producción de programas productivos y h) tomar en consideración los aspectos del ambiente en los esfuerzos de la competitividad.
El actual gobierno ha dado poca importancia a la competencia, aunque existen instituciones que se dedican a desarrollarla; no obstante, éstas se quedan cortas ante la gran envergadura que implica el desarrollo de la competitividad. Sería conveniente agrupar todos los esfuerzos e instituciones en una sola. Por ejemplo, El Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana empresa (Inpyme) se ha de unir a la Dirección de la Pequeña y Mediana empresa (Dpyme), ya que ambas realizan similares servicios tales como promover programas y proyectos de capacitación, asistencia técnica y de comercialización, búsqueda de nuevos mercados, acciones directas para estimular la tecnología, promueven el desarrollo de cluster, etc. Además, el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y otros.
Como aquí vemos, las tareas de competitividad del gobierno son muchas; se necesita una voluntad política permanente si se quiere que las empresas compitan con eficiencia tanto nacional, centroamericano, y más allá de la región.